Hasta la fecha, nadie sabe con exactitud quién fue el hombre que accionó una granada de fragmentación en la caseta Patio Seco, un sitio de baile de Atánquez, corregimiento indígena situado a una hora y media de Valledupar. Lo único que se sabe con certeza es que, con un saldo de cinco muertos y 67 heridos, el pueblo kankuamo cerró el año en tragedia. El hecho ocurrió el miércoles 31 de diciembre, cuando unos 150 indígenas se encontraban despidiendo el año 2008. “Murieron cuatro mujeres y un hombre, todos kankuamos. Hay 20 heridos de consideración, el resto tienen pequeñas esquirlas y están fuera de peligro”, dijo Betoven Arlan Ariza, coordinador de territorios de los kankuamos.
Las personas que fallecieron por efectos de la explosión fueron identificadas como Érika Fuentes Corzo, de 19 años y madre de un pequeño de dos años; Gloria Lucía Arias, de 24 años y madre de tres niños; Marelvis Mindiola Díaz, de 47 años y madre de cinco hijos; María Teresa Arias Cáceres, de 24 años , madre de dos menores, y Azael Arias Pinto, de 28 años y padre de dos hijos.
Por el momento, la discusión se centra en las versiones encontradas sobre lo ocurrido. La Policía y el Ejército dijeron, en un informe preliminar, que el autor es un miembro de la comunidad, mientras el gobernador indígena, Jaime Arias, sostuvo que no se puede hacer tal afirmación hasta tanto no se haya concluido una investigación sobre todo lo ocurrido.
Mevid Carrillo, miembro del cabildo menor de la comunidad de Atánquez, en diálogo con El Espectador señaló que aún no hay nada claro. Para él, lo único cierto es que la explosión de la granada ocurrió a pocos metros de la estación de Policía. “No creemos que un miembro de nuestra comunidad tenga corazón para realizar un ataque de esos”, aseguró John Torres Maestre, coordinador de jóvenes de Atánquez, capital del resguardo de la comunidad de los kankuamos.
“Los hechos se presentaron entre las 11:15 y las 11:20 p.m. Se escuchó una explosión y la gente comenzó a gritar y a pedir ayuda. El puesto de salud no fue suficiente para atender a los heridos, sobre todo a los indígenas que quedaron mutilados y regados en el piso”, narró Mevid Carrillo. Es por eso que, según el líder indígena, las personas heridas debieron ser llevadas en vehículos de servicio público hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde aún permanecen 20 aborígenes con heridas de consideración.
Por su parte, el director nacional de seguridad ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, ofreció una recompensa de $20 millones por información que permita la captura del hombre que arrojó la granada. Páez indicó además que un grupo de expertos fue enviado desde Bogotá para investigar los hechos que terminaron enlutando a esta comunidad, que está bajo la adoptación de medidas cautelares por parte de la OEA, organismo que tomó esta decisión para evitar el aniquilamiento de los kankuamos.
La condena
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), así como otras organizaciones sociales del país, repudió el hecho y convocó a la comunidad nacional e internacional a volcar su mirada nuevamente ante el pueblo kankuamo. En tal sentido, la ONIC insistió en se que requiere de un apoyo directo para que los kankuamos y demás pueblos indígenas sigan perviviendo y fortaleciendo sus procesos organizativos
“Demuestra esto que es imperativo que se mantengan las medidas provisionales y cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mas no su desmonte tal como lo requirió hace menos de un mes el gobierno del presidente Álvaro Uribe”, puntualizó Luis Evelis Andrade Casama Arias, consejero mayor de la ONIC. Mientras tanto, en Atánquez la comunidad indígena continúa sin recuperarse del ataque contra sus miembros, los líderes locales hacen los preparativos para el sepelio de la primera masacre, con la que se despertó el país este jueves.
Una comunidad bajo medidas cautelares
Cercado por colonizadores, guerrilleros y paramilitares, el pueblo kankuamo debió acudir a instancias nacionales e internacionales para evitar su exterminio. Situación que se dio luego de que esta comunidad indígena, compuesta por 1.300 personas, denunciara que en los últimos 10 años fueron asesinados, en diferentes circunstancias, 350 de sus integrantes. Estos crímenes merecieron no sólo la condena sino también un llamado de atención al Estado colombiano por parte de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Este último organismo, en 2003 y en 2004, adoptó medidas cautelares y provisionales para la comunidad indígena, producto de un proceso sistemático de exterminio por parte de grupos armados ilegales que operan en la zona. A la par, la Defensoría del Pueblo, en su momento, también entregó un documento al Gobierno donde hizo un crudo informe sobre la crisis humanitaria que vive este pueblo.