Por solicitud del presidente Uribe, la coalición de gobierno hundió el jueves en el Congreso la ley de víctimas de la violencia. La desprotección de los afectados por el conflicto preocupa al relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales.
Luego de que el presidente Álvaro Uribe le pidiera a su bancada en el Congreso no permitir la aprobación de la ley de víctimas, tal y como salió de la conciliación el miércoles en la noche, el uribismo impuso sus mayorías en la plenaria del Senado, donde 48 legisladores votaron por su hundimiento contra 24 que respaldaban la iniciativa.
Según el Primer Mandatario, la versión de la ley que apoyaba el Gobierno le costaba a la Nación cerca de $22 billones en los próximos años, mientras que “la que no podemos aprobar costaría $80 billones y, además, les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado que a las víctimas de grupos terroristas. El Gobierno ha pedido que en el caso de los funcionarios del Estado siempre haya sentencia ejecutoriada de por medio”.
Tras una reunión entre el Presidente y varios legisladores del uribismo, la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que advirtió que, de aprobarse la ley tal y como estaba planteada, se “crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento… El texto conciliado se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado”.
En diálogo con El Espectador, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, anunció que el Gobierno presentará, por propia iniciativa, un nuevo proyecto de ley de víctimas en la próxima legislatura. “La idea es que sea una iniciativa que busque el equilibrio, dentro un marco de viabilidad y responsabilidad fiscal”, explicó. El funcionario enfatizó que en esa nueva iniciativa se insistirá en que las víctimas de agentes del Estado podrán ser reparadas siempre y cuando haya una sentencia judicial y se demuestre que el agente del Estado fue culpable.
Ceballos indicó que de haberse aceptado el proyecto que salió de la conciliación, hubiese sido imposible de cumplir. “El presupuesto inicial de $80 mil millones era sólo para iniciar la reparación. Pero estos procesos duran hasta 20 o 30 años y el espacio fiscal para ello no hubiera sido posible”.
En respuesta, el vocero de víctimas del Estado, Iván Cepeda, indicó que los argumentos del Gobierno son inmorales: “Lo que hay es una falta de voluntad para trabajar por el derecho de las víctimas. No se puede pasar por encima de ellos. El Gobierno tendrá que asumir el costo político en el orden internacional por la negación de este proyecto de ley”.
Cepeda anunció que las víctimas, apoyadas en varias organizaciones no gubernamentales, presentarán también una nueva iniciativa el próximo 20 de julio. E incluso, señaló que se podría pensar en la posibilidad de un referendo. “Que el Gobierno les diga a las víctimas cuál es su proyecto de arropar con impunidad y silencio a los victimarios”, concluyó.