A pocas horas de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva la acción de tutela que interpuso la Fiscalía que busca dejar sin efecto la decisión del juez quinto penal de Bogotá, Luis Eduardo Beltrán Farías, quien dejó en libertad a través de un Habeas Corpus al empresario Juan Felipe Sierra, a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, y a Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, y seguir adelante con el proceso que estaba en curso, El Espectador reproduce los argumentos mediante los cuales el ente acusador interpuso la acción judicial que busca que los tres sindicados vuelvan a la cárcel. La razón: presuntos vínculos con la organización del señalado narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
Consciente de que la acción de tutela sólo procede en casos excepcionales contra sentencias judiciales, la Fiscalía recordó que fue errado el análisis hecho por el juez para conceder la libertad. Primero, porque aseguró en su fallo que para el momento en que se realizaron la captura y judicialización de los procesados se encontraba vigente el actual sistema penal y no el antiguo, cuando “lo que debió tener en cuenta era que los hechos que habían dado origen a la investigación, habían sucedido en el mes de abril de 2006 en el municipio de Turbo, Antioquia”, donde regía la legislación anterior y no en Medellín donde ya operaba el nuevo sistema, como lo argumentó el juez.
Beltrán Farías, para el ente acusador, además se extralimitó en sus funciones, porque aunque el Habeas Corpus es un recurso para buscar que una persona ilegalmente privada de la libertad salga de la cárcel, decretó la nulidad de todo el proceso que se había adelantado hasta el momento, situación que no era de su competencia, según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal ha señalado que al juez de Habeas Corpus no le es posible cuestionar la responsabilidad de los procesos, ni las pruebas en su contra y llegar a decretar la nulidad de la actuación como sí lo hizo Beltrán Farías.
El ente acusador recuerda que el juez tomó la decisión “ilegal y arbitraria”, conociendo que con anterioridad cuatro recursos con idénticos argumentos habían sido rechazados por otros jueces y que en ese momento cursaba una acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, para que se decretara la nulidad del proceso, solicitud que terminó siendo rechazada.
Para la Fiscalía también es claro que la organización criminal a la que presuntamente pertenecían los sindicados, se dedicaba a diferentes actividades como el narcotráfico, por lo que se configuraba el delito de concierto para delinquir que es de carácter permanente por lo que la Corte Suprema ha manifestado que la ley que debe aplicarse es la que estaba vigente en el momento en que se iniciaron los hechos, así haya hechos posteriores.
Como si fuera poco, el ente acusador recuerda que la ley prevé que el recurso de Habeas Corpus sólo se puede interponer por una vez y en el caso citado se hizo en cinco oportunidades, situación que no era desconocida por el propio juez Beltrán Farías. La Fiscalía además advirtió que la investigación comenzó en junio de 2006, luego que un agente de la Embajada de Alemania en Bogotá puso en conocimiento de las autoridades colombianas la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a la exportación de esas sustancias hacia ese país y otras naciones europeas.
Asimismo recalca que no había violación de las garantías constitucionales y legales de los procesados y mucho menos una privación ilegal de la libertad. Por eso el ente acusador solicita al Tribunal Superior de Bogotá que se declare que se violó la debida administración de justicia y el debido proceso por parte del juez quinto penal de Bogotá, con la decisión adoptada el pasado 16 de junio, y por tal motivo debe ser dejada sin efecto, con lo cual se procedería a la recaptura inmediata de los procesados. Para la Fiscalía esta investigación es fundamental, ya que su ex jefe seccional en Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, se encuentra en juicio por el mismo caso.