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Así va investigación de AIS en la Fiscalía

Tres fiscales avanzan en el expediente.

El Espectador
10 de noviembre de 2009 - 11:10 p. m.

La investigación por el escándalo que tiene entre los palos al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y a su antecesor Andrés Felipe Arias, por el cuestionado programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), avanza bajo la tutela de tres fiscales y tres investigadores del CTI que, en poco más de un mes, han recopilado miles de documentos que soportan todo lo relacionado con el AIS, algunos de sus polémicos beneficiarios y cuestionados convenios a través de los cuales se giraron millonarios recursos a familias acaudaladas de la Costa.

Lo primero que está evaluando el equipo élite de la Fiscalía son tres convenios que celebró el Ministerio de Agricultura, entre 2007 y 2009, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por un valor de $280 mil millones, con el objetivo de desarrollar las convocatorias para el financiamiento del sistema de riego y drenaje. Precisamente el cuestionado sistema por el cual familias del Magdalena, que aportaron a la primera reelección presidencial o al referendo que busca un tercer mandato de Álvaro Uribe, resultaron beneficiadas.

Lo que más llama la atención de la Fiscalía es por qué el Ministerio no abrió licitaciones para entregar los $280 mil millones y, en cambio, a través de tres convenios entregó directamente estos recursos al IICA, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos y, por tanto, con inmunidad. También despierta suspicacias el objetivo de estos millonarios convenios, pues AIS se promulgó con el objetivo de enfrentar el impacto del TLC con Estados Unidos y hoy, pese a que no está firmado dicho tratado, muchos recursos destinados para promover la competitividad en el campo terminaron en manos de poderosas familias.

El primer convenio que revisa con lupa la Fiscalía, por un valor de $40 mil millones, fue firmado en 2007 por el entonces ministro Arias y el representante legal del IICA, Jorge Caro Crapivinsky. El segundo tiene una particularidad: también fue suscrito por el Incoder, en cabeza de Rodolfo Campo, y fue por $140 mil millones. El último de los convenios se suscribió en enero de 2009 por $100 mil millones, de los cuales se habían ejecutado $36 mil millones cuando estalló el escándalo.

Uno de los problemas que ha tenido la Fiscalía para adelantar sus pesquisas es que todos los documentos sobre este controvertido episodio reposan en el IICA, entidad que goza de inmunidad. Aun cuando la consecución de información ha sido lenta, los investigadores empiezan a rastrear coincidencias en los listados de beneficiarios, pues no sólo se presentaron problemas en la distribución de apoyos económicos en programas de riego y drenaje, sino que en otros subprogramas del AIS aparecerían beneficiadas las mismas personas.

También se indaga si durante la vigencia del segundo convenio de 2008, el cual fue suscrito también por el Incoder, esta entidad entregó terrenos de manera irregular a familias acaudaladas del Magdalena que también recibieron subsidios del AIS. Todas las denuncias, incluso una que llegó en contra de un viceministro, están siendo rastreadas. Es que el monto de los dineros que el Gobierno giró al AIS en los últimos tres años asciende a $1,3 billones. Una millonada de la cual apenas se han documentado los primeros lunares.

Por eso la Fiscalía escarbará en todos los programas ejecutados por AIS y tiene en su poder más de 1.300 propuestas que fueron presentadas ante el Ministerio y el IICA para comparar si el proceso de selección fue equitativo. No obstante, tan sólo esa documentación alcanza más de 5.000 folios. Además, se analizan las responsabilidades de 40 funcionarios del IICA que estuvieron vigilando los procesos que hoy son objeto de controversia, y por lo menos una cifra similar de funcionarios del Ministerio, asesores y particulares que también serían llamados a interrogatorios con sus abogados.

Entre tanto, en los escenarios políticos la tormenta no amaina. Al cierre de esta edición continuaba el debate de moción de censura contra el ministro Andrés Fernández, quien lleva dos meses capoteando el vendaval.

Vea apartes del segundo convenio con el IICA por $140 mil millones, haciendo clic AQUÍ

Por El Espectador

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