Senado, en vilo por 33 mil votos

Consejo de Estado estableció que hubo fraude en elecciones parlamentarias de 2006.

Desde que el presidente del Consejo de Estado, Rafael O. de Lafont Pianeta, anunció la anulación del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección del Senado de la República para el período 2006-2010, parlamentarios, calculadora en mano, empezaron a hacer cuentas. El alto tribunal acreditó que en los comicios legislativos de 2006 se presentaron un total de 33.683 votos irregulares que, aunque no parecen muy significativos, podrían configurar un nuevo panorama electoral.

En criterio de la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo modalidades como suplantación de electores, marcadas diferencias entre los formularios de inscripción y registro E-11 y E-24, sufragios de personas cuyas cédulas se encontraban en custodia o extraviadas y hasta identificación de supuestos votos de personas que habían sido reportadas como fallecidas, constituyen la cascada de anomalías que permitieron colar, por lo menos, más de 33 mil votos a las listas que fueron presentadas al Senado de la República hace tres años.

La demanda fue interpuesta en 2006 por el abogado Ernesto Urbano Varón y a ésta se le acumularon 19 sucesivas demandas en igual sentido por presuntos fraudes electorales que, con la providencia emitida ayer por el Consejo de Estado, quedaron ratificados. En total, la corporación examinó alrededor de 500 cuadernos y 300 discos compactos que contenían diferentes documentos electorales y que ocuparon casi tres años de estudio de los magistrados de la Sección Quinta.

En este fallo el Consejo de Estado determinó que cuando no sea posible establecer cómo incidieron los 33.600 votos irregulares en los partidos políticos o algún senador en particular se aplicara una nueva tesis jurisprudencial denominada “método de distribución porcentual”, que significa que el descuento de los votos nulos se llevará a cabo de manera proporcional a la votación obtenida en dicha mesa por partidos y por candidatos.

Aunque el Gobierno emitió un parte de tranquilidad al Senado al advertir, a través de su ministro del Interior, Fabio Valencia, que la nulidad de los 33 mil votos no cambiaría la composición política de los partidos en el Congreso, otra cosa piensan en el Polo Democrático Alternativo, pues hacen cuentas de que ganarían una curul que perdería el denominado Partido de la U. Jaime Dussán, presidente de esta colectividad, dijo que el reconteo permitiría la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Senado en reemplazo de Manuel Enríquez Rosero.

En febrero de 2005, también la Sección Quinta del Consejo de Estado, puso a parir al Legislativo al anular 5.655 mesas de votación de las elecciones parlamentarias de marzo de 2002. En esencia, en esa oportunidad, luego de estudiar un expediente que sobrepasó 1’300.000 folios, se pidió un reconteo de votos en todo el país que terminó que quitarle la curul de congresista a la senadora liberal Piedad Córdoba. En esta ocasión, aunque la nulidad de la votación es muchísimo menor, se teme que pueda reconfigurarse un nuevo mapa en el Congreso.

Su presidente, el senador Hernán Andrade, le restó importancia a la decisión al referir que las 600 mesas anuladas contienen menos de 36 mil votos, “lo que representa menos del 0,3% de la votación total al Senado”. Por su parte, el vocero del Partido Liberal Héctor Helí Rojas lamentó que este tipo de decisiones judiciales se demoren tanto “y que salgan cuando ya casi está terminando el período” del Congreso. De cualquier manera, sólo hasta que se efectúe el reconteo de votos trascenderá el verdadero impacto de este fallo.

Anulan elección de Marta Lucía Ramírez

La ex ministra y actual senadora por el Partido de la U, Marta Lucía Ramírez, acaba de perder su escaño en el Congreso luego de que el Consejo de Estado determinara que seis meses antes de su elección como parlamentaria, en 2006, tuvo un contrato con el Estado.

El alto tribunal constató que en su condición de representante legal de la sociedad Ramírez & Orozco Internacional Strategy Consultants celebró un contrato de asesoría con la firma Bancoldex en octubre de 2005, es decir, seis meses antes de las elecciones al Senado de la República en marzo de 2006.

La senadora, que actualmente adelanta campaña a la Presidencia, al cierre de esta edición no se había pronunciado oficialmente sobre el fallo proferido por el Consejo de Estado.