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hace 3 horas

El oscuro drama de Amagá

Mientras continúa el sufrimiento de las 70 familias de las víctimas de la explosión de la mina San Fernando, en la zona rural siguen operando minas ilegales donde trabajan menores de edad.

El fogonazo salió de la bocamina como un disparo y cubrió de fuego el cielo cerrado que, rayando la media noche del miércoles 16 de junio, envolvía al cañón del Sinifaná. El estruendo llenó de dudas a unos y de certezas otros. Algunos se preguntaron si lo que acababan de escuchar era la dinamita que por años ha fracturado las entrañas de la cordillera. Otros, los que vieron el resplandor, supieron de inmediato que se estaba escribiendo otro capítulo en la larga, trágica y agridulce historia entre Amagá y el carbón.

"Yo salía del turno, estaba a metros de la bocamina. Sentí la explosión y la llamarada por encima, estuve en el suelo y no vi más nada”, contó horas después Walter Restrepo, uno de los sobrevivientes de lo que al parecer es el accidente minero más grave desde 1977, cuando un incidente similar, ocurrido en la misma zona del departamento de Antioquia, acabó con la vida de 86 trabajadores. Al cierre de esta edición, se anunció que la operación de rescate puede tomar hasta dos semanas y se desvanecían las esperanzas de encontrar a las cerca de 55 personas que, se presume, estaban en la mina San Fernando a la hora de la explosión causada por una acumulación de gas metano. En total, el número de víctimas mortales ascendería a alrededor de 70 personas. Sólo una veintena de cuerpos habían sido recuperados.

A escasos 36 kilómetros de Medellín, Amagá es un municipio donde cerca de 5.000 personas derivan su sustento, principalmente, de la minería. A principios del siglo XX, desde la construcción del Ferrocarril de Antioquia, que alimentaba sus calderas con el carbón de estas laderas, el municipio del suroeste antioqueño ha usufructuado tanto el mineral como lo ha padecido.

Esta relación ambivalente se evidencia en las palabras de Darío Serna, presidente de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi). “El carbón representa una fuente de empleo única en la región, ya que nuestra economía está basada en la minería. Es nuestra forma de sacar el sustento diario”. Según este hombre, el oficio de tumbar carbón es también “el más riesgoso que existe en el mundo”.

En los años 80, los habitantes del municipio acudieron al entonces presidente y paisano Belisario Betancur para que, al tiempo que crecía la explotación de vetas carboníferas, se materializaran el desarrollo social y educativo de la comunidad, pero no fueron oídos: la riqueza se concentró en pocas manos y la pobreza y la imprevisión siguen crecientes. En los últimos cinco años, los medios de comunicación han registrado seis accidentes en minas del Sinifaná, que han cobrado las vidas de veinte mineros.

Aunque todo parece indicar que un error humano o una intempestiva fuga de gases estarían detrás del desastre de la mina San Fernando, el ministro de minas, Hernán Martínez, lanzó un comentario que levantó sospechas: el pasado 9 de junio un funcionario del gobierno “determinó que, aunque existían las condiciones adecuadas, no había detectores de gases, una práctica no deseada en las minas”.

Se promete ahora una comisión especial para investigar una tragedia que tal vez pudo haberse evitado. En 15 días, dijo el ministro, ésta entregará sus conclusiones. Las de muchos de los habitantes de Amagá están listas. Ellos saben, de tiempo atrás, que la extracción del carbón es un negocio que ha estado marcado por la informalidad, el trabajo infantil y la muerte.

Un oficio de cuna

Sentado en una silla de plástico con sus botas de caucho, la sudadera tiznada y sin camisa, Héctor evoca los fines de semana en los que va con sus amigos hasta la piscina de una finca en un poblado cercano, porque en su caserío no hay. “Qué van a hacer una piscina aquí si la tierra se vive hundiendo”. La escena, narrada por el periodista universitario Yhobán Hernández, en el periódico De la Urbe de la Universidad de Antioquia, la protagoniza uno de los muchos menores de edad que en Amagá han aprendido a manejar con mayor habilidad el pico que la calculadora.

Bajo los pies de los amagaseños, a cientos de metros, en las profundidades de la tierra, los mineros trabajan día y noche, arrancándole la piel negra al subsuelo y dejando a su paso una serie de túneles y laberintos que algunos describen como un queso gruyer que amenaza a una parte de la cabecera municipal.

“Desde hace un año, el barrio La Esmeralda se ha venido hundiendo, y ahora la gente tiene que desalojar las casas que han construido con tantas dificultades. La comunidad en general dice que es por culpa de las minas”, afirma el presidente de la Asociación de Mineros, Darío Serna. Cerca de 70 familias se han visto afectadas por esta situación.

En cuanto al trabajo infantil, Serna asegura que los pequeños extractores de carbón han cumplido con la promesa de dejar a los niños por fuera de los socavones. Sin embargo, el trabajo de grado “Los niños del carbón”, elaborado recientemente por Hernández, resalta: “Según María Eugenia Agudelo, funcionaria de la Oficina de la Protección Social de Amagá, ‘el trabajo de los menores en las minas es un dolor de cabeza que nunca termina. Los niños prácticamente nacen y se crían en las minas’”.

Hernández aclara que es difícil establecer si esta práctica ilegal, que se ha prolongado por décadas, continúa. A finales de los años ochenta, otra investigación de la Universidad de Antioquia documentó las terribles condiciones que rodean a los menores mineros: “el niño está sometido a temperaturas de frío o de calor exagerados, al polvo, a la humedad, al humo, a malas condiciones higiénicas, y termina por contraer enfermedades que, cuando adulto, lo incapacitan para trabajar normalmente y le pueden traer una muerte prematura”.


Y para 1994, gracias a un reportaje que tenía al cañón del Sinifaná como escenario, Gran Bretaña —donde padecieron el problema por décadas— amenazó a Colombia con bloquearla comercialmente por permitir el uso de la mano de obra infantil en las minas de carbón. La advertencia no valió. La Universidad Nacional y el Dane encontraron a principios de década que hasta cinco mil niños, desde los 5 años, trabajaban en esta actividad en todo el país.

En Antioquia, según un informe de la Gobernación del departamento del año 2006, “se logró establecer que en los últimos 10 años se ha producido un aumento de los niños y niñas que trabajan en el sector minero, pues (…) se pasó de 96 menores de edad en 1996 a 228 en el año 2006”.

Uno de ellos, Héctor. Llegó al oficio por la herencia de su familia y por una motivación muy simple: el dinero. “En las semanas buenas me gano hasta 200 mil pesos”, le contó al investigador Hernández. Luego remata: “Diario trabajamos hasta las tres y media o cuatro de la tarde. El único día que a veces se pierde es el lunes, que no vienen los barreteros porque están enguayabados o borrachos todavía, igual que nosotros”.

Los ‘ilegales’

Otro de los problemas que quedó una vez más en evidencia con la tragedia de San Fernando es la informalidad. El Gobierno les dice “ilegales”, pero en realidad son los más comunes, por lo que prefieren que se los llame “mineros tradicionales”. Es tan común la explotación por fuera de los marcos legales, que El Espectador conoció que la mina Santa Ana, a pesar de haber sido clausurada, sigue siendo explotada en las horas de la noche.

Este tipo de irregularidades habían sido denunciadas a las autoridades locales y al propio presidente Álvaro Uribe durante el consejo comunal 184, el 8 de diciembre de 2007, en Heliconia, Antioquia. Entonces se prometieron estudios, prevención y soluciones que nunca llegaron. La prioridad de los empresarios y las autoridades mineras fue que siguiera incrementándose la producción de carbón para capitalizar los buenos precios del mercado nacional e internacional.

La Gobernación de Antioquia ha detectado 180 explotaciones mineras que no cumplen con los requisitos legales. Tan sólo unas cuantas minas, entre ellas la de San Fernando, están al día con la reglamentación. Sin embargo, según las denuncias de la Asomicsi, esta anomalía está lejos de ser responsabilidad exclusiva de los pequeños mineros.

Esta asociación reúne a los trabajadores de 83 “gurreras”, que es como aquí llaman a las pequeñas minas. La vida como minero de Darío Serna, su presidente, reúne varios de los elementos comunes en las historias de estos hombres-topo. Así, en el más arraigado de los antioqueños, él describe su matrimonio con el carbón: “30 años trabajando la minería, con una columna llevada del berraco y no tengo pensión ni tengo nada”.

Desde hace años el Estado ha adelantado un plan de regularización que, según la asociación, ha terminado entregándoles tierra, minas y concesiones a multimillonarios ajenos a la región. Con esto, se queja Serna, “el iletrado sigue siendo el ilegal de este país”. Las grandes empresas se abstienen de comprarles a ellos, pero lo hacen a los intermediarios, que se quedan con la mayor parte del botín. “¿Quién es más ilegal, el pequeño minero o el gran empresario que les compra a los intermediarios ilegales que nos compran a nosotros?”, se pregunta Serna. “Nos la están cobrando con sangre. A costa de la falta de seguridad social, no hay plata para pagar la universidad de nuestros hijos, ni calidad de vida. Somos los que estamos enriqueciéndolos a ellos, entonces que nos ayuden”.

Toda la problemática que gira alrededor del carbón de Amagá parece un círculo vicioso que termina en casos tan complejos como el de la explotación laboral infantil, o, también, en episodios tan trágicos como el de la mina San Fernando.

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Juan David Montoya / Amagá, Antioquia

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El oscuro drama de Amagá

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