“El naufragio está georreferenciado”

La Ministra de Cultura dijo que el Gobierno no decidirá la intervención del San José hasta que no haya marco legal y técnico. Presentarán nuevo proyecto de ley para este tipo de casos.

En la Comisión Segunda del Senado se ventiló ayer el tema del galeón, a propósito de la publicación que hizo El Espectador el domingo pasado. Con el artículo a la mano, el senador Jairo Clopatofsky aprovechó una citación a la ministra de Cultura, Paula Moreno, para preguntarle por la suerte del San José.

“Hay que desentrabar este caso, hay que establecer de una vez por todas qué va a pasar con estos tesoros. No dejemos que los sigan saqueando sin que nadie controle qué pasa con nuestros bienes sumergidos”, le pidió el parlamentario, quien anunció que volverá a presentar el proyecto de ley sobre el tema, que hace cuatro años fue hundido por sus demás colegas cediendo a presiones de las firmas extranjeras interesadas en que no se regule sobre la materia.

“En agosto vuelvo a presentar el proyecto, si quiere lo trabajamos juntos”, le propuso a la jefa de la cartera de Cultura. Paula Moreno le respondió que ha estado atenta al tema y que incluso el año pasado hizo un viaje a Chile para actualizarse a nivel internacional sobre las políticas de ese país en el caso de hundimientos históricos.

Falta ley y tecnología

Para la ministra, antes de pensar en expedir permisos para aprobar un rescate inmediato, los cuales están suspendidos de forma indefinida por la Dimar, “hay que propender por un marco legal riguroso y el fortalecimiento de la capacidad técnica” que le permita al Gobierno estar preparado para defender este tipo de bienes que tienen que ver con la nacionalidad.

Esa opinión no descarta el rescate, pero tampoco lo aprueba. Los expertos que asesoran al Gobierno en el tema consideran que una posibilidad viable es localizar el naufragio, inventariarlo, protegerlo y declararlo patrimonio cultural sin necesidad de que sea extraído de ese lugar del mar Caribe. Así lo han hecho países como Canadá, donde hay naufragios que los investigadores y los turistas pueden visitar sin alterar su hábitat marino. Esta decisión bloquearía las pretensiones de la Sea Search Armada de intervenirlo para separar lo que tiene valor económico a fin de repartirlo por partes iguales con el Estado colombiano.

Si el Gobierno opta por el rescate, es un hecho que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, porque ni siquiera los submarinos de la Armada están capacitados para una operación de este tipo, que requiere de submarinos robotizados, cuyo costo por día estaría en los 75 mil dólares.


En los años 80 empresas suecas, francesas y norteamericanas se postularon para el efecto, pero al final ninguna recibió luz verde para ejecutarlo. Ahora la única que tiene reales derechos jurídicos para hacerlo es la Sea Search Armada, sólo si el Gobierno se lo permite. Otra opción del Estado es convocar una licitación internacional, pero esa determinación, por ahora, se ve lejana y agravaría el litigio actual con la firma estadounidense.

Un problema cultural

 La Ministra también explicó que mientras tanto hay un proceso de “apropiación social” del tema, mediante el cual se pretende concientizar a las comunidades que habitan esas regiones para que no se presten para la extracción ilegal de piezas náufragas, como ocurre con cañones y monedas en inmediaciones de Cartagena.

En la isla de Tierrabomba se abrirá, a final de año, un museo con los elementos que la Policía y la comunidad han recuperado luego de ser extraídos de manera ilegal de algunos de los 1.050 naufragios que se supone ocurrieron entre los siglos XVIII y XIX. Destacó que “tenemos un convenio con Invemar y la Armada para la protección de esas zonas que tenemos georreferenciadas”.

Los integrantes de la Comisión Segunda del Senado, entre quienes estaban la ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Galán y Manuel Ramiro Velásquez acordaron hacerle seguimiento el tema a través de reuniones periódicas con la Ministra.

Para quienes están preocupados por el posible saqueo de las riquezas del galeón San José, en cabeza del senador Clopatofsky, el problema ahora radica en que un proyecto de ley implica al menos entre seis meses y un año de trabajo entre presentarlo, someterlo a discusiones y lograr su aprobación de las Cámaras legislativas antes de que llegue a sanción presidencial. Eso “si hay voluntad política”.

Mientras tanto, el misterio del San José seguirá sin resolverse, según los más pesimistas, “a merced de los piratas modernos, que no necesitan marco legal y cuentan con capacidad de corrupción y tecnología de punta”.

Rescate cuesta US$50 millones

La SSA dice haber ofrecido cubrir los costos y dirigir la operación de rescate con vigilancia de la Armada Nacional. La logística completa para descender cerca de 50 metros en el océano, profundidad en la que se cree está el galeón, implicaría un costo que oscila entre 30 y 50 millones de dólares.

La propuesta no le interesó al gobierno. Ya entre 1980 y 1982 SSA dice haber invertido 12 millones de dólares de esa época en la primera localización del naufragio. Sin embargo, hubo exploraciones posteriores que llegaron a decir que en esa zona no había galeón alguno, mientras otras hablaron de que allí no sólo está el San José sino el Santa Teresa, hundido en 1861.

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