Piden reabrir licitación

Senadores advierten al Presidente sobre infraestructura de sociedades portuarias en revisión de mercancías.

Desde hace cuatro años se viene hablando de la necesidad que tiene el país de implementar la inspección preembarque (conocida como inspección no intrusiva) de los contenedores con mercancías que se movilizan a través de los diferentes puertos colombianos.

El tema, incluso, forma parte de los acuerdos incluidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de los que se están negociando con otras regiones del mundo. Además, están incluidos en los acuerdos de seguridad marítima internacional que se encuentran vigentes.

La idea es instalar en los puertos tecnologías de inspección a través de escáneres de última generación para prevenir que en las mercancías se incluyan narcóticos, embarques de armas o cualquier otro artículo ilícito.

La DIAN abrió, en julio del año pasado, una licitación para contratar con terceros los servicios de inspección no intrusiva, apoyada en el documento Conpes 3469 que incluía estudios sobre los impactos de la medida entre los actores del comercio internacional.

Pero de un momento a otro el proceso licitatorio se interrumpió y la tarea de instalar la infraestructura de revisión quedó en cabeza de las sociedades portuarias, tema que se incluyó en la prórroga de los contratos de concesión.

Por su parte Óscar Franco, director de la DIAN manifestó a la salida de una citación de la Comisión Tercera del Senado que “se han hecho los estudios financieros y de logística en el movimiento de carga para establecer los costos y beneficios de que la infraestructura de inspección no intrusiva sea implementada por las sociedades portuarias”.

El tema lo recoge una carta que los senadores Aurelio Iragorri, Antonio Guerra y Germán Villegas le enviaron al presidente Álvaro Uribe, sobre lo que consideran ellos irregular del proceso, mencionando que las razones para tomar la decisión por


parte del Ministerio de Hacienda fueron que los costos para los usuarios serían elevados, justificando que el nuevo esquema liderado por las sociedades portuarias significaría una reducción en las tarifas de inspección, la cual se distribuiría entre todas las operaciones de comercio exterior y que reduciría la congestión en los puertos.

En concepto de Raúl Maestre, director de seguridad de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, “se bajarán costos para los usuarios hasta en un 50% y la infraestructura que pongamos al servicio de las autoridades de policía y DIAN agilizará los procesos”.

De acuerdo con informaciones de la DIAN, en la actualidad sólo el 18% de las mercancías es inspeccionada.

Los senadores en su carta dicen que se les está entregando a las sociedades portuarias un contrato de $221 mil millones, sin competencia alguna para esta labor, y agregan que “hay improvisación en el proceso de adquisición de equipos por parte de las sociedades portuarias y que no hay estudios sobre la real reducción en las tarifas ni de la agilidad de los procesos”.

Además, mencionan que habría conflicto con normas como la que establece que las sociedades portuarias son entidades de objeto único, razón por la cual no podrían adquirir los equipos para prestar los servicios de inspección.

Otra de las inquietudes que plantean algunos actores del comercio internacional es que las sociedades portuarias sean juez y parte al ser ellas las que manipulan la carga y hacen las labores de inspección.

Asimismo, llaman la atención sobre los costos del montaje de la infraestructura y de los elevados recursos que implica el mantenimiento de los equipos, que no tendrían una vida útil de más de siete años, lo cual se traduciría en más costos.

Los senadores, en su comunicación al presidente Uribe, le piden que revise el proceso y se restablezca el proceso licitatorio.

La decisión final para que las sociedades portuarias adquieran los equipos para las tareas de inspección fue tomada por el Ministerio de Transporte, el Inco y Cormagdalena, a través de las modificaciones a los contratos de concesión de las sociedades de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.

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