Impuestos con fines políticos

Gobierno, rajado en materia tributaria. Análisis.

El convulsionado ambiente político del país les ha restado atención a sus problemas críticos; tal vez por eso los candidatos a la Presidencia y al Congreso se han pronunciado sólo marginalmente sobre el negro panorama tributario. Entonces, no viene mal recordar el ambiente reinante en estos campos que nos afectan a todos. Más oportuno aún, porque la política de confianza inversionista del Gobierno está montada, además de la seguridad democrática, sobre una amplia y generosa piñata de prebendas tributarias de muy larga duración, cuya estructura y resultados son cuestionables.

En el primer año del gobierno actual se crearon diez nuevas exenciones del impuesto sobre la renta para actividades tan diversas como la hotelería, la energía eólica, la sísmica, la navegación fluvial y el leasing habitacional por períodos que llegan a 20 años, a las cuales se agregó en 2004 una más para los cultivos de palma, cacao y otros productos.

Pero quizá la medida más audaz e inexplicable es la que redujo a menos de la mitad la tarifa del impuesto de renta de las zonas francas, con posibilidades de bajarla a 9%, rompiendo así el esquema tradicional que reservaba esta figura para la incorporación de bienes y servicios nacionales a productos destinados a la exportación. Ahora se pueden crear prácticamente para cualquier cosa, durante 30 años y, como si fuera poco, están exentas del IVA. Todo un apetecible menú.

Según cifras de la DIAN, durante los años 2007 y 2008 los beneficios y las exenciones en el impuesto de renta le costaron al Estado casi $13,8 billones, de los cuales más de la mitad correspondieron a la reducción por compra de activos. En el quinquenio 2004-2008, este beneficio creció para las sociedades de 0,7 a 2,4% del PIB, y en el mismo período su costo para el fisco fue de más de $10 billones.

Pero lo que es peor, en un país cuyo principal problema es el desempleo, se ha otorgado en proporción inversa a la ocupación de mano de obra. Tomando los cinco sectores más beneficiados con esta deducción y comparando su costo fiscal con los datos de ocupación del DANE, encontramos que, en el período mencionado, el sector de minas y petróleos recibió $13,4 millones por cada persona ocupada, $ 11,7 millones los servicios de energía y otros $1 millón para la industria, $0,8 millones al transporte y $0,2 millones al comercio.

Sin excepción, todos los organismos internacionales —Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario Internacional y hasta la propia Oecd— y todos los reconocidos expertos censuran los beneficios tributarios como mecanismos para atraer la inversión.

El gran reto para los futuros gobernantes y congresistas consiste en que la tan anhelada reforma tributaria estructural es cada día más inalcanzable, debido a que los privilegios y las iniquidades se están blindando mediante contratos discrecionales de estabilidad jurídica, primordialmente por los mayores contribuyentes. Entonces, ¿quiénes pagarán las reformas? Las pymes, que no pueden acceder a ellos, y al final todos, porque cuando falten los recursos se echará mano de la creatividad para inventar nuevos tributos. Esta es una experiencia demasiado repetida para ignorarla.

* Consultor de impuestos

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