A la salud le falta equilibrio

Las diferencias entre los regímenes subsidiado y contributivo ponen en peligro el sistema, así como las coberturas no POS.

En una verdadera avalancha se convirtió la “tutelitis” para buscar la  ampliación de cobertura de servicio  dentro del sistema del salud en el país.

Los afiliados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y al sistema en general recurrían a esta posibilidad para obtener tratamientos médicos no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, (POS).

Por ello, este mecanismo excepcional se convirtió en el remedio. Cerca de la tercera parte de las acciones de tutela que se instauran hoy en el país, de acuerdo con estudios de la Defensoría del Pueblo, corresponden a reclamos que los colombianos hacen de servicios de salud. En su mayoría ocurren porque los llamados Comités Tecnicocientíficos de las EPS demoran o niegan las solicitudes de los ciudadanos.

Fue tal el volumen de reclamos a través del mecanismo jurídico, que en julio del año pasado la Corte Constitucional ordenó la reorganización del sistema de salud, a través de la Sentencia T-760, en la cual se estudiaron de forma conjunta veinte tutelas interpuestas por usuarios y empresas del salud. El alto tribunal dispuso que las autoridades del sector, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, debían revisar y actualizar el POS y asegurar la viabilidad del sistema.

Estas medidas, en su mayoría, deben ser implementadas antes de 2010 e implican importantes cambios en la prestación de los servicios de salud, el manejo de las finanzas del sector y cambios en el modelo de negocios que han desarrollado las EPS.

Cargas mal repartidas

El objetivo principal que se propuso en la Ley 100 de 1993 fue alcanzar la cobertura total en salud en Colombia; en la actualidad la meta llega al 90%.

Hoy, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en el país hay 19’545.292 personas afiliadas al Régimen Subsidiado (RS), financiado con los aportes de los afiliados al Régimen Contributivo (RC), que llegan a 17’276.041 (los trabajadores formales pagan a través de la nómina).

Pero el sistema ha evidenciado en estos años quebrantos de salud en el modelo financiero. Los inspiradores de la Ley 100  habían estructurado un modelo en el cual el equilibrio se conseguía con un 30% en el RS y 70% en el RC. Pero la realidad es que poco más de la mitad de la población está afiliada al subsidiado, y tan sólo el 39% pertenece al contributivo.

Ocurre que la afiliación al RC se encuentra lejos de su proporción ideal. En el documento Coyuntura Social de Fedesarrollo, de diciembre de 2008, se afirma que el empleo formal, debido a los altos impuestos a la nómina, no ha crecido como se tenía previsto. De hecho, la población afiliada al RC, desde 1996, sólo ha oscilado entre un 30 y 40%.

La vena rota

Otra situación que afecta la estabilidad del sistema tiene relación con los tratamientos fuera del POS que las EPS deben cubrir. De acuerdo con Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi, gremio que reúne a las EPS, “la prestación de servicios de salud se distorsionó porque la Corte Constitucional desconoció los límites del POS, lo cual disparó el gasto de las empresas. Aunque esta situación se puede mejorar con un nuevo Plan Obligatorio de Salud”.


En teoría, esos gastos le serían devueltos a las empresas a través del Fosyga (Fondo de Seguridad y Garantías). Pero a diciembre pasado, la entidad debía a las EPS $770 mil millones. En el tema hay controversia porque el Gobierno considera que la mitad de esta cuantía sí corresponde a tratamientos incluidos en el POS, mientras las empresas sostienen lo contrario. Según sostiene Acemi, el gasto por tratamientos no incluidos en el POS subió de $50 mil millones en 2002 a $1 billón a finales del año pasado.

El tema tiene fondo porque si las EPS no reciben los reembolsos, muchas entrarían en causal de disolución y la Superintendencia tendría que intervenirlas. Díaz-Granados considera que  “sería una paradoja absurda, el Estado las interviene porque no les pagó. Eso en buen romance se llama expropiación sin indemnización”.

Aunque el fallo de la Corte conminó al Fosyga a cancelar la mitad de las deudas, los recursos no han llegado a las empresas. Pero el superintendente de Salud, Mario Mejía, dice que sí se están pagando obligaciones por medicamentos y procedimientos no POS y llamó la atención sobre la imposibilidad de cubrir todos los servicios de forma ilimitada: “Hay que ser conscientes de las restricciones fiscales del país”.

En este sentido, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, manifiesta que nunca antes en Colombia había habido tanto dinero para el sistema de salud como hoy. Las cifras se mueven entre $23 y $26 billones al año. Ningún sector tiene tanto dinero, cerca del 8% del PIB. “Creo que el problema no es de suficiencia de recursos, como muchos están diciendo; lo que se está viviendo es un problema crónico de movilidad de esos dineros”.

¿Y la infraestructura?

Ésta forma parte de la universalización de la salud. Hoy, en Colombia hay 12 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio de América Latina es de 20.

Las Empresas Promotoras de Salud han hecho inversiones en infraestructura. Pero hay una solicitud de las clínicas y hospitales para que no se les permita a las EPS tener su propia red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o limitarla porque en su opinión esta actividad debe estar reservada para ellos, petición que no comparten las EPS.

Al respecto, el asesor de la Clínica Shaio, Fabio Echeverri Correa, afirma: “Los aseguradores deben ser aseguradores y las clínicas deben ser clínicas y hospitales, pues cuando se empiezan a invadir terrenos creo que se dan malentendidos”.

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