Entre 1995 y 2007, la Drummond, una sociedad familiar residenciada en Alabama, ha extraído 160 millones de toneladas de carbón de alta calidad del departamento del Cesar.
En junio de 2007 el contralor Julio César Turbay Quintero notificaba que estudios técnicos adelantados por su entidad demostraban cómo se ha registrado un posible detrimento patrimonial para la Nación, de más de US$70 millones ($140 mil millones) que se resolvió por US$33 millones en un tribunal de arbitramento.
Más recientemente, las regalías que debía pagar la empresa al departamento del Cesar y a los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná fueron mal liquidadas y tuvo que pagar una multa de US$48 millones en septiembre de 2008.
En el año 2007, la compañía carbonífera vendió US$1.150 millones y despacha US$8 millones diarios. Obtiene ventajas tributarias como la devolución del IVA y el impuesto a la renta.
Está exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial, o sea, 10 mil hectáreas desentrañadas de carbón a cambio de una regalía del 10% a boca de mina que intentó birlar en parte.
Tres dirigentes del sindicato de la Drummond fueron asesinados por paramilitares en 2004 y el crimen no ha sido esclarecido en Colombia.
Jorge 40 fue acusado del asesinato, pero su extradición obstaculizó el proceso en su contra. Por un esguince de la ley norteamericana sobre piratería en ultramar, la demanda fue acogida por un tribunal de Alabama y la empresa fue exonerada de responsabilidad.
Mientras allá se llevó a cabo un juicio rápido y eficiente con enormes dificultades para aportar pruebas, poniendo en duda su certitud, acá la justicia se demora tanto que resulta negada.
También se recuerdan ataques sistemáticos de las Farc al ferrocarril que utilizaba la Drummond en los años 2000 y 2001, los cuales despertaron el apoyo por la empresa entre las poblaciones conectadas.
El historial laboral de la multinacional es bastante conflictivo, con huelgas en 1998 y 2006. A pesar de precios récord en la historia de la industria del carbón en 2008, la empresa no quiso atender las peticiones del sindicato y éste decretó una huelga que duró sólo seis días.
En su pliego solicitaban que se cumpliera la ley en materia de seguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral (otra vez las cooperativas de trabajo en acción), ajuste salarial por encima de la inflación —que no al precio internacional del carbón— e inversión social que paliara los daños infringidos a los habitantes de los municipios en donde se asienta la mina y los que viven a lo largo del corredor carbonífero.
Es evidente el descuido ambiental de la empresa. El carbón es conducido en tractomulas o en el ferrocarril de trocha angosta con vagones pequeños y se pasa a barcazas que se adentran en el mar Caribe para entregar su contaminante carga.
Cada traspaso y viaje liberan mineral pulverizado a la atmósfera que es nocivo para la salud humana, de animales y de plantas.
Se recuerda un paro cívico en La Jagua como reacción a la presencia de enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos que respiran el polvillo negro, algo de lo cual también se quejan los afectados por el tráfico vehicular y de trenes.
El mismo polvillo ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y desvalorizado las propiedades que allí se asientan.
Consulté la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pero no lleva registro público de infracciones contaminantes ni menos de sanciones a sus perpetradores.
Sin embargo, el Ministerio sí multó con $100 millones —menos de US$50 mil— a la firma American Port Company, filial de la multinacional Drummond, por polucionar las playas alrededor de El Rodadero en septiembre de 2007.
La Drummond anunció recientemente que duplicará su producción hacia el futuro con la concesión que les hiciera el Gobierno de las minas de El Descanso, Rincón Hondo y el Hatillo, 17 mil hectáreas adicionales como premio a su comportamiento ejemplar.
Según el vocero de la empresa, “Colombia tendrá la mina a cielo abierto más grande del mundo y con los estándares ambientales más severos”, reflejando la confianza inversionista en el país.
El ministro del Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, resaltó: “La Drummond tendrá que garantizar las más altas compensaciones y estándares ambientales impuestas dentro del marco de la ley para explotar la mina. Estos estándares se tendrán que aplicar en lo sucesivo a toda la industria del carbón”, algo que parece depender más del autocontrol del resto de la industria (El Cerrejón, Prodeco, etc.) que de la propia desidia del Gobierno.
* Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.