"Preferiría que hubiera sido pura exageración"

Personero de Medellín lamenta que mayoría de alertas que su oficina emitió durante los últimos años se hayan hecho realidad. Agosto, el mes con más desplazamientos intraurbanos.

Para Jairo Herrán y su despacho, la Personería de Medellín, el problema de orden público que envuelve a la  capital antioqueña “hunde sus raíces en lo social”. Es por esto que no cree en soluciones a corto plazo, ni tampoco en la mayoría de las propuestas que han llovido recientemente desde los más diversos sectores y funcionarios.

Al frente de una de las organizaciones que con más agudeza ha leído el conflicto medellinense en los últimos años, Herrán señala una ineficacia del 50% en el modelo de reinserción paramilitar de la ciudad, coincide con el alcalde Salazar en pedir el fortalecimiento de la Fiscalía local y alerta sobre el crecimiento exponencial del desplazamiento intraurbano que se agudizó en agosto: solo en este mes, durante el cual se registró el mayor número de desplazamientos del 2010 ante la Personería, unas mil personas tuvieron que huir de sus hogares. En total, son 3.800 personas fueron desarraigadas de sus barrios durante lo corrido del año.

En entrevista con El Espectador, Herrán habla sobre roces con la administración local, sobre cómo la guerra en Medellín ha reciclado brazos para oficios sangrientos desde los años ochenta, sobre una ciudad acorralada por las balas, una crisis judicial y, ahora, también por un precario sistema de salud para los más pobre.

¿Comparte la visión del alcalde Salazar (expresada en El Espectador de este domingo) según la cual Medellín no convive actualmente con el paramilitarismo sino con un fenómeno en el que se volvió a las “estructuras típicas del narcotráfico”?

Tenemos una lectura distinta. Estas agrupaciones hunden sus raíces en la década del ochenta y del noventa. Evidencia de ello es que todavía perviven algunas muy antiguas, como Los Triana o La Terraza. Aquí hay una serie de bandas tradicionales y dentro de esos grupos tenemos sujetos que en su época fueron milicianos, que luego fueron paramilitares, unos se desmovilizaron y otros no porque fueron la retaguardia de estos grupos, y ahí están en el día de hoy. Los desmovilizados que han reincidido o que tienen vínculos ilegales llegan fácilmente al 40% del total, cifra de apreciación de la Personería. Por todo esto no podemos asegurar que se traten de organizaciones que estén sólo al servicio del narcotráfico. Las agrupaciones armadas ilegales de hoy son la sumatoria   de aprendizajes de las que han existido a lo largo de la historia en la ciudad. No se trata solo de una asociación delincuencial.

El alcalde también se despachó contra el anterior gobierno pues considera que en él recae la “responsabilidad política” del proceso de desmovilización paramilitar que hoy tiene a muchos de ellos en las filas de los combos…

En la Personería lo venimos advirtiendo desde el 2004. Señalamos las falencias del proceso, y entonces dijimos que había muchos desmovilizados que le estaban haciendo trampa al estado, que se creían más astutos que la sociedad que les había dado un voto de confianza. Lamentablemente en aquel momento pareció como si la Personería estuviera tirándole piedras al proceso.  La reconfiguración de las agrupaciones armadas nos deja en el peor de los mundos: los desmovilizados tenían un brazo de ‘trabajo social’, y el otro que era la banda. Tuvo que pasar el tiempo y los hechos demostraron que la Personería tenía razón en esos señalamientos. Por otra parte, es cierto que el Gobierno Nacional descargó ese piano en el Municipio y gran parte de la carga económica quedó en hombros de la administración local. En ese sentido, es verdad que el Gobierno dejó solo al Municipio de Medellín.

¿Qué tanto inciden los desmovilizados en la situación que vive hoy la ciudad?

En una proporción significativa. Los desmovilizados continuaron interactuando en los barrios siendo parte de las organizaciones ilegales.
 
¿De qué manera entiende entonces la Personería el enfrentamiento entre alias Valenciano y alias Sebastián?

Estos dos nombres se han convertido en la marca para presentarse públicamente, como la marca empresarial de unas organizaciones dedicadas al crimen. Si estas dos personas fueran los cabecillas de estas dos alas, estarían en una interacción con sus ámbitos criminales que a estas alturas ya debería haber ser copada por la fuerza pública, por la justicia. Si eso no ha sido así, es porque ellos están más bien inmóviles, otros están moviendo los hilos y estos dos están como fachada.
 
¿Qué sensación  le queda al comprobar que muchas de las graves alertas emitidas por su despacho terminan haciéndose realidad?

Duele y entristece que uno haya señalado una ruta que estaban trayendo los hechos, y que finalmente la realidad verifique esas afirmaciones. Eso implica una vulneración sistemática y masiva de derechos de muchas personas. Yo preferiría que la realidad hubiera demostrado lo contrario, que todo lo que nosotros decíamos hubiera sido pura exageración.

¿Cree que el protagonismo que ha cobrado una vez más la Comuna 13 esconde una situación que es de la ciudad en general?

Hay una focalización a veces muy mediática cuando se exacerba la violencia y  hay allí un papel de los medios de comunicación. Tenemos dos comunas que están nacionalizadas e internacionalizadas, que son la comuna 8 (sobre todo la parte de La Sierra) y la 13. Sin embargo, vemos otras zonas que están en unas condiciones similares: la nororiental, la noroccidental, la centrooriental, la centrooccidental.
    
¿Por qué la Personería se opone a la propuesta de decretar la conmoción interior que lanzó el gobernador de Antioquia?

No estamos frente al asedio de fuerzas hostiles a la fuerza pública ni mucho menos a los centros de poder civil, sino que estamos ante una situación focalizada de criminalidad, de confrontación de grupos. Creo que existen todos los instrumentos, dentro del estado de derecho, para tramitar las reformas legislativas que es lo que se persigue a través del estado de conmoción interior. No creo que el problema sea solamente normativo y que decretándola vayan a cesar los homicidios.

¿Se mantiene la Personería en la posición manifestada recientemente por una alta funcionaria, según la cual “Medellín no necesita más fuerza pública”?

No. Si esa es la propuesta del Gobierno nacional o local, nosotros le hacemos el seguimiento, la evaluación, y después diremos si esa medida tuvo o no eficacia. Lo que he reiterado es: no me parece pertinente hablar de que se va a militarizar la ciudad... la ciudad ya está militarizada.

Dentro del paquete de medidas que se estudian para Medellín está una reforma al código penal y acabar con el tratamiento preferente que tienen los menores de edad frente a la justicia. ¿Cuál es la posición de la Personería al respecto?

Me parece que el Ministro del interior, cuando propone que se rebaje la responsabilidad penal de los menores a los 14 años, está haciendo una propuesta que ya se materializó en el código de infancia y adolescencia. Ya se establecieron penas privativas para los delitos de homicidio, extorsión y secuestro. Me parece absurdo que sin haberse implementado de forma debida el Código, que solo tiene dos años y medio, estemos ya en una reforma. Esto es lo que los penalistas denominan  bandazos porque se trata de arreglar problemas sociales  solamente con medidas de punición. A mi modo de ver, lo que hay que hacer es implementar de forma debida lo que establece el Código de Infancia y Adolescencia, pero sobre todo que el gobierno le dé presupuesto al sistema. Existe la creencia en la opinión pública que un menor de 18 y mayor de 14 años puede matar a cualquier persona y que no le pasa nada. ¡Error gravísimo!  Sí les pasa, ya no son inimputables.

Después de la publicación del informe semestral de derechos humanos se escucharon rumores sobre roces y presiones de parte de la Alcaldía. ¿Hubo algún malestar en la Personería por la creación de una oficina de derechos humanos que replicaría algunas de sus labores?

Inicialmente hubo cierto malestar porque se vio esa situación como si se tratara de una oficina paralela que cumpliría las mismas funciones, incluso se colocaron las mismas insignias. Más o menos hicieron una réplica de lo que es la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (UPDH). Rápidamente esta situación fue conjurada. Con el Secretario de Gobierno (Felipe Palau) acordamos que esto no era procedente porque no se puede hacer paralelismo. Si la Alcaldía tiene una sección para los derechos humanos, esto es muy importante para una ciudad con tantos problemas, pero obviamente eso lo tienen que hacer dentro de un marco de legalidad.

¿Sabe en qué va lo de la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a Medellín?

Por la información que tengo, el CICR veía una oportunidad de poder intervenir. Como no tenía un mandato sobre lo urbano, eso quedaba sometido a interlocución con el gobierno nacional. A mi modo de ver, es positivo que intervengan por el efecto que tienen en las comunidades, para bajar niveles de agresividad. Lo que no creo posible es que hagan mediación entre partes enfrentadas.
 
CAPRECOM, EPS del estado que atiende el 40% de las medellinenses con régimen subsidiado, anunció su retirada de la ciudad. ¿Qué tan preocupada está la Personería por esta situación?

Nosotros tenemos una alta preocupación frente al tema, y por todos los avatares que se han generado por la vinculación a la ciudad de CAPRECOM. La carnetización fue manipulada. También manipularon la contratación de las IPS. Algunas IPS que venían prestando el servicio tenían contratos por 4 meses y lo dejaban vencer. A los 2 meses de vencido, contrataban con esa entidad o con otra. En ese lapso de tiempo todos los servicios quedaban suspendidos. Me parece que CAPRECOM ha prestado el servicio de una forma muy irregular. Me atrevería a decir que, con el fin de ahorrar dinero, con manipulación de la contratación y de las circunstancias.

Si la Personería considera que el problema de Medellín hoy en día tiene sus orígenes en lo social, ¿acaso esta situación podría incidir en el orden público de la ciudad?

Lo hace, y en una situación delicada de orden público, que suceda algo así puede generar graves problemas.

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