Los jueces impedidos de DRFE

Las pirámides dejaron más de 300 mil afectados en el sur del país, pero en Nariño no hay juez que asuma estos casos.

La demanda que instauró el 27 de noviembre de 2008 ante un juzgado de Pasto María Eugenia Medida Delgado —una más de las miles de víctimas de las mal llamadas “pirámides” en Colombia— contra la Nación, los ministerios de Hacienda y Comercio, el Departamento de Nariño, la Alcaldía de Pasto y la Supersociedades y Superfinanciera porque no impidieron que avivatos se apoderaran de los disneros de los ahorradores en el sur del país, dejó al descubierto que de la tragedia del derrumbe de las captadoras también fueron protagonistas los jueces de Nariño y sus familias.

Así quedó en evidencia luego de que la demanda de la señora Medina Delgado, quien invirtió su dinero en la captadora DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo), fuera radicada ante el Juzgado Primero Administrativo de Pasto. Ese despacho manifestó su impedimento. El expediente pasó al Juzgado Segundo y después al Tercero, y al Cuarto, y al Quinto, y al Sexto, y al Séptimo, y finalmente al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto. La razón esbozada en los despachos era la misma: todos tenían interés directo en el resultado del proceso, bien porque invirtieron o porque algún miembro de su familia lo hizo y terminó estafado.

El Tribunal Administrativo de Nariño, alarmado por el inusual curso que tomó una demanda en contra del Estado, decidió remitir el expediente a otro despacho de Pasto. El titular de ese juzgado había renunciado y a esa oficina había llegado un nuevo juez. Los magistrados de Nariño tenían esperanzas en que el recién llegado funcionario no tuviera interés en el caso de las pirámides, pero se equivocaron, pues también manifestó su impedimento. No hubo de otra, el expediente fue enviado al Juzgado Único Administrativo de Mocoa (Putumayo). Pero ni eso fue suficiente.

El 7 de septiembre de 2009, ese juzgado declaró “su impedimento para conocer del proceso alegando que le asistía un interés directo en su resultado”. Con ese argumento trasladó el proceso a un juzgado de descongestión en ese mismo municipio, despacho que se creó exclusivamente “para tramitar y fallar los asuntos originados por el fenómeno de la captación ilegal de dinero”. Casi un año después de que la afectada por la sociedad DRFE instaurara la demanda, ésta por fin parecía seguir su camino normal. Pero, apenas un mes después, al considerar que la demanda debía resolverse en Pasto, el proceso fue remitido a otro juzgado de descongestión en la capital nariñense.

Finalmente, el 26 de octubre del año pasado se aceptó el caso y se ordenó notificar a las entidades demandadas, al interventor de la captadora DRFE y a la Procuraduría. Los abogados de los ministerios y de las superintendencias apelaron la admisión de la demanda por parte del juzgado y alegaron que no se cumplió con el requisito de citar a una conciliación extrajudicial con la afectada. Acogiendo estos argumentos, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto revocó su decisión, pero el abogado de María Eugenia Medina seguía insistiendo en la responsabilidad del Estado por el fraude masivo de las “pirámides” y pidió que nuevamente su demanda fuera tramitada.

En junio de 2010, este recurso llegó a conocimiento del Tribunal Administrativo de Nariño. Y la historia se repitió. Todos los magistrados se declararon impedidos, arguyendo que tenían interés en el resultado del proceso. El Consejo de Estado acaba de resolver su impedimento y aceptó separarlos de dicho expediente, “pues la acción se relaciona con la captación ilegal de dineros, circunstancia que puede afectar la imparcialidad de los miembros de la corporación”. ¿Quién resolverá el expediente de María Eugenia Medina Delgado? ¿Algún juez del sur del país podrá tramitarlo? ¿Hasta dónde llegarán los impedidos en la Rama Judicial para investigar este asunto? ¿Seguirá de tumbo en tumbo?