Fiscalía investiga a siete uniformados detenidos por falsos positivos

Ex comandante del Gaula del Ejército en Córdoba fue asegurado por ejecuciones extrajudiciales.

El 11 de junio de 2007, en la finca Santa Elena, en Chinú (Córdoba), uniformados del Gaula del Ejército reportaron que tres delincuentes que venían extorsionando a un ganadero fueron abatidos en combate. Sin embargo, los vacíos en las explicaciones del supuesto enfrentamiento, los protocolos de necropsias, los tatuajes que evidenciaban la ejecución a quemarropa y múltiples testigos corroboraron que éste era un episodio más del largo etcétera de los mal llamados “falsos positivos” de la Fuerza Pública.

La Fiscalía lo resumió así: integrantes del Gaula de la Brigada XI de Montería, incluido el capitán Antonio Rozo Valbuena, intentaron burlar a la justicia para “darle una apariencia de combate a un fusilamiento de pobladores del municipio de Chinú con el innoble objetivo de engrosar una estadística operacional”. La versión oficial de entonces fue diametralmente distinta. Se informó que tres sujetos fueron sorprendidos por el Ejército intimidando a Álvaro Montes y que, al ser requeridos por los militares, “respondieron disparando armas de fuego, siendo dados de baja”.

El 12 de junio de 2007 se iniciaron las pesquisas de rigor, pero pronto el caso cayó en el ostracismo. Fue sólo en marzo de 2009, cuando el fiscal general, Mario Iguarán remitió el caso a la Unidad de Derechos Humanos, que la investigación pareció moverse. Se constató entonces que las víctimas, Mauricio Antonio Ramírez, Jáder Antonio Chávez y Luis Fernando Herrera, no tuvieron nunca antecedente alguno ni vinculación a actividades ilegales; que uno de ellos era mototaxista y evangélico, que aparecieron con ropas distintas a las que les vieron poco antes de que les segaran la vida y que, en síntesis, se simuló un enfrentamiento para justificar una ejecución extrajudicial.

El 18 de noviembre del año pasado la Fiscalía vinculó a 14 integrantes del Gaula de Córdoba por estos crímenes. Dos semanas después llamó a indagatoria al capitán Antonio Rozo Valbuena —procesado en otros expedientes por falsos positivos—. Homicidio en persona protegida y fraude procesal fueron los cargos. Testigos relataron que las víctimas se encontraban en un estadero en Sincelejo llamado El Goce, a donde llegó una camioneta blanca sin placas, con vidrios oscuros. Dos hombres se bajaron, —“uno bajito con corte estilo militar”—, los golpearon en el cuello y la espalda. A empellones los metieron al carro.

Una hora después, al filo de las 3 de la madrugada, se reportó su deceso en supuestos combates y sus cuerpos fueron hallados en el corregimiento Carboneros, en la finca Santa Elena, en Chinú. El lugar quedaba a 30 kilómetros de Sincelejo. Y las víctimas estaban bebidas. La Fiscalía cree que fueron llevados hasta allí en una camioneta que coincide con un vehículo utilizado por la Brigada XI y que posteriormente fueron asesinados. Informes forenses reforzaron esa tesis. Se demostró que se les cambió la ropa y se les pusieron camuflados para hacerlos parecer integrantes de un grupo paramilitar o guerrillero.

Aunque los militares indicaron que dispararon a unos 20 metros de distancia, las víctimas tenían heridas que evidenciaban que fueron tiroteadas a menos de un metro. Al parecer por la espalda. Y como si fuera poco, se determinó que los uniformados cometieron fraude procesal, pues buscaron desviar la investigación al atribuirles a las víctimas la condición de delincuentes extorsionistas. Con estas pruebas un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en contra de siete integrantes del Gaula de Córdoba, empezando por el capitán Antonio Rozo Valbuena.

Este oficial no es ajeno a las investigaciones por ejecuciones en persona protegida. Hace apenas mes y medio, un fiscal de Derechos Humanos le dictó otra medida de aseguramiento al evaluar su presunta responsabilidad en el crimen de dos personas, ocurrido el 12 de marzo de 2007 en la hacienda San Antonio, ubicada entre Cereté y San Pelayo (Córdoba). Bajo el radicado 7238, la Fiscalía continúa avanzando en el expediente y los familiares de las tres víctimas clamando justicia. Es apenas otro episodio de la escandalosa sucesión de los falsos positivos.