Ultimátum de la Fiscalía a ‘Báez’

El ex jefe paramilitar enfrenta cargos por 20 hechos criminales que no ha reconocido. Si no confiesa irá a la justicia ordinaria para ser juzgado como cualquier criminal.

En vano la justicia ha tratado de desenterrar sus verdades. Durante 28 meses Ernesto Báez ha sido interrogado una y otra vez por la Fiscalía por incontables crímenes perpetrados por las autodefensas y por la génesis de los grupos de justicia privada en el Magdalena Medio, hace casi tres décadas, con el auspicio de las mafias del narcotráfico. Él sigue jugando a no acordarse, en afirmar que su trabajo fue enteramente político y que lo que le consta de la barbarie paramilitar que desangró al país lo escuchó de oídas. Con la peregrina tesis de que nunca empuñó un arma, Báez elude sus confesiones y sigue callando sistemáticamente.

Su mala memoria, sin embargo, está a punto de hacerlo perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía ya le dio un ultimátum para que confiese todo cuanto sabe del siniestro triunvirato conformado por Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño Gil, que a mediados de los años 80, y con la fachada de las organizaciones Acdegam y el grupo político Morena, arrasó la Unión Patriótica, importó mercenarios israelíes e ingleses para sofisticar las prácticas terroristas en el país, y ejecutar magnicidios al granel, como el del inmolado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en agosto de 1989.

Lo paradójico es que, sumado a otros indicios, es el testimonio de Báez el que le dio un súbito impulso a la investigación del caso Galán, próxima a prescribir. Y es irónico, porque el personaje que más podría esclarecer las entrañas del paramilitarismo continúa rehusándose a detallar las atrocidades que patrocinó y más bien se ha dedicado a explayarse en cantinflescas elucubraciones que poco importan a la justicia. Esa es la calidad del testigo que hoy tiene en jaque al ex director del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez. En contraste, el ente acusador sí ha documentado quién es y cuál ha sido la importancia de Báez en el sangriento devenir de las autodefensas.

El próximo miércoles, el fiscal de Justicia y Paz, Iván Ariza, le endilgará siete nuevos hechos violentos que se suman a otros 13 por los que fue imputado en diciembre de 2008. Y si Báez continúa esquivando sus responsabilidades, Ariza está dispuesto, pase lo que pase, a llevarlo a la justicia ordinaria. Por ejemplo, los testimonios de los ex paramilitares Carlos Enrique Pérez Ramírez, alias Víctor; Samuel Gallego, alias Fernando, y Euridice Cortés Velasco, alias Diana, lo relacionan con un sinnúmero de crímenes que insiste en no reconocer, como el homicidio de la defensora de Derechos Humanos Alma Rosa Jaramillo, ocurrido en Simití el 29 de julio de 2001 por denunciar los nexos de varias administraciones del sur de Bolívar con las Auc.

 Otros hechos por los que la Fiscalía señala a Báez son los asesinatos del alcalde de Aguadas José Iván Rincón Henao en agosto de 2003 y del ex alcalde de Marmato, Caldas, Germán Enrique Escobar, o lo que se denominó la ‘Caravana de la Muerte’ de los ‘paras’ en la que entre el 23 y 26 de noviembre de 2001, en zona rural de Riosucio, fueron masacradas siete personas. El caso del crimen del periodista Emeterio Rivas, ocurrida en abril de 2003, merece capítulo aparte. La justicia ya estableció que la orden la dio Báez y que ese día cinco personas perdieron la vida. De igual manera, la Fiscalía le imputará cargos por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999, y la masacre de la Herradura en la que perecieron el gobernador indígena Gabriel Ángel Cartagena, Fabio Hernán Tapasco, Hugo Tapasco y Diego Hernán Suárez León.

Hechos en los que tuvo injerencia Iván Roberto Duque, como es su nombre de pila, y sobre los que quiere seguir pasando de agache, como el asesinato del ex tesorero municipal de Aguadas, Gabriel Ospina Gutiérrez, o la sangrienta incursión de las Auc a los resguardos indígenas de Cañamomo y Lomaprieta en Caldas, o los crímenes de Augusto Soto, ex funcionario de la Alcaldía de Aguadas, el detective del DAS Juan Carlos Tabárez, o el de los hermanos Fernando y Ramiro López Ramírez, con cuatro días de diferencia, y otro largo etcétera de violencia que desplegaron sus hombres del Cacique Pipintá.


Ernesto Báez, no obstante, ha dicho una y otra vez que nada tiene que ver con este bloque, que lo suyo siempre fue instruir comisarios políticos o, en otros tiempos, escribirle editoriales a Carlos Castaño Gil y hasta crear una escuela de estudios políticos en Simití. La justicia piensa lo contrario y tiene la certeza que nada ocurría al norte de Caldas sin que Báez hiciera un guiño, tal como ocurría dos décadas atrás cuando los nacientes grupos de autodefensa operaban en Puerto Boyacá a sus anchas. De cualquier manera, desde entonces Báez ha sido un experto malabarista para hacerle gambetas a la justicia.

Desde mucho antes de que entrara en vigencia la Ley de Justicia y Paz ya había sido reseñado por sus andanzas con el triunvirato de Escobar, Rodríguez Gacha y los Castaño, más tarde por sus intenciones políticas apalancadas con el proyecto de exterminio de la UP y su deseo de ser congresista, y después cuando pasó por la cárcel La Modelo de Bogotá acusado del homicidio de un concejal de Puerto Boyacá. Luego se reencauchó en el Urabá protegido por la casa Castaño, asesoró al bloque central Bolívar del sanguinario Macaco y repartió en Caldas y otras zonas del país el pastel electoral. En el entretanto capoteó sus nexos con el narcotráfico y salió indemne de la extradición de 14 jefes de las autodefensas en mayo del año pasado.

Pero sus silencios prolongados para aceptar su pasado delictivo tienen impaciente a la Fiscalía. Sus beneficios jurídicos tambalean al compás de su negativa por aceptar que ordenó asesinatos, masacres y secuestros. Todo depende de lo que ocurra el próximo miércoles, cuando la justicia complete la imputación de 20 hechos criminales. Mientras sus verdades se entierran en su conciencia, lo poco que ha dicho, por ejemplo en el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán, se ha convertido en el espectáculo mediático del momento: la vinculación del general (r) Maza Márquez a este episodio. Curiosamente un hombre que a su paso por el DAS combatió ferozmente a ese triunvirato criminal que Báez conoció como nadie.

El jefe paramilitar y su reunión con Tapasco

Uno de los hechos que demuestran la fuerte influencia de Ernesto Báez en Caldas es la reunión que sostuvo con el cacique político y ex diputado de ese departamento Francisco Ferney Tapasco, en febrero de 2006, cerca al municipio de La Merced tras el asesinato del representante a la Cámara Óscar González Grisales. Luego del homicidio debía asumir Dixon Ferney Tapasco, hijo de Francisco, la dirección del movimiento del fallecido líder, porque así lo habría ordenado el desaparecido jefe liberal Víctor Renán Barco. Báez le dijo a la Corte Suprema que había considerado ese hecho  una afrenta y no había tranzado. Además aseguró que Tapasco le pidió que le permitieran a su hijo hacer política en Pácora aunque al final supuestamente terminó cediendo ese municipio. Báez incluso manifestó que Tapasco le planteó usar su influencia para impedir que en municipios como La Dorada y Supía siguiera haciendo proselitismo Enrique Emilio Ángel, quien como su hijo aspiraba al Congreso.