Una reducción polémica

La discusión de una norma que modifica el acceso a este servicio deja un "mico" que disminuye los ingresos del fisco. La televisión pública y comunitaria se verían afectadas.

Por una decisión que está ad portas de tomar la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), los operadores de la industria de la televisión por suscripción recibirán una sustancial rebaja en las contribuciones que deben hacer al Estado y cuyo principal destino es financiar la televisión pública y comunitaria del país. De esta manera, entre otros beneficios, esas compañías pasarían de pagarle al organismo regulador del 10 al 7% de sus ingresos.

Resalta el proyecto de acuerdo: "El valor de la compensación a partir del 1° de octubre del año 2010, será del 7% del total de los ingresos brutos mensuales provenientes de la prestación del servicio de televisión por suscripción, cableada y satelital directa al hogar (DTH), y cualquier otra modalidad de televisión por suscripción, independientemente de la tecnología de transmisión que se utilice".

La polémica medida, según estimativos iniciales de expertos del sector, implicaría que el erario dejaría de percibir al año no menos de $50 mil millones. Paradójicamente, la CNTV tiene pendiente por recuperar una cartera cercana a los $25 mil millones de algunas empresas que no han cancelado sus contribuciones y otras deudas. A esto se suman los registros sobre reportes incompletos de abonados de esas empresas a la Comisión, un hecho que reduce los ingresos de la entidad.

Pero quizá lo que más inquieta del proyecto de acuerdo a especialistas, abogados, veedurías y abonados al servicio es que en los últimos tiempos algunas compañías de televisión por suscripción en sus diferentes modalidades incrementaron sus tarifas a los usuarios en más del 10%.

En el texto, Eduardo Osorio, director de la CNTV, justifica que "el mercado de televisión por suscripción ha sufrido cambios estructurales en los últimos años, desarrollándose un proceso de formalización de la industria y una mayor competencia, generando un panorama merecedor de nuevas condiciones regulatorias".

Según el organismo, aunque se mantiene la contribución que las empresas hacen del 10% mensual de los ingresos brutos percibidos por concepto de pauta publicitaria, la aprobación del acuerdo obedece a que el plan de normalización de la televisión por suscripción se encuentra expirado y la televisión por suscripción se debe preparar de manera ordenada y equilibrada para los cambios tecnológicos.

No obstante los argumentos institucionales, el jueves llegó a los despachos de los comisionados Eduardo Osorio, Zulma Casas, Any Vásquez, Mauricio Samudio y Alberto Guzmán una comunicación del ex comisionado y director de la veeduría Control Ciudadano TV, Eduardo Noriega, que da cuenta que en el proceso de aprobación del acuerdo no todo es color de rosa.

El proyecto de acuerdo fue publicado por la CNTV en su página web y en el diario oficial el pasado 3 de septiembre, y a partir de esa fecha se dispuso de 10 días hábiles para que los interesados presenten sus propuestas. En este sentido surgió la primera observación de Noriega al considerar que la propia ley establece términos amplios para permitir las observaciones. Por eso, solicitó a la junta directiva del organismo que se amplíe el término de las discusiones en por lo menos dos meses.

En otro aparte de la misiva, Noriega indica que mientras la CNTV argumenta que va a tomar la decisión con base en sólidos estudios, por el contrario resalta que lo que existe "es copia de unas presentaciones en Power Point que en apariencia soportan la solicitud de los operadores y unas cuantas páginas con unas consideraciones de la oficina de planeación de la CNTV que carecen de rigor técnico".

Frente a otras motivaciones de la futura decisión, señala el ex comisionado que la junta directiva conocía estudios contratados por la propia CNTV al Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) y a la firma JAHV McGregor en los que se concluyó que la tarifa del 10% sobre los ingresos brutos mensuales que se les cobraba a los concesionarios de televisión por suscripción no afectaba en nada la estructura de costos del negocio y menos los ingresos y utilidades de los concesionarios. Por eso indica el ex funcionario que en el acuerdo se evidencia "una falsa motivación y una clara desviación de poder".

Los dineros que pagan las empresas del sector por tarifas, tasas o contribuciones llegan al Fondo para el Desarrollo de la Televisión que maneja la CNTV y sirven para sostener la televisión pública y la televisión comunitaria, las cuales permiten el acceso a este servicio por parte de la población más pobre y vulnerable del país. También se utilizan para pagar una parte del lastre pensional del extinto Inravisión.

El final de esta polémica tendrá lugar en un debate en diferido y con señal cerrada, en donde serán los comisionados quienes decidan un asunto que no está claro y, sobre todo, en un escenario en donde en pocas ocasiones, por no decir que en ninguna, los ciudadanos de a pie reciben rebajas de impuestos por parte del Estado.

 

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