Alonso Salazar y Óscar Naranjo buscan salidas a violencia en Medellín

Tanto el general Naranjo como el alcalde Salazar coinciden en la necesidad de que el porte de armas sea severamente castigado.  

La difícil situación de seguridad de Medellín de nuevo copa la atención del Gobierno Nacional, pues aunque la capital antioqueña ha sido escenario de una cruda batalla entre bandas por el control territorial —la mayoría de ellas al servicio del narcotráfico—, es una realidad que se vive en otras ciudades del país como Cali, Bogotá y algunas de la Costa Atlántica.

Varios de los cabecillas de las estructuras delincuenciales de Medellín, al servicio de alias Sebastián y alias Valenciano, se trasladaron a otras regiones para evadir el asedio de las autoridades y controlar desde allí su lucrativo negocio. Muestra de ello son las capturas en los últimos días de alias Jimmy y alias La Cachona, quienes se encontraban en Cartagena y Santa Marta, y por quienes las autoridades ofrecían millonarias recompensas.

Mientras los responsables de esta situación se ocultan en otras partes, en Medellín la violencia no da tregua, principalmente en las comunas 13, 6 y 1, donde miles de menores integran estas estructuras y a cualquier hora del día protagonizan verdaderas batallas con armamento de largo alcance.

Muchos meses llevan el alcalde Alonso Salazar, la Policía, el Ejército y la Personería pidiendo acciones concretas para frenar esta situación. El Gobierno Nacional ha mostrado interés en implementar medidas y sabe que el reto es controlar la violencia en las ciudades. Por eso hoy se reunirán el alcalde Salazar con el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y mañana se realizará un consejo de seguridad, con presencia del presidente Juan Manuel Santos.

Entre los puntos que se analizarán están la necesidad de introducir reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, con el fin de que se mantengan las garantías procesales, pero que no se transite hacia la impunidad. Según el Alcalde, la idea es que “los trámites no sean tan garantistas que terminen protegiendo a los delincuentes y dejando desprotegidas las comunidades”.

El director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo —quien desde el sábado despacha desde Medellín—, dijo que de la mano con el Ministerio del Interior se ha venido trabajando en temas como la figura de la flagrancia, pues según él, “no es entendible que alguien que es capturado cometiendo un delito reciba beneficios”.

Tanto el general Naranjo como el alcalde Salazar coinciden en la necesidad de que el porte de armas sea severamente castigado. De los 1.750 capturados en la ciudad, sólo 300 pagaron condena intramural. “Pediremos que el porte de armas sea pena intramural, que si la condena son cuatro años, se paguen en la cárcel”, señaló el burgomaestre.

Otro aspecto en el que se hará especial énfasis es en los términos procesales. La idea es ampliarlos especialmente en las primeras 36 horas para la legalización de las capturas, ya que en la actualidad son términos muy estrechos y por problemas formales salen muchos delincuentes de la cárcel.

El Alcalde aseguró que insistirá también en más fiscales para la ciudad: “Si hoy y mañana salimos de esas reuniones sin más fiscales, creo que no hemos hecho nada”, indicó. De la mano con más fiscales —dijo el general Naranjo— está la protección a los jueces de control de garantías para que se sientan respaldados y puedan legalizar las capturas en todo el país.

El alcalde Alonso Salazar insiste en la creación de bloques de búsqueda similares a los que operaron en la ciudad en la época de Pablo Escobar, con el fin de perseguir y capturar a los miembros de las bandas que están plenamente identificados y lograr además la incautación de las armas con las que se está librando la guerra en los barrios. “Uno se encuentra en un terreno como este, la Comuna 13. Sabemos que allí en esa casa hay armas, pero la orden de allanamiento tarda 20 días, y los delincuentes las van moviendo cada 30 segundos. Las acciones tienen que ser rápidas”, dijo.

Otro de los temas sobre los cuales se pedirá más dureza de la ley, es en las denominadas “vacunas” o pequeñas extorsiones, para que exista la posibilidad de aplicarles justicia, pues ahora son considerados delitos de poco monto y resultan excarcelables, con otro agravante, las víctimas no denuncian o, por temor, terminan protegiendo a los extorsionistas.

Según las investigaciones, se trata de un delito que representa cerca de $15 mil millones al mes. Para el Alcalde, una de las soluciones sería la judicialización de las estructuras criminales: “Hemos intentado con capturas directas de las personas y muchas veces los conductores o empresarios dicen que se trataba del pago de una deuda. Entonces la única forma es judicializar las bandas, como se ha hecho en Centroamérica, con legislaciones anti ‘Maras’, que han sido ejemplarizantes”.

Todas estas medidas que se adopten serán replicadas en otras ciudades, dependiendo de la complejidad que presenten. Lo que queda claro es que son reformas que deben tramitarse con carácter urgente.