Los males de la fiebre del oro

Fiscalía investiga amenazas a autoridades ambientales que han tratado de frenar la extracción aurífera.

La explotación ilegal y antitécnica de oro que vienen haciendo más de dos mil personas en el sector de Zaragoza, kilómetro 31 en la vía Buenaventura-Cali, a orillas del río Dagua, tiene en serios problemas de orden público la región, ha derivado en intimidaciones a las autoridades por parte de grupos de autodefensa y guerrilla que buscan apropiarse de las millonarias ganancias de la extracción aurífera y, aún más grave, han puesto en riesgo la estabilidad y el tránsito de vehículos sobre la doble calzada a Buenaventura, toda vez que la acción de las motobombas está afectando los taludes de la vía.

El asunto ya pasó de castaño a oscuro y tiene en alerta máxima a la Corporación Regional del Valle, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte, Ingeominas, la Procuraduría y la Fiscalía, entes que han documentado cómo la fiebre del oro provocó que se desplazaran a la zona centenares de adolescentes, madres cabeza de familia con sus niños, ancianos y otros campesinos de Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero esperanzados en el dinero fácil. A un costado del río Dagua se han improvisado cambuches, restaurantes, bailaderos y hasta prostíbulos. Un negocio redondo, se diría.

Un informe de Ingeominas reseñó que a través del contrato de concesión 21656, la exploración y explotación de materiales de construcción en la zona le corresponde a la Sociedad Alzate Gómez y Cía., que desde hace siete años viene operando en Saragoza. Dicha concesión sigue en trámite para que la Constructora Colpatria S. A. continúe estas labores con la vigilancia de las autoridades ambientales. Sin embargo, desde finales de abril estas empresas dieron aviso al Gobierno sobre el aluvión de personas que se instalaron en la zona con el fin de extraer oro de manera ilegal con 150 monitores y tres retroexcavadoras.

La situación ha llegado a escenarios preocupantes. Se ha reportado que en la región se movilizan carros lujosos con personal armado que está comprando oro y amenazando a diestra y siniestra. La timidez de la Alcaldía de Buenaventura para ponerle coto a este mercado ilegal se “debe a la complejidad de los actores armados que operan la zona: paramilitares y guerrilla”, reza el informe de Ingeominas, que además añadió que las actividades mineras se encuentran bajo la vigilancia de estos grupos violentos, “sin que ley alguna opere porque todos se sienten dueños y con poder sobre el área”.

No es lo más grave. Funcionarios de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC) les han notificado a voceros de la comunidad que suspendan la extracción ilegal de oro, no sólo por el problema social generado, sino por el desastre ambiental que podría originarse por la profundización y desviación del cauce del río Dagua, “además del impacto paisajístico y los riesgos en quienes practican la explotación, que no es tecnificada”, explicó Ricardo Murillo, ingeniero sanitario del CVC. La Fiscalía indaga también las amenazas de que han sido objeto las autoridades ambientales que han tratado de controlar la explotación.