Destierro en la ciudad

En Bogotá, Soacha, Medellín y Buenaventura las denuncias de expulsión por parte de pandillas y grupos armados ilegales aumentaron. Víctimas difícilmente son admitidas como desplazadas.

Por casualidad, sus hijos salvaron las vidas. Sandra* estaba sentada en una de las bancas del parque al que acostumbraba llevar a sus niños a jugar, cuando desprevenidamente dos hombres se le acercaron para decirle: “Agradezca que está acompañada, porque si no fuera así, le dábamos piso en plena calle”. La experiencia de Ignacio*, su esposo, fue casi idéntica. Iba entretenido caminando por el barrio con varios de sus pequeñitos hasta que fue alertado por los insultos de siete jóvenes que le gritaron: “Agradecé que no te mato hoy”.

Es el municipio de Soacha y la suma de intimidantes escenas en muy pocos días. Cuando Sandra regresó a casa después de su trabajo como vendedora ambulante, Ignacio la convenció de que se encerraran para estar a salvo. Pasó el lunes, el martes, el miércoles, sin que los padres y los cinco niños —todos menores de ocho años— pudieran asomarse siquiera a la puerta de su humilde vivienda.

“Mis hijos decían: ‘Papá, tengo hambre’. A mí me tocaba contestarles: ‘Papito, cómase ese plato de fríjoles o de lentejas, porque no hay más’”, recuerda Ignacio con la mirada clavada en el piso, mientras tímidas lágrimas asoman en sus ojos.

Desesperado por el encierro, el hombre se decidió y una mañana y muy temprano salió de la casa con sus niños y su esposa, llevando sólo lo que tenían puesto. Ese día comenzó su verdadero viacrucis: denunciar que las pandillas lo habían sacado de su barrio y que necesitaba ayuda. Cuenta que primero fue a la Casa de la Justicia de Soacha, de ahí lo mandaron a Acción Social y luego a la Personería. Desesperado, en medio de las interminables vueltas, hasta terminó pidiéndole consejo a unos policías de un retén que se encontró en el camino.

Al día siguiente, después de haber pasado la noche en un hogar de paso, con pocas esperanzas pero sin darse por vencido, Ignacio logró que lo atendieran en la Personería, donde dice le dieron $150 mil para sus gastos más urgentes. Con el dinero en el bolsillo se fue a Acción Social para pedir que lo incluyeran en el censo de desplazados, pero la respuesta fue desalentadora: “Me dijeron que no tenemos derecho a nada. Yo pensé que era por la plata que me habían dado e intenté devolverla, entonces la señora me dijo que podía gastármelos, pero que ella no podía colaborarme”.

Intraurbano e interurbano

El argumento de las autoridades es que la ley reconoce como desplazados únicamente a las víctimas de los actores armados ilegales, es decir, guerrilla y paramilitares. Y según la denuncia, en este caso fue una pandilla la responsable de la expulsión.

Lo alarmante es el incremento de la tendencia. El padre Ricardo Martínez, de la Pastoral Social de Soacha, dice que existe un vacío jurídico porque el Estado no reconoce a las víctimas que fueron amenazadas por cuartos o quintos actores y, en consecuencia, están en un limbo: “Estamos muy preocupados. Las víctimas del desplazamiento intraurbano, que no teníamos antes, superan ya las 150 familias, sin contar con que existe un alto subregistro, pues las personas temen denunciar. Tenemos la esperanza de que se haga una revisión legal para este nuevo fenómeno. Otra inquietud es que más o menos el 63% de las personas que han declarado no son reconocidas desplazadas”.

Para el religioso, dicha situación hace pensar que las tendencias anunciadas de disminución del desplazamiento son lógicas porque simplemente los segundos o terceros desarraigos de una familia no son admitidos. Por ejemplo, explica, si alguien salió de Puerto Leguízamo hacia Fusa y ahí sufre otra expulsión de la cual va a parar a Soacha, no es incluida como tal porque “consideran que su historia no es suficientemente creíble”.

Desde otra perspectiva, la personera auxiliar de Soacha, Aura Lizeth Melo, coincide en que existen  dificultades para el reconocimiento de las modalidades de desplazamiento tanto intraurbano (dentro de Soacha) como interurbano (Bogotá-Soacha y Sibaté-Soacha), pese a que es un fenómeno cada vez más evidente: “La mayoría de ellos ya son desplazados y vuelven a repetir la experiencia”.

Y cuando el país estaba acostumbrado a que el desplazado es la persona que llega de regiones apartadas a las capitales, los cifras que la Personería del municipio está próxima a entregar en un informe sorprenden al señalar que Bogotá es una ciudad expulsora. “Son más los casos de Bogotá a Soacha que en el interior de Soacha. No sólo de las localidades vecinas como Ciudad Bolívar o Bosa, sino también de barrios del centro, Suba y Engativá. En Bogotá no manejan cifras tan claras de este fenómeno, por eso es tan importante trabajar sobre el tema”, dice la personera.

Las cifras son preocupantes. Desde 2008 hasta agosto de 2010, la Personería de Soacha ha recibido 151 casos de desplazamiento intra e interurbano. 57% provienen de Bogotá y 38% de Soacha. “Esto tiene que encender las alarmas, porque algo está sucediendo”, agrega Aura Lizeth Melo . En Soacha la mayoría de casos se están presentando en la Comuna 4 y gran parte de quienes llegan se ubican en la Comuna 6.

El personero del municipio, Fernando Escobar, critica el hecho de que para las fuentes oficiales en Soacha y Bogotá no existe guerrilla ni paramilitares, cuando la realidad que se evidencia es otra. Según indicó, muchas veces la causa para que las familias se vayan son las amenazas de reclutamiento. Las denuncias apuntan en primer lugar a la paramilitares, después a la guerrilla y por último a las pandillas. “No somos quiénes para definir si eso es así, pero ahí están las denuncias. Hay una tendencia creciente de quejas en torno a que los autores son delincuentes comunes o pandillas, que es más difícil de reconocer. La Corte Constitucional ha pedido que se incluyan otras formas de desplazamiento, incluso las de la Fuerza Pública, y queremos que eso se tenga en cuenta”, señala.

No obstante, el director de Acción Social, Diego Molano, en diálogo con El Espectador defiende a la entidad y asegura que sí han admitido casos de desplazamiento intra e interurbano, aunque en el caso de las pandillas como autoras del desarraigo reconoció que “no necesariamente se incluyen. Tenemos un protocolo. No puede haber política generalizada, sino que se evalúa caso a caso”.

La versión del secretario de gobierno de Soacha, el ex coronel de la Policía Antonio José Ardila, es que si bien la gente acusa a las pandillas, existen dudas: “Muchas veces he visto gente que denuncia por tratar de solucionar su problema económico. Un señor vino a instaurar una queja y al final me dijo: ‘Lo que pasa es que tengo ocho personas aguantando hambre’. Yo les ofrezco la atención posible y los pongo a estudiar, por ejemplo, con becas para hacer cursos de vigilancia”.

Ardila dice conocer muy bien la situación de su municipio gracias a un diagnóstico que hizo durante ocho meses con entrevistas a la población. Tras ello, concluyó que los tres principales problemas de Soacha son el pandillismo, el atraco callejero y el microtráfico. Cuenta que las estadísticas de la línea 123 de los últimos seis meses muestran que en Soacha, de un total de 10 mil llamadas, el 56% se hicieron por casos de inconvivencia, es decir, riña callejera ó escándalos. El 25% por accidentes y enfermedades y un 16% por inseguridad: “Los policías se la pasan enredados en las riñas y queda el espacio para que los delincuentes hagan de las suyas”.

Sin saber de cifras ni tampoco dónde meterse con su familia, Ignacio decidió un día volver a la casa de la que fue expulsado, para recuperar  sus cosas. “Le dije a mi mujer: ‘Negra, voy a contratar a alguien me ayude a sacar lo que más sufrimos para conseguir’”. Cuando estaba sacando el televisor, un vecino le advirtió que no volviera por allá porque en cualquier momento se le iban a acabar con todo. No pudo llevarse más y le tocó volver al refugio temporal, donde con su familia estuvo unos pocos días más y luego le tocó irse. El padre Martínez, “quien ha optado por creerles a los que nadie les cree”, no ha vuelto a saber de ellos y hoy sólo reza para que estén a salvo.

 * Nombres cambiados

 

En Buenaventura desplazan por ubicación estratégica

La escena de desplazamiento intraurbano también ocurre en Buenaventura (Valle del Cauca). Según la personera del municipio, Íngrid Arroyo, por cuenta de las disputas territoriales de los actores armados ilegales y por el narcotráfico ocurren los desarraigos, pues Buenaventura por su posición geoestratégica tiene codiciadas rutas de movilidad para el tráfico de armas y drogas.

Por eso, en los barrios o zonas con acceso al mar es donde más ocurren destierros intraurbanos. “Últimamente desplazamientos masivos no han sido muy notorios, pero sabemos que sí hay salidas individuales, es decir, familias que por amenazas o desapariciones se han visto obligadas a salir de sus barrios”, agrega.

A diferencia de otros municipios del país, la personera dice que en Buenaventura Acción Social sí los ha reconocido, pero cuando los móviles no obedecen a actores armados se niegan a incluir a la víctima en los registros.

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