Cambio de reglas en licitación 4G

Fue concebida como garantía para que un nuevo operador móvil llegue al país. Los interesados podrían abandonar el proceso.

Rodrigo Lara Restrepo, presidente de Asomóvil. / Fotos: Archivo
Rodrigo Lara Restrepo, presidente de Asomóvil. / Fotos: Archivo

Uno de los más importantes negocios del año para el Gobierno está a punto de empantanarse. Se trata de la subasta de espectro radioeléctrico, el proceso con el que busca masificar la tecnología LTE (la más avanzada en comunicaciones, también llamada de cuarta generación o 4G) en el segmento de telefonía móvil y que podría representarle al Estado ingresos de al menos $480.000 millones. El mismo que pretendía fomentar la competencia en la industria, pero que por una inminente modificación podría fortalecer el monopolio en el sector.

Cuando el proyecto se lanzó al público, en marzo pasado, contenía una condición diseñada especialmente para provocar la llegada de nuevos operadores móviles al país: una porción reservada en la que no podían pujar los actuales protagonistas de la industria (Tigo, Movistar y Claro –antes Comcel–). La idea original era entregar 30 Megahertz (MHz) en la banda AWS (entre 1.700 MHz y 2.011 MHz), donde se encuentran los principales desarrollos tecnológicos de la industria, y 40 MHz en la banda de 2.500 MHz, propicia para desplegar la tecnología 4G.

Esta condición generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación de la Industria Móvil (Asomóvil), que criticó una y otra vez que una empresa sin experiencia manejara un recurso estratégico. “La idea de que se va a comprar espectro a precio de ganga fomenta la llegada de operadores poco eficientes, sin la capacidad técnica y financiera para realizar las multimillonarias inversiones que requiere desplegar redes por todo el país”, dijo Rodrigo Lara, su presidente, en entrevista con este diario el mes pasado.

Ante las críticas de las empresas que llevan más de 20 años invirtiendo en el país, el Gobierno presentó una alternativa. Ocurrió en julio pasado, durante la reunión de reguladores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bucaramanga, donde la Agencia Nacional del Espectro (ANE), al explicar cómo se entregarán los 225 MHz en octubre próximo, dio a conocer una nueva propuesta en la que se elimina la reserva en la banda AWS y se eleva a 90 MHz la cantidad de espectro a entregar en la banda de 2.500 MHz.

El escenario de inmediato causó malestar entre las empresas que buscan desafiar a los operadores ya instalados. “Estamos hablando de costos de entre US$500 y US$600 para los equipos en la franja de 2.500 MHz frente a un rango de US$150 a US$200 en la AWS”, explica Jorge Andrés Palacio, presidente de Avantel, compañía que por desplegar sus redes en una banda de baja capacidad es considerada como ‘entrante’. En su opinión, competir en un mercado con una penetración de 100% y una red establecida en todo el territorio sin garantía alguna no les deja otra opción que retirarse de la puja. “No habría igualdad”, agrega.

Las cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) muestran que, a primer trimestre de 2012, en Colombia se habían desplegado 46,8 millones de líneas móviles. El segmento es liderado por Claro con una participación de 61,9%, seguido de Telefónica (25,4%) y Tigo (12,5%). Números impresionantes que tienen su origen en 1994 con la puesta en marcha de la primera licitación para prestar el servicio de telefonía móvil en tres regiones del país, la cual le dejó al Estado US$1.187 millones de la época y permitió la entrada al mercado de cinco operadores: Celumóvil, Coocelco, Comcel, Occel y Celcaribe.

Entre 1997 y 1998, la telefonía móvil en Colombia creció a ritmos de entre 15 y 35%, permitiéndoles a los operadores cancelar otros US$130 millones para asegurar la prórroga de licencia hasta 2014; sin embargo, la llegada de la crisis económica de final de siglo ralentizó este ritmo, por lo que en marzo de 1999 el país sumó 1,87 millones de abonados para una penetración de 4,37%. Lo que siguió entonces fue una auténtica danza de millones en un sector en que las inversiones son estratégicas: el magnate mexicano Carlos Slim se convirtió en el principal accionista de Comcel en 2002 (ya había adquirido a otros competidores), mientras la multinacional española Telefónica expandía su mercado en la región y para 2005 lanzaba la marca Movistar; en este juego, Millicom, de Luxemburgo, se alió con ETB y EPM para fortalecer su negocio móvil y operar bajo la marca multilatina Tigo.

De esta forma, y a medida que la economía fue mejorando, el número de suscriptores móviles tomó una senda ascendente: cerró 2005 con 21,8 millones, cifra que pasó a 41,31 millones en 2008 y aumentó a 44,4 millones en 2010 hasta llegar al número actual. Es, en realidad, un auténtico imperio forjado bajo 165 MHz de espectro asignado (55 MHz para cada operador), que vio su último gran hito en 2010 cuando el operador paisa Une se ganó la adjudicación de 50 MHz tras desembolsar $80.000 millones para desplegar la primera red LTE en el país.

Desde este contexto se realizará la nueva asignación de espectro. El Gobierno la ha calificado de histórica, y tiene razón: se entregará más espectro del adjudicado hasta hoy en la industria, en un mercado en el que sus usuarios, según el Ministerio de Hacienda, tienen un ingreso promedio de US$10.300 al año. Y a pesar del alto grado de penetración, los analistas aseguran que la llegada de la tecnología LTE causará una nueva revolución.

“El sector está transformándose poco a poco y ya no sólo podemos hablar de cómo un operador móvil influye en otros. Por ejemplo, el lanzamiento y la expansión de la cobertura de los servicios LTE de Une tendrán un fuerte impacto en la oferta de banda ancha. Mientras mayor cobertura logre LTE, mayor será la presión en los operadores fijos de reducir el precio de sus servicios de banda ancha para evitar una nueva sustitución de servicios fijos por móviles”, comenta José Otero, presidente de la consultora Signals.

Y en este mundo ideal, la competencia desempeñará un papel importante. “La eficacia de 4G permitirá que el usuario adquiera diferentes paquetes de alta capacidad de transmisión de datos y que la voz salga gratis. Lo que ocurre es que el 80% de los ingresos de los operadores instalados se produce por voz”, dice Palacios. De hecho, Avantel asegura que la entrada de un nuevo competidor podría añadirle entre dos y tres puntos al PIB nacional.

Quienes tendrían en músculo financiero adecuado para hacerlo son tres de los interesados: Avantel (adquirido en 2010 por el fondo estadounidense Discovery Capital, el cual ha realizado inversiones mundiales por US$9.000 millones), DirecTV (perdió el pulso en el sorteo que ganó Une) y Azteca Comunicaciones (firma del millonario mexicano Ricardo Salinas, que entró a Colombia en 2011 tras ganar la licitación para llevarles fibra óptica a 753 municipios). “Es improbable la participación del resto de nombres, como Nextel, ETB, Entel Chile, por cuestiones de montos de inversión para despliegue y adquisición de clientes en el mercado”, señala Otero.

Es por esta razón que la eliminación de la garantía para la entrada de un nuevo operador al mercado resultaría contraproducente. “Tenemos toda la intención de participar en este proceso siempre y cuando se mantengan las condiciones de promoción de la competencia; de lo contrario, no nos sería posible participar dado a que es muy probable que los nuevos operadores no recuperen sus inversiones”, dice Alexandra Reyes, directora ejecutiva de Azteca.

Para el otro participante, el cambio de condiciones sería sólo una anécdota más del proceso. “Estamos interesados en participar, así lo hemos expresado en múltiples oportunidades. El proceso debe llevarse a cabo este año, porque de no ser así las condiciones para los entrantes serían cada vez más complicadas en el mercado”, comenta Roque Lombardo, presidente de DirecTV Colombia.

Actualmente, el proceso se encuentra parado. El cronograma oficial contemplaba que en junio se publicarían los pliegos definitivos, pero algunos desacuerdos en el interior del Gobierno no lo han permitido. Y si se acepta la propuesta de eliminar la banda de reserva, es posible que el triunfador termine siendo uno de los actuales operadores. Es difícil estimar los efectos que esto podría tener en el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país.

“Colombia ganará al tener una subasta abierta para todo inversionista (existente y nuevos) que desee invertir en forma considerable y sin mirar el retorno de la inversión a corto plazo. Los usuarios actuales ganarán al tener nuevas redes que les mejoren la oferta de servicios, especialmente en lo que concierne a servicios de datos y valor agregado”, dice Erasmo Rojas, director regional de la consultora 4G Américas.

Ver facsímil de las propuestas de cambio de franja reservada.