Pese a estar catalogado como un crimen de lesa humanidad, el reclutamiento de menores por parte de los actores armados ilegales del conflicto en Colombia no se detiene. La guerrilla lo ha negado a pesar de que estudios de distintas organizaciones dan testimonio sobre dicha práctica. Los paramilitares también, pero poco a poco han venido reconociéndolo.
Para la muestra un botón: el desmovilizado ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán, admitió que entre sus filas había 358 niños reclutados de 1999 a 2005. Según dijo, al momento de su desmovilización reunió a 149 menores y los envió para sus casas. Sólo tres fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
No se sabe qué fue peor, si reclutarlos y utilizarlos para la guerra, o regresarlos a sus casas sin opciones diferentes para sus vidas. Quedaron desprotegidos y sin los beneficios de la reinserción tales como estudio, ayuda sicológica y aporte económico. La mayoría de estos niños son de Dabeiba y Necoclí, en Urabá, y el Atrato Medio chocoano.
El programa ‘Niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado’, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, emprendió acciones para la atención de los infantes que dejaron de pertenecer a estos grupos, pero lamentablemente, los beneficiarios de la iniciativa son una minoría frente al total de reclutados, porque muchos de estos adolescentes aún tienen miedo de buscar ayuda.
Según Sergio Caramagna, vocero de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz con las autodefensas, en el país existen varias zonas de reclutamiento por parte de las llamadas bandas emergentes, entre las que se cuentan las ‘Águilas Negras’. Las áreas que más preocupan a la misión de la OEA son la agroindustrial de Urabá, algunas comunas de Medellín y varios sectores de los departamentos de Magdalena y Cesar. Coincidencialmente, estas zonas son las de disputa de nuevas bandas armadas y al mismo tiempo son lugares de procedencia de buena parte de los menores atendidos por el ICBF tras su desvinculación de la guerra.
Las declaraciones de Caramagna fueron entregadas durante los actos de graduación de 150 desmovilizados capacitados por el Sena. En el mismo acto, el funcionario hizo énfasis en la preocupación por el asesinato de desmovilizados en varias áreas de Antioquia, incluida Medellín.
Una persona, que pidió la reserva de su nombre y quien estuvo cerca del proceso de desmovilización, le dijo a El Espectador que en Antioquia fueron cerca de dos mil los menores retirados de las filas y devueltos a sus familias.
“Comenzamos a indagar y sólo en la zona de Urabá encontramos una situación que es el reflejo del resto del departamento”, dijo la fuente. Según manifestó: “Aquí los menores ya no quedan. Nadie les daba trabajo porque sabían que eran desmovilizados, entonces se pusieron a robar y a hacer daños”.
Algunos de esos niños hoy son mayores de edad. “Yo entré al Bloque Élmer Cárdenas cuando tenía 12 años —relató a este diario uno de ellos—. En el momento de la desmovilización tenía 16, me dieron 300 mil pesos y me mandaron para la casa. Eso fue todo, no más. Nadie nos ha colaborado en nada”.
“En Nueva Colonia, Turbo, eran por ahí 40 menores desmovilizados del Bananero y el Élmer, ahora sí mucho habrá 10. La mayoría se fue para bandas emergentes, a otros los mataron y algunos se fueron para Medellín o Bogotá, porque estaban amenazados”, relata una mujer que ha sido testigo de la guerra en esta zona de Urabá.