Por la masacre de 12 funcionarios judiciales perpetrada en La Rochela (Santander) el 18 de enero de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano el 11 de mayo de 2007. Dos años después de esta sentencia internacional, con las mismas pruebas de las que dispuso la justicia colombiana desde hace al menos tres lustros, la Fiscalía acaba de revivir el proceso llamando a indagatoria a tres generales en retiro y señalando a dos jefes paramilitares hoy sometidos a la Ley de Justicia y Paz.
En otras palabras, la justicia no ha descubierto nada nuevo y sólo, a petición de la parte civil representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cumple con la orden de la CIDH de recomponer el expediente. Y la mejor forma de hacerlo es desempolvando viejas declaraciones del que comandó la masacre: Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, quien por estos días, desde una cárcel de máxima seguridad, busca beneficios jurídicos reviviendo casos como éste o el del magnicidio de Luis Carlos Galán.
¿Pero qué dijo el Negro Vladimir entre agosto y noviembre de 1995, que ayer no justificó medidas judiciales y hoy tiene plena validez? Lo mismo. Aseguró que el entonces general Farouk Yanine Díaz, en una charla con las autodefensas del Magdalena Medio, les dijo que debían pasar a la ofensiva y que contaran con el apoyo del Ejército. Según Vladimir, entre los más colaboradores estuvieron el propio Yanine, el general (r) Juan Salcedo Lora, el general (fallecido) Carlos Julio Gil Colorado y, no tan de lleno, el general (r) Alfonso Vacca Perilla.
En cuanto a los políticos, desde hace 14 años, Vladimir habló de la colaboración de Tiberio Villarreal Ramos, de quien aseguró que aunque no participó materialmente en la masacre, sí fue el primero que empezó a presionar para detener a la comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de Barrancabermeja y otros crímenes del paramilitarismo. De acuerdo con Vladimir, Villarreal había dicho que “a esa comisión había que desaparecerla”, ante lo cual se gestó una reunión cerca al río Ermitaño para planear la acción.
El mismo testigo expresó que no sólo en ese encuentro sino en una cita posterior en la finca La Palmera, a la que asistieron, entre otros, Henry Pérez e Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), la persona que más insistió en que había que matar a los miembros de la comisión judicial fue Tiberio Villarreal, sobre todo para “quitarles los expedientes a los jueces”. El Negro Vladimir puntualizó aquella vez que días más tarde, en reunión con Henry Pérez, lo habían regañado porque tres de los 15 funcionarios de la comisión habían sobrevivido a la masacre de 1989.
Lo paradójico es que, a pesar de que Vladimir fue condenado en 1990 a 30 años de prisión por este crimen, sus posteriores delaciones fueron desestimadas por la justicia. En efecto, el 5 de agosto de 1996, la Fiscalía ordenó investigar la conducta del ex congresista Tiberio Villarreal. Sin embargo, 16 meses después, el 30 de diciembre de 1997, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución inhibitoria en su favor. La razón: un tecnicismo jurídico que, en palabras castizas, sólo preveía la prescripción.
En términos generales, el proceso de La Rochela es un monumento a la impunidad. Ese fue el motivo por el cual Colombia terminó condenada en la Corte Interamericana. De hecho, el 16 de septiembre de 2005, por considerar que las pruebas eran insuficientes, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía se abstuvo de vincular a Iván Roberto Duque, al igual que lo hizo respecto a Ramón Isaza y a los ex militares Farouk Yanine Díaz, Jaime Fajardo Cifuentes, Manuel Jaime Guerrero y Alejandro Echandía, entre otros.
Pero nunca es tarde para remediar los errores. Y después de 20 años de bandazos judiciales, en respuesta a la CIDH, la Fiscalía regresó al caso La Rochela para pedir que los generales (r) Farouk Yanine, Juan Salcedo y Alfonso Vacca sean escuchados en indagatoria, de la misma forma como se expidió medida de aseguramiento contra Iván Roberto Duque (Ernesto Báez) y Ramón Isaza, por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.
El problema es que la justicia está como en 1989, o en 1995, o en 1997, es decir, con un solo testigo clave, el mismo Vladimir, quien a pesar de que había cumplido su condena en 2005, a raíz de la sentencia de la CIDH, fue recapturado a fines del año pasado y hoy es un declarante estelar en incontables procesos de la Fiscalía, como el caso Galán, los crímenes contra la Unión Patriótica o la misma masacre de La Rochela. Con un detalle adicional: la petición de indagatoria a Tiberio Villarreal existe desde octubre de 2007, luego han transcurrido dos años sin realizarse.
Aún así, los abogados que no dejaron morir el caso de La Rochela tienen hoy una opción que no pueden dejar pasar. Por eso, ya pidieron la ampliación del testimonio de Vladimir, van a solicitar que Iván Roberto Duque y Ramón Isaza sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz por no decir la verdad y, en últimas, buscan que esta nueva coyuntura de uno de los casos emblemáticos de Derechos Humanos en Colombia sirva para que la Fiscalía determine de una vez por todas que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden prescribir.