Siguen conociéndose detalles de las ‘chuzadas’ en el DAS

Detectives del organismo de inteligencia le confesaron a este diario cómo se gestó el rastreo a los magistrados.

Recién posesionada como directora del DAS, María del Pilar Hurtado fue citada a la Casa de Nariño en agosto de 2007 para tratar un asunto que venía preocupando al Gobierno: las estrechas relaciones entre un polémico empresario huilense, Ascencio Reyes, y algunos magistrados de altas cortes, el Fiscal y varios generales de la República. Se le dijo que Reyes era un hombre de abultadas cuentas bancarias y que era preciso esclarecer por qué se movía como pez en el agua en círculos judiciales reservados, al punto de promover homenajes a magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura.

En ese momento el Poder Judicial vivía un apremiante enfrentamiento con el Ejecutivo, a raíz de las investigaciones de la parapolítica, y el misterio alrededor de Reyes constituía, en opinión de altos funcionarios del Gobierno, una buena razón para investigarlo. Con esta directriz en la mano, Hurtado conformó grupos especializados para rastrear las andanzas de este controvertido hombre. La orden de las pesquisas quedó por escrito.

En el curso de las siguientes semanas, agentes del DAS elaboraron un completo perfil de Reyes y constataron que la mayoría de sus empresas estaba a nombre de sus hijos pero que él orientaba sus negocios desde su oficina en el centro de Bogotá. Algunos detectives que participaron en esta misión, en diálogo con El Espectador, dejaron en claro que cumplieron una orden de trabajo, pues se trataba de “un tema prioritario para el Gobierno nacional”.

Así, comprobaron que Reyes mantenía una fluida relación con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez. Con un antecedente clave: un año atrás, en junio de 2006, los detectives habían adoptado una temeraria decisión: infiltrarse en un homenaje que se le rindió en Neiva al magistrado Ramírez, a propósito de su nombramiento como presidente de la corporación. Sin que lo percataran Reyes ni los magistrados, entre comensales y personal de oficios varios, el DAS escuchó a los festejantes.

Pronto el tema se salió de madre. “Con el propósito de saber de Reyes, nos concentramos en el magistrado Yesid Ramírez. Pensábamos que nos iba a llevar a demostrar que la fortuna del empresario tenía procedencia ilícita y que esa era la razón por la cual Ascencio Reyes estaría tan interesado en aproximarse a la justicia”. La hipótesis era constatar si la Corte Suprema estaba infiltrada por algún sector de la mafia.

Yesid Ramírez se convirtió en un nuevo objetivo para el DAS. “Es cierto, lo seguimos y también chequeamos sus cuentas bancarias. Se elaboró un perfil del magistrado que contenía sus antecedentes en Neiva, sus aficiones, debilidades o fortalezas personales, pero sobre todo sus vínculos de amistad con Ascencio Reyes. Toda esta información quedó en conocimiento de la Dirección del DAS. No sabemos qué uso se le dio o si ésta se transmitió a la Casa de Nariño”, relató un agente.

Los reportes dieron cuenta que Ascencio Reyes tenía entrada expedita a las altas cortes, que era muy bien recibido por el fiscal Mario Iguarán, al punto de que una de sus hijas trabajó en el ente investigador, y que hasta el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, aparecía dentro de su círculo social más íntimo. Pero los agentes del DAS no lograron establecer delito alguno, únicamente especulaciones. Entonces vino una orden más concreta: desmenuzar las finanzas del empresario Ascencio Reyes.

Se valieron de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y revisaron los movimientos bancarios de Reyes. “No encontramos nada anormal, pero nos seguía llamando la atención que un hombre de origen humilde tuviera tanta plata. Esa preocupación la conocieron las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia”. Es decir, lo que en principio sólo manejaban grupos especializados conformados por la Dirección del DAS, derivó en información que se desdobló en otras instancias de decisión en el interior del organismo.


De ahí en adelante, más de un alto funcionario del DAS empezó a moverse. En el camino el tema fue más allá del magistrado Yesid Ramírez y después a otros magistrados de la Corte Suprema. Nunca se llegó a comprobar acción ilícita alguna entre los juristas, aunque les esculcaron sus cuentas personales y las de sus familias. Los magistrados se sabían investigados y seguidos. No sólo los titulares de la corporación sino incluso sus auxiliares investigadores de la parapolítica.

En mayo de 2008, tras su regreso de un viaje a Israel, el entonces presidente de la Corte, magistrado Francisco Ricaurte, se lo comentó al embajador de Colombia en España, Carlos Rodado Noriega. A su retorno a Bogotá se enteró de la preocupación del Gobierno. El ministro del Interior, Carlos Holguín, el magistrado Ricaurte y el Presidente se reunieron en Palacio para tratar el asunto y Uribe llamó a la directora del DAS para preguntarle sobre seguimientos a magistrados. La funcionaria negó esta clase de procedimientos.

Lo que siguió después tendrá que desentrañarlo la justicia. Aunque en desarrollo de las pesquisas contra Reyes apareció la compra de un predio de 3.972 hectáreas en 2001, en el Meta, donde apareció como uno de sus socios José María Ortiz, conocido como Chepe Ortíz, capturado por el DAS en 2006 y meses más tarde extraditado a Estados Unidos, esta información no comprometió a magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, el DAS no declinó en sus labores de seguimiento a los magistrados.

¿En qué momento se prendieron las alarmas de que las actividades fuera de borda del DAS se iban a devolver en su contra? Esa es la otra verdad que trata de esclarecer la Fiscalía. Lo cierto es que meses después la revista Semana aportó el dato que puso en evidencia la anarquía imperante: la destrucción de documentos sobre interceptaciones y seguimientos a magistrados de la Corte, políticos y periodistas.

¿A dónde iba la información hallada por el DAS? Por los antecedentes y respaldos de Fernando Tabárez y Jorge Lagos, ex directores de Inteligencia y Contrainteligencia, se puede presumir que en altos círculos gubernamentales o instancias clave de las Fuerzas Armadas se tenía conocimiento de lo que pasaba en la Corte Suprema. Mientras la justicia avanzaba en las investigaciones de la parapolítica, funcionarios de alto nivel del Estado conocían al detalle los procesos más allá de las providencias.

Aparentemente se destruyeron evidencias. Lo que no era viable suprimir era la información que más de un funcionario tuvo sobre cómo se gestaron los rastreos a los magistrados de la Corte. Así terminaron revelándose secretos a los medios y estalló el escándalo. La investigación de la Fiscalía pondrá a más de un alto funcionario del DAS a rendir explicaciones bajo la gravedad del juramento. Empezando, claro, por María del Pilar Hurtado y los ex directores Lagos y Tabárez.