Teléfono roto en un millonario arbitraje

Representante de empresa que demandó a Colombia Móvil dice que uno de sus jueces no fue imparcial porque tenía contratos con la ETB

Aduciendo múltiples incumplimientos y omisiones, improvisación, desorganización interna en la prestación del servicio de telefonía celular y una desarticulación de las plataformas tecnológica, de servicios, facturación y soporte, la empresa PCS Bogotá, agente comercial de la compañía de teléfonos Colombia Móvil S.A. (antes conocida como Ola y hoy como Tigo), terminó unilateralmente el contrato en abril de 2005 y demandó a Colombia Móvil por $6.720 millones.

El motivo: según PCS, dicho monto perdió la compañía debido al colapso de la red, cierre de ventas y “descalabro de la marca” Ola debido a la presunta omisión de Colombia Móvil de entrar al mercado “con una infraestructura tecnológica que le permitiera soportar el servicio a los más de seis millones de personas que les manifestaron su deseo de ser sus usuarios”. Colombia Móvil ripostó y contrademandó a PCS por terminación del contrato sin justa causa y pidió una indemnización cercana a $4 mil millones.

Para dirimir el conflicto se convocó a un tribunal de arbitramento y tanto PCS como Colombia Móvil, de común acuerdo, designaron como árbitros a los abogados expertos en telecomunicaciones Tulio Ángel Arbeláez, Enrique Cala Botero y Hernando Herrera Mercado.

Este último fue nombrado como presidente del tribunal, el cual se instaló el 15 de diciembre de 2005. Luego de 28 audiencias el tribunal de arbitramento, en decisión unánime y acogiendo el concepto de la Procuraduría, el 24 de abril de 2007 declaró una especie de empate técnico al fallar que ambas compañías se incumplieron mutuamente y las condenó a pagar valores similares.

La sentencia se apeló ante el Tribunal de Bogotá y fue confirmada en su totalidad. Sin embargo, lejos estaba de dirimirse definitivamente el conflicto y, por el contrario, un nuevo capítulo en este enfrentamiento estaría por conocerse. Un contrato de $572 millones que suscribió en marzo de 2007 un mes antes del fallo del tribunal el árbitro Hernando Herrera Mercado con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (accionista de Colombia Móvil) para que la representara en un pleito judicial contra Movistar, avivó la polémica y, de paso, dejó un sabor de parcialidad en los directivos y abogados representantes de la firma PCS Bogotá.

De hecho, el principal accionista de PCS, Luis Alfredo Baena, le dijo el pasado jueves a El Espectador que nunca fue enterado por parte de Hernando Herrera Mercado de la suscripción de ese contrato y otros más con la ETB, y que el abogado jamás formalizó ante el tribunal esa novedad.

“No puede ser que un árbitro como el doctor Herrera, que obra en estos casos como juez de la República, profiera un laudo

arbitral imparcial cuando tres semanas antes recibió un millonario contrato de la ETB, que junto con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) crearon la empresa Colombia Móvil. Eso es inaudito, inaceptable y escandaloso”.

Versiones encontradas

El abogado Hernando Herrera les salió al paso a las críticas de Luis Alfredo Baena y, en diálogo con El Espectador, explicó en detalle su relación contractual con la ETB y manifestó con vehemencia que nada hubo de irregular en el trámite ni en el fallo que profirió, junto con los abogados Cala y Ángel, el tribunal de arbitramento. En principio, sostuvo que fue contactado a finales de 2005 por la abogada Clara María González, quien, según dijo, actuaba como representante de PCS.

Herrera aseguró que entonces le dijo a González que desde el año 2004 tenía contratos de asesoría con la ETB que estaban vigentes y que, además, había representado al gremio de los celulares (Asocel) en un pleito contra Colombia Móvil. Según Herrera, la abogada González le manifestó que lo postulaba para el tribunal de arbitramento porque sabía de su trayectoria profesional, su integridad y su conocimiento en el tema de las telecomunicaciones, ya que había sido director del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El abogado Herrera señaló que después recibió una llamada del apoderado de Colombia Móvil y que también a él le contó de sus contratos con la ETB y del pleito que llevaba en contra de dicha compañía.

 “En ambos casos los profesionales me agradecieron las manifestaciones hechas, por mi transparencia, y me insistieron en que lo importante era contar con un experto en el tema de telecomunicaciones y arbitraje”, indicó. También expuso que desde julio de 2004 es contratista de la ETB, que antes, durante y después del tribunal lo siguió siendo y que ambas partes tenían conocimiento de eso.

Por esa razón, dijo, no vio la necesidad de informarles a las partes que en marzo de 2007 había suscrito un nuevo contrato con la ETB (ver entrevista). No obstante, su versión dista mucho de la que le entregó a este diario el representante legal de PCS Luis Alfredo Baena.

Según él, la abogada Clara María González nunca obró como apoderada de la empresa y mucho menos, como aseveró

Herrera, le informó que éste tuviera contratos con la ETB. “A sabiendas de que tenía contratos con un socio de las partes interesadas nunca lo manifestó como lo establecen la ética profesional y los estatutos de la Cámara de Comercio de Bogotá”.

Baena añadió además: “El sentido común indica que un árbitro que es contratista del socio de mi contraparte no puede ser por ningún motivo ni siquiera considerado como árbitro para este tribunal porque está minada su imparcialidad. Tendría que ser yo muy ingenuo y muy torpe para aceptar dicha circunstancia.

 PCS no tenía conocimiento de los contratos de la ETB con Herrera y, de haberlo sabido, nunca lo hubiera aceptado como árbitro”. Y agregó que, por ejemplo, el árbitro Tulio Ángel, en diciembre de 2006, informó por escrito a las partes del posible impedimento que se derivaría de su designación como presidente de Asocel.

Las partes, señaló Baena, ponderaron la transparencia de Ángel y decidieron que siguiera como árbitro. “¿Por qué el señor Herrera no hizo lo mismo y dijo que sólo le manifestó verbalmente a Clara María González su relación contractual con la ETB, cuando los jueces se pronuncian, no a través de ‘razones’, sino de autos escritos y sentencias?”, se preguntó Baena.

 Y recordó que el reglamento del centro de arbitraje advierte que “ningún árbitro puede mantener ninguna relación contractual con ninguna de las partes” que genere “apariencia de parcialidad o prejuicio”.

El Espectador dialogó con la abogada Clara María González, quien dijo que fue “incidental en el proceso”, que sólo recomendó al abogado Herrera como árbitro, pero que nunca obró como apoderada de PCS. “No recuerdo bien las cosas. Si el doctor Herrera dice que me informó de lo de la ETB, le creo. Pero si el doctor Baena dice lo contrario, también. Ambos son serios. De pronto Herrera creyó que yo era abogada de PCS; quizá me informó de la ETB, pero en verdad no me acuerdo”.

En esencia, el abogado Herrera sostiene a pie juntillas que sí informó sus contratos con ETB y que ello no fue óbice para ser imparcial. Luis Alfredo Baena asegura lo contrario y anticipa que va a pedir la nulidad del fallo porque no cree en la imparcialidad de Herrera. Una pugna jurídica que apenas empieza y que promete ser más polémica.

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