Último capítulo del ‘DASgate’

<strong>El Espectador</strong> revela quién era y qué hacía en el organismo de inteligencia Jaime Fernando Ovalle Díaz. Era el encargado de monitorear no sólo los partidos políticos, sino también los paros laborales y la prensa.

Jaime Fernando Ovalle Díaz, el saliente coordinador de Asuntos de Inteligencia Política Social del DAS, que expidió dos memorandos con carácter reservado que develaron un espionaje del más alto nivel al senador Gustavo Petro Urrego y a los miembros del Polo Democrático Alternativo, no era ningún mando medio en el organismo de inteligencia, como se ha hecho parecer. Ni mucho menos un ‘loquito’ con poder que daba órdenes sin facturar registros de sus movimientos a sus superiores. Era un hombre de la absoluta confianza de María del Pilar Hurtado —la descabezada directora del DAS que se vio obligada a dimitir tras el escándalo, según ella “por dignidad”— y de las entrañas de la Dirección de Inteligencia de la entidad.

Ingresó al DAS a los 34 años, en 1992, en aquellos turbulentos tiempos en los que el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria, se escapó de la cárcel La Catedral y reemprendió una feroz oleada de narcoterrorismo que sólo cesó el 2 de diciembre de 1993, cuando cayó en el tejado de una casa en el barrio Américas de Medellín a manos del Bloque de Búsqueda. Durante 16 años, Ovalle Díaz fue escalando en el organismo y poco a poco su visión estratégica y las proyecciones de sus análisis le fueron granjeando la confianza de sus jefes inmediatos y de la propia sucesión de directores del DAS que llegarían. Tiene fama de disciplinado y una carrera como economista. Pero lo suyo era la inteligencia.

Se encargaba ni más ni menos que de elaborar proyecciones —espionajes, diría la oposición— de objetivos políticos que podrían ser considerados en la estructura del departamento de inteligencia como “factores de riesgo”, que no es otra cosa que ‘amenazas’ a la gobernabilidad del presidente de turno. El episodio que derivó en las escandalosas revelaciones sobre seguimientos y averiguaciones a espaldas de dirigentes del Polo Democrático, lo que evidencia sin ambage alguno es que oficialmente el DAS graduó a Gustavo Petro como la encarnación de ese factor de riesgo que a toda costa pretende evitar. ¿Quién dio la orden de ubicar información privilegiada de Petro y el Polo? Todos parecen echarse el agua sucia.

Fuentes del círculo de Ovalle en el DAS afirman a voz en cuello que la orden vino del alto gobierno. El presidente Uribe, sin embargo, sostiene que se trata de una trampa para hacerle daño mientras la saliente directora Hurtado tan sólo se limita a expresar su pesadumbre por estos hechos y a justificar que la labor de siete mil de sus funcionarios no puede verse opacada por un acto que, dice, fue ordenado a título personal por Ovalle. Más allá de especulaciones, lo cierto es que este proceder delató los pasos clandestinos de la inteligencia del DAS.

En uno de los memorandos fechados el 16 de septiembre, Ovalle les solicitó a los directores seccionales, teniendo en cuenta que el Polo viene presentando una serie de divisiones internas, y con motivo del segundo Congreso Nacional de ese partido que se realizará hoy, información sobre las presuntas alianzas del partido con organizaciones al margen de la ley. En ese contexto, pidió la identificación plena de los delegados al segundo congreso del Polo y “los intereses de organizaciones terroristas en el evento”, así como proyecciones estratégicas “para desestabilizar al Gobierno”. ¿Existirán también en el DAS solicitudes de informaciones sobre los partidos de la coalición uribista? Es la pregunta que ronda en el escenario político nacional.

Ovalle Díaz, quien viene de coordinar la inteligencia del DAS en Córdoba, se reunía dos veces a la semana con su grupo de análisis y funcionarios de inteligencia de la más alta calificación para evaluar no sólo las informaciones derivadas de sus apreciaciones, sino también el panorama político colombiano. En concreto observaban el desarrollo de los paros de trabajadores, los comportamientos de los partidos y las campañas electorales venideras. En esencia lo que hacían Ovalle y el grupo de asuntos de inteligencia política y social era trazar un mapa de riesgo de los aconteceres que se constituían en un palo en la rueda para el Ejecutivo.

“Lo del senador Gustavo Petro se ha hecho siempre en el DAS. Eso no es nuevo”, confesó un investigador del DAS que exigió el anonimato, y a renglón seguido acotó: “Nunca supusimos ni lo hacemos ahora que este tipo de misiones de trabajo pueda constituir un delito. Simplemente lo asumimos como un elemento propio de un organismo de inteligencia”. Y añadió que sobre Petro existe una carpeta detallada con un sinnúmero de datos del círculo íntimo del parlamentario y otras


informaciones que no deberían poseer organismos sin que medie una orden judicial. Informaciones que eran remitidas al correo electrónico [email protected], un email que hoy concentra las pesquisas de las autoridades que investigan estos gravísimos sucesos.

Hoy con 50 años a cuestas, el otrora hombre de confianza de la cúpula de la Dirección de Inteligencia del DAS padece su hora más difícil. Y los dardos vienen no sólo de los propios investigados, sino también del Jefe de Estado, a quien semanalmente alimentaba con sus informes y proyecciones sobre los vaivenes de la política. Está solo y bañado de pies a cabeza por el agua sucia de la que todos intentan sacudirse. Como experto analista Ovalle Díaz —encargado también de monitorear los medios de comunicación— sabe que de ahora en adelante, en razón de los secretos de su oficio, será un objetivo más de los propios grupos de inteligencia que él ayudó a formar.

El DAS aún no escapa del fantasma de la parapolítica y parece seguir de tumbo en tumbo. El Espectador conoció que el senador Gustavo Petro recibió un oficio del DAS en el que, palabras más palabras menos, se le pedía que informara cómo obtuvo los documentos reservados que desataron el escándalo y de los que se desprendía más un afán por determinar el origen de la filtración y no el mea culpa de los irregulares seguimientos. Parece una más de la sucesión de yerros en la policía secreta de Colombia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Javier Ricaurte, le dijo a El Espectador que exige de una buena vez que el país sepa en qué vueltas anda el DAS: “Exijo que se hagan públicos todos sus archivos”.

La Corte ha venido denunciando que sus miembros han sido objeto de seguimientos y averiguaciones por parte del DAS, hechos que han sido negados enfáticamente por el alto Gobierno, pero que ante estas nuevas pruebas parecen darle la razón al máximo organismo de justicia ordinaria. ¿Existe una indebida injerencia de asesores del Presidente en el DAS? El viernes pasado José Obdulio Gaviria se apresuró a desmentir los rumores que lo señalaban de orquestar este complot y otros cuantos. Sin embargo, las especulaciones suben como espuma y los antecedentes de actuaciones sospechosas se ciernen sobre la entidad.

Los escándalos son bien conocidos. El ex director Jorge Noguera está procesado por presuntos favorecimientos a las autodefensas y por facilitarles listas negras de sindicalistas que posteriormente fueron asesinados. Su ex secretario general y ex director de Inteligencia, Gian Carlo Auque, afronta señalamientos similares, sumados a denuncias por irregularidades por contrataciones millonarias. El condenado director de informática Rafael García fue sentenciado por alterar antecedentes judiciales de peligrosos narcoparamilitares. Los ex directores seccionales Gloria Bornacelli y Emilio Vence Zabaleta están bajo la lupa de la justicia, sindicados de montar falsos atentados y otros presuntos delitos. Aún no es clara la actuación del DAS en el controvertido episodio de la visita de Job a la Casa de Nariño, y para colmo la constatación del caso Ovalle cobró la cabeza de María del Pilar Hurtado. La casa sigue en desorden. ¿Hasta cuándo?

Los memorandos del escándalo

El primer memorando que dio directrices para investigar a Gustavo Petro está fechado el 29 de agosto de 2008 y en él se solicita información privilegiada de presuntos vínculos del senador con organizaciones al margen de la ley y contactos con personas que “se presten como testigos para atestiguar contra el Gobierno”. El segundo memorando es del 16 de septiembre y se solicita información sobre dos aspectos puntuales del Polo Democrático: el primero tiene que ver con la división interna que existe en el partido y en el que se pide se averigüe por el apoyo internacional a la diferentes corrientes del Polo y las supuestas actividades clandestinas que adelanten integrantes de esa organización política. El segundo punto se relaciona con averiguaciones sobre las proyecciones estratégicas y alianzas con sindicatos y ONG, así como la identificación plena de los delegados del movimiento al segundo Congreso Nacional del Polo.

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Redacción Judicial

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