El Plan Nacional de las TIC

Tradicionalmente el sector de las telecomunicaciones tiene un mayor incremento anual que la tasa de crecimiento económico en los países, además de ser motor transversal para la competitividad de los procesos productivos de bienes y servicios en la economía.

Colombia no es la excepción: en 2007, el sector creció más de 19% y el PIB 7,5%; en 2006 más de 16% contra el 7% del PIB, al tiempo que en el período 2000-2007 el sector creció en promedio 7,5% y el PIB 4,4%.

A pesar de este crecimiento, el país ocupa puestos mediocres en el entorno mundial y en el latinoamericano, cuando se observan los indicadores que miden la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte del Gobierno, individuos y empresas, así como el ambiente de la nación para el desarrollo de las mismas. En este aspecto estamos en el puesto 64 entre 122 países, después de ocho latinoamericanos encabezados por Chile.

Esto demuestra que si bien tenemos una infraestructura de comunicaciones moderna, con niveles de penetración importantes que permite satisfacer necesidades básicas a gran parte de la población y construida con recursos públicos y privados, las nuevas tecnologías aún no son utilizadas por la gente para ser más útiles a la sociedad, más felices y más productivos en bien de la competitividad del país.

Nuestros mediocres indicadores demuestran la poca preparación para aprovechar los beneficios de las TIC en todos los ámbitos. Esto cambiará tal vez cuando el Estado, como lo hizo hace pocos días la Ministra de Comunicaciones, adopte formalmente un Plan Nacional de TIC (PNTIC) con metas y objetivos claros que den lugar a una sociedad totalmente conectada, informada, participativa y digital para 2019.

Si bien el PNTIC consagra activa participación de entidades del Estado y del sector privado en la definición y evaluación de prioridades para los siguientes años, su éxito dependerá no sólo de una buena concepción teórica y técnica, que la tiene, sino muy especialmente de los mecanismos que se prevean para la ejecución de los recursos –aproximadamente $6 billones para los siguientes 10 años– en los que no deben escatimarse esfuerzos en definir esquemas de participación en la ejecución de las mismas empresas aportantes de recursos o estructurar mecanismos similares a los que en su momento se idearon para Transmilenio.

 

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