Reforma a la justicia: ¿realidad o maquillaje? (I)

HABER EJERCIDO LA NOBLE PROFEsión de abogado durante más de 40 años, unas veces a este lado de la barandilla, como juez, y otras al otro lado como litigante, me da cierta autoridad para opinar sobre la reforma que se pretende al aparato de la justicia.

HABER EJERCIDO LA NOBLE PROFEsión de abogado durante más de 40 años, unas veces a este lado de la barandilla, como juez, y otras al otro lado como litigante, me da cierta autoridad para opinar sobre la reforma que se pretende al aparato de la justicia.

Si en mis manos estuviera dejaría las cosas en su mayoría como están y pondría énfasis en dos puntos: un aumento en el presupuesto, para fundamentalmente aumentar el número de juzgadores, y una intensa, intensísima, política de capacitación de los jueces.

Pienso que las leyes actuales, sustantivas y de procedimiento, son buenas y en términos generales no requieren cambios de fondo. En materia de términos, éstos ya se han acortado al máximo y aun cuando algunos abogan por más recortes, dizque para hacer más pronta la administración de justicia, las demoras que se presentan no son culpa de los términos sino, por una parte, de la congestión que se registra en la mayoría de los despachos, y por la otra, digámoslo francamente, por pereza e incompetencia intelectual de los juzgadores.

Claro que la justicia debe ser pronta pero ello no se logra recortando términos ni sólo aumentando el número de jueces. Al lado de pronta debe ser sabia, en lo posible; y digo en lo posible, pues no siendo una ciencia exacta lo que toca es que sea convincente. ¿Cómo, me pregunto, puede un fiscal, un juez penal, civil, administrativo o laboral tener su despacho al día cuando tiene que dar curso a sesenta o más procesos? Y si a lo anterior se suma la incompetencia intelectual y la pereza u otros vicios, la situación se vuelve crítica.

Aquí no debemos decirnos mentiras. Las decisiones aberrantes que la sociedad padece con frecuencia, no son producto de las leyes vigentes sino de falta de preparación de quienes imparten justicia. Podría mencionar miles de casos; baste por el momento citar dos, el de un fiscal, en un proceso por presunto homicidio del esposo, que tuvo detenida por largo tiempo a la cónyuge divorciada, con base en un mal llamado indicio de autoría consistente en no haber concurrido al sepelio del marido, y el caso de la negativa a que se reconociera un seguro de vida al beneficiario de una póliza decidiendo el juez que los beneficiarios debían ser otras personas, a pesar de no estar señalados como tales en el respetivo contrato. Y no me resisto a mencionar otro caso aberrante: el que decidió que un contratista, asesor de imagen de un funcionario, violaba sus obligaciones contractuales por no ser dibujante o artista.

Claro que al lado de jueces incompetentes intelectualmente y/o pésimos trabajadores hay miles de juzgadores capaces, conscientes de su altísima y delicada misión, pero éstos sufren entonces por falta absoluta de tiempo para atender el abrumador número de procesos asignados.

Me pregunto si la propuesta de reforma que se diseña soluciona lo anterior y la respuesta es negativa. Ni la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, ni elevar la edad de retiro forzoso, ni la forma de elegir magistrados, ni el alargamiento del período para el que se eligen, para no mencionar sino algunos de los aspectos propuestos, van a solucionar los problemas que llamo fundamentales en la impartición de justicia, que son, repito, la duración de los procesos por la congestión y la baja calidad de las decisiones.

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