Un documento fechado en 2006 y rotulado como “reservado”, en el que el entonces director de Inteligencia del DAS, Carlos Alberto Arzayús —hoy detenido por el escándalo de las ‘chuzadas’—, hace un detallado reporte de su gestión a sus superiores, revela que las operaciones de espionaje de la policía secreta colombiana hace rato trascendieron las fronteras y que el gobierno venezolano ha sido uno de los blancos primordiales de la inteligencia estratégica de los organismos de seguridad del Estado.
El informe de gestión de Arzayús, conocido por El Espectador, forma parte del dossier de evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación sobre el siniestro espionaje que inició el DAS, en la administración de Jorge Noguera Cotes y que, al parecer, continuaron sus sucesores en la entidad, en contra de opositores del Gobierno, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, en hechos que hoy, además, son objeto de investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
En el acápite del documento reservado, titulado “Objetivos institucionales”, se lee muy claro que el DAS adelantó acciones para fortalecer el trabajo de fuentes humanas, infiltrando personal de su confianza no sólo en su red básica de agentes e informantes en la Costa Atlántica, Antioquia y Bogotá, o en las universidades públicas de Atlántico, Magdalena y Antioquia, sino que también lo hizo en lo que Arzayús en su momento denominó “Ubicación de potencial con acceso al blanco internacional”, especificando que se trataba de Venezuela.
Por eso, dejó claro que entre el 23 y el 25 de julio de 2006, en el departamento limítrofe de Arauca, se impartieron instrucciones precisas para dar con la captura de los jefes guerrilleros Germán Briceño Suárez, alias Grannobles y Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, detectados por el DAS en territorio del vecino país. Para tal efecto, se lee en el documento, se sostuvieron entrevistas con militares venezolanos, quienes manifestaron su disposición para capturar a alguno “de estos terroristas de las Farc”.
Pero lo que más sorprende es que el ex director de Inteligencia del DAS reconoce que un ganadero de la región de Elorza (Venezuela) se mostró dispuesto a colaborar con el DAS y facilitar el ingreso de sus unidades a la localidad para que se hicieran pasar como trabajadores en una de sus fincas con el objetivo de hacer inteligencia contra las Farc. Además, Arzayús se declara pendiente de establecer si se efectuaron entrevistas con ex funcionarios venezolanos que también manifestaron su intención de colaborar con la captura del guerrillero alias Grannobles.
Sin embargo, no es la única alusión a Venezuela en el reporte de Arzayús. En el informe de 25 páginas, en el capítulo titulado “Relaciones interinstitucionales”, se deja consignado que en octubre de 2006 los delegados del DAS Marta Leal —también detenida por el caso de las ‘chuzadas’— y Ramiro Ordóñez se reunieron con el entonces comisionado de televisión, Jorge Alberto Figueroa, con el propósito de evaluar la posible violación de Venezuela a convenios internaciones sobre el manejo del espectro electromagnético. Por eso se planearon visitas a La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Boyacá.
Y no sólo Carlos Alberto Arzayús dejó evidencias de cómo el DAS se interesó por hacer inteligencia en el extranjero. También el ex jefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos, en su informe de rendición de cuentas en el período entre abril de 2007 y mayo de 2008, dejó consignados los detalles de ocho proyectos de inteligencia orientados a contrarrestar amenazas a la soberanía nacional y la seguridad interna y externa del país, con el objetivo de blindar, entre otras, las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores de octubre de 2007.
El proyecto Hash, por ejemplo, estaba dirigido a neutralizar células de apoyo y operativas de organizaciones terroristas del blanco externo en territorio nacional; el proyecto Capitollo, a identificar y detectar “la injerencia de gobiernos extranjeros en las elecciones de octubre de 2007” o el proyecto Arcoiris, dirigido “a obtener información privilegiada referente al blanco externo en un área de frontera a través del establecimiento de una fachada”. Pero el caso Baranoa fue el que más despliegue suscitó en el DAS: estaba dirigido “a detectar agentes extranjeros que intervinieron en asuntos de política nacional”.
Cadena de espionaje
La captura de dos supuestos agentes del DAS en Venezuela hace pocos días, de los que Chávez se refirió como agentes desestabilizadores que estaban realizando actividades conspirativas, es el último capítulo de la guerra fría de espionaje entre ambos gobiernos. Porque si en Venezuela acusan a Colombia de ejecutar labores de inteligencia en su territorio, los organismos de seguridad de la administración Uribe tienen un largo rosario de episodios insuficientemente aclarados que apuntan en esa misma dirección, es decir, que el gobierno de Chávez también habría infiltrado agentes encubiertos para vigilar cada paso de Colombia.
Por ejemplo, pese a que se han tejido demasiados rumores sobre la presencia de dos agentes de inteligencia militar en Colombia, nadie en Venezuela ha sabido dar razón de por qué un oficial y un suboficial colombianos fueron asesinados brutalmente en el estado del Zulia cuando, al parecer, realizaban una operación de inteligencia contra la guerrilla de las Farc; o por qué un hombre identificado como José Gregorio Guzmán, ex funcionario adscrito de la Embajada de Venezuela en Colombia, presuntamente, en calidad de agente secreto de inteligencia del vecino país, recopiló documentos ultrasecretos del conflicto colombiano y se reunió clandestinamente con agentes de la Armada Nacional.
Guzmán, conocido con el alias de Cheo, resultó ser un capitán de la Armada venezolana, que desde 2002 aparecía como agregado cultural de la embajada de ese país en Colombia, pero que en concepto de organismos colombianos, estaba tratando de ubicar en Colombia personal militar y político que habría promovido el fallido golpe contra Chávez en abril de 2002. En ese contexto, se documentó que ex agentes colombianos le habrían dado información reservada sobre las operaciones de Colombia en Venezuela para infiltrar agentes, o sus relaciones con el controvertido ex dirigente del M-19, Carlos Alonso Lucio, o el relacionista del cartel de Cali, Alberto Giraldo.
Pero no es todo. En el año 2005 estalló un escándalo que involucraba al coronel venezolano Carlos Hernández Astudillo, entonces agregado para asuntos internacionales del consulado de Venezuela en Bucaramanga. Según trascendió, Hernández habría diseñado un plan para penetrar la II División del Ejército y entregado irregularmente información reservada. Un año después, en 2006, organismos de seguridad colombianos alertaron que, con motivo de los Juegos Centroamericanos del Caribe, el gobierno de Venezuela habría incorporado agentes de inteligencia en su delegación deportiva.
En la larga lista de dimes y diretes de un gobierno u otro, también apareció un episodio que levantó ampolla en ambas naciones: la detención de Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc. El 14 de diciembre, Granda fue sacado de Caracas y conducido a Cúcuta por personas desconocidas. El Gobierno colombiano reportó su captura desde la capital nortesantandereana, pero el mismo Granda reconoció que se violó la soberanía del vecino país porque, supuestamente, fue secuestrado y traído hasta Colombia. El suceso causó enfrentamientos entre Bogotá y Caracas porque se estableció que Granda había participado en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos en Venezuela, al parecer, con conocimiento de las autoridades de ese país.
Siete meses antes de ese acontecimiento, las relaciones binacionales ya andaban por mal camino, luego de que Hugo Chávez denunciara un escuadrón de 100 presuntos paramilitares que habrían sido enviados a Caracas para desestabilizar su gobierno. Y en ese largo etcétera de guerra fría jamás admitida por ambos países, la semana pasada ocho colombianos aparecieron asesinados y con signos de tortura en zona fronteriza, en el estado de Táchira. Autoridades venezolanas atribuyeron el hecho a ajustes de cuentas entre grupos de autodefensa de Colombia y, como conjetura, señalaron que estaba la mano de la CIA detrás de este y otros muchos hechos. Y, claro, recordaron que el acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos acrecentaba la desconfianza sobre Colombia.
Así, mientras en Colombia se dice que Venezuela se ha convertido, queriéndolo o no, en un refugio de las Farc y de comandantes como Iván Márquez o Timochenko, o que el narcotráfico utiliza pistas clandestinas para movilizar droga del país; en Venezuela ripostan siempre con que la mano de Estados Unidos en territorio colombiano desestabiliza el vecindario suramericano, que existen planes de espionaje contra su país, que el DAS no respeta su soberanía y que Chávez está en constante peligro. Un escenario en el que predomina la incontinencia verbal de uno y otro lado, y la diplomacia parece enterrada en los sótanos de las cancillerías.
Para ver el facsímil del informe presentado por Arzayús, en donde se habla de acciones en Venezuela, haga clic AQUÍ