La verdad ‘embolatada’ de los paramilitares en EE.UU.

Se empiezan a presentar obstáculos para obtener declaraciones de 'paras' extraditados.

Desde el pasado mes de septiembre, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, está en deuda con la justicia colombiana por cuenta de la investigación sobre masacre de San José de Apartadó, ocurrida en febrero de 2005. Por este crimen, en el que Murillo ya aceptó su participación ante un fiscal de Justicia y Paz, el ente investigador ordenó obtener una indagatoria suya. Sin embargo, hasta el día de hoy, la audiencia no se ha podido llevar a cabo. La razón: a la cárcel de máxima seguridad en la que se halla Murillo Bejarano no se pueden ingresar computadores o cualquier otro aparato electrónico.

Según una carta que el cónsul en Nueva York, Francisco Noguera Rocha, remitió a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, esa restricción “ha sido imposible practicar estas diligencias”. Y no es ese, sin embargo, el único motivo. Noguera, en su misiva, aseguró también que no ha sido fácil conseguir la asistencia de un abogado de oficio o gratuitamente, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso. Según el diplomático, los citados –en este caso, Don Berna– “no cuentan con recursos para contratar una defensa técnica”. Además, se lee en el documento, el consulado no cuenta con presupuesto para contratar traductores, cuya presencia es indispensable en este tipo de pruebas.

El contenido de esta carta consternó a varias organizaciones defensoras de las víctimas. Eduardo Carreño, litigante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló su preocupación: “De continuar así, la verdad que se había ganado se perderá. Los paramilitares extraditados son testigos de muchos procesos, esa información no se puede extraviar”. Carreño expresó que el enredo que podría surgir en los procesos penales, al ser extraditados los jefes ‘paras’, se había previsto desde un inicio y que por eso se había interpuesto una tutela que pretendía detener la extradición hasta que los juicios contra ellos hubieran culminado.

Uno de los temas del documento que más rechazo provocó de algunos defensores de víctimas consultados por El Espectador, es el de la defensa. Según Noguera Rocha, sindicados como Don Berna no cuentan con los recursos necesarios para costear un abogado que los defienda. Sin embargo, según información de la Fiscalía, hasta el año pasado, Diego Fernando Murillo Bejarano sólo había ofrecido entregar siete propiedades. En 2006, la Fiscalía incautó otros ocho, avaluados en $5.000 millones. Y hasta la fecha, no ha entregado dinero en efectivo, pese a ser considerado uno de los más grandes narcotraficantes de la estructura paramilitar.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, expresó su desconcierto sobre esta situación: “Cuando Mancuso habló desde la Corte en Washington, la logística era muy complicada y aun así se logró. El derecho de las víctimas de justicia y verdad tiene que garantizarse en toda circunstancia, no se puede limitar a una logística”. La Comisión Colombiana de Juristas, por su parte, manifestó su temor porque estos obstáculos continúen, pues, dice esta ONG, los acuerdos a los que llegaron el Gobierno colombiano y la justicia norteamericana luego de la extradición de los ‘paras’ no se conocieron públicamente.

Desde que el 13 de mayo de 2007 fueron extraditados Don Berna y 13 jefes paramilitares más, el dolor de cabeza de las víctimas y sus defensores es uno solo: la impunidad. Que obstáculos como éste se generalicen y entorpezcan los múltiples procesos penales en los que los ‘paras’ podrían ayudar a esclarecer muchos asuntos. Hace unas semanas, la Fiscalía anunció que algunos de sus funcionarios comenzaron los trámites para que, en poco tiempo, Don Berna pueda continuar con sus versiones libres. Sin embargo, las víctimas parecen contemplar la posibilidad de que la verdad que esperan escuchar de este hombre, nunca llegue.

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Diana Durán

Judicial

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