La mala hora del puerto de Buenaventura

En medio de abandono y pobreza, la ciudad enfrenta una nueva arremetida violenta.

Buenaventura sigue en crisis, pero lo ha estado tanto tiempo que a nadie parece importarle. Esta semana volvió a verse estremecida por un atentado terrorista que dejó diez víctimas mortales, pero además del incremento en medidas de seguridad y la presencia de altos funcionarios del Gobierno para expresar su solidaridad, las decisiones de fondo siguen aplazadas. Pronto llegará un nuevo gobierno y otra vez las gentes del puerto albergarán la esperanza de que por fin el Estado se acuerde de su pobreza.

Fundada el 14 de julio de 1540 por Juan de Ladrilleros como un homenaje al beato español San Buenaventura, la ciudad acumula ya una larga tradición de abandono y violencia. Pero como quedó escrito en un reciente informe de desarrollo humano promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una ciudad bipolar que a la vez es puerto y ciudad, con el agravante de que al país le importa más el muelle y la carga que los asentamientos humanos sitiados por el atraso y la exclusión.

Con más del 80% de población afrodescendiente repartida en 177 barrios de 12 comunas, además de los aberrantes indicadores sociales en materia de desnutrición, deserción escolar, insalubridad, prostitución y drogadicción, entre otros males, hoy Buenaventura soporta el azote de todos los factores de violencia. Y la causa no es otra que la disputa a muerte del corredor geográfico que lleva hasta sus costas y muelles para exportar cocaína y mantener el control de las regiones adyacentes.

Un destino que, a espaldas del Estado, comenzaron a forjar los narcotraficantes de Calí y el Norte del Valle desde los años 80 y que poco a poco terminaron por consolidar los grupos guerrilleros y paramilitares. Otrora fueron los hermanos Rayo, Víctor Patiño Fómeque o Wílber Varela, pero con el correr de los años llegaron el Eln y las Farc, y detrás de ellos los grupos de autodefensa, hasta convertir el puerto en un campo de guerra donde a pesar del patrullaje del Ejército y la Policía, abunda el asesinato en sus calles, esquinas y costas.

En otras palabras, como lo ha reconocido el propio Estado, se trata de una ciudad donde desafortunadamente se han desarrollado múltiples actividades ilegales: tráfico de armas, movilización de insumos para procesamiento de drogas ilícitas, contrabando, extracción ilegal de crudo del Poliducto del Pacífico, establecimiento de cultivos ilícitos, bandas criminales. Toda suerte de flagelos que golpean injustamente a una población donde cada día son más las víctimas y los desplazados.

El cuadro es desolador, pero como la inmediatez es el pan de cada día en esta y otras regiones olvidadas de Colombia, por ahora la pregunta que quieren resolver todos es, ¿quién colocó el vehículo Mazda 323, cargado con 40 kilos de explosivos que el pasado miércoles detonó frente a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en el puerto? Unos dicen que fueron las Farc, otros que lo hizo un frente paramilitar y no faltan quienes señalan a los narcotraficantes. Difícilmente se sabrá la verdad de lo ocurrido.

Por lo pronto, analistas del conflicto en el puerto que prefieren mantenerse en el anonimato sostienen que el repliegue del frente urbano Manuel Cepeda de las Farc, producto del acoso de la Fuerza Pública, ha venido facilitando el ingreso y posicionamiento de nuevos grupos armados provenientes del paramilitarismo. Muchos ex combatientes no entregaron sus armas en el proceso de paz entre el Gobierno y los grupos de autodefensa y se sabe que hoy medran en el puerto reorganizando delincuentes o desertores de la guerrilla.

No obstante, los organismos de inteligencia creen otra cosa. En su sentir, las Farc terminaron cooptando la mayoría de las bandas criminales, en especial la de ‘Los Rastrojos’ y hoy no hay un gramo de coca que se mueva en Buenaventura sin que la guerrilla lo sepa. Supuestamente, el atentado del pasado miércoles puede obedecer a una manifestación de fuerza de la guerrilla que desde hace varios meses ha tenido muchas dificultades para moverse a sus anchas en el área.

Sin embargo, la tesis más creíble es que el poder de los narcotraficantes sigue imperando en el puerto. Para nadie es un secreto que los hombres de Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, el amo y señor del tráfico de drogas en el suroccidente colombiano, se mueven por los puertos del Pacífico, y Buenaventura no es la excepción. Hoy, ‘Águilas Negras’, ‘Los Rastrojos’, guerrilleros y disimulados paramilitares se pelean cada recodo de una ciudad donde importa más la carga que la suerte de sus pobladores.

Por Buenaventura pasan cerca del 45% de las exportaciones e importaciones del país, y la prueba de ello es que diariamente entran y salen del puerto cerca de 2.000 vehículos entre tractomulas, camiones y otros automotores que mueven mercancía. Es la primera plataforma para la aplicación de tratados de libre comercio. Pero mientras la ciudad no supere el capítulo sombrío de su violencia cotidiana, difícilmente progresará en forma. Y esta realidad pasa por superar la ineficiencia de los organismos de justicia que esta vez tienen un nuevo reto: encontrar a los culpables.

Los informes de riesgo

En varias ocasiones la Defensoría del Pueblo ha realizado diversos informes de riesgo sobre la crítica situación en el puerto de Buenaventura, pero además de advertir el acoso a que someten los violentos a su gente, ha dado cuenta del desolador panorama de pobreza y miseria que hoy afronta. Por eso, ante la clara situación de vulnerabilidad de sus habitantes ha solicitado insistentemente que el Estado local, departamental y nacional, ponga sus ojos en esta ciudad y genere un proceso social que rescate a Buenaventura y le permita un nuevo panorama con oportunidades educativas, laborales y sociales. En otras palabras, la Defensoría del Pueblo ha advertido que la presencia del Estado va más allá de la militarización del puerto. Las verdaderas soluciones son económicas y sociales.

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