Uribe y las bases militares

LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO entre el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos en virtud del cual el ejército de este país podrá operar bases militares colombianas, suscita muchas dudas razonables, no sólo desde una perspectiva política sino también jurídica. Voy a plantear algunas desde este último ámbito.

A cualquier observador ecuánime tiene que intrigarle el hecho de que el Gobierno haya tramitado el acuerdo de manera clandestina, escamoteando su contenido no sólo a la opinión pública colombiana sino a los gobiernos de los países vecinos que han manifestado justificada inquietud tanto por el contenido, sugerido en el mismo anuncio del Convenio, como por la renuencia del Gobierno a revelarlo. Resulta difícil aceptar que tanto misterio rodee a un mero acuerdo simplificado, corolario lógico de anteriores tratados, que precisamente por esa razón estaría sustraído al debate democrático en el Congreso y al examen de constitucionalidad de la Corte.

En un intento de imposible legitimación, el presidente Uribe sometió el famoso Convenio al juicio del Consejo de Estado, con la secreta pero evidente esperanza de que ese tribunal, en ocasiones tan dócil a los propósitos del Jefe de Estado, le impartiría su beneplácito. Pero no fue así. Con toda razón, el Consejo de Estado le indicó al Gobierno que debía enviarlo al Congreso para que en ese escenario se decidiera sobre su aprobación o improbación.

La estrategia del Gobierno era clara: asimilar la permanencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, que es lo que el Convenio establece, al “tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional” o a la “estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación”, caso en el cual sí le atribuye la Constitución (art. 237-3, inciso 2) al Consejo de Estado la función de “ supremo cuerpo consultivo del Gobierno”. Pero el órgano consultivo advirtió, sin vacilaciones, que el caso planteado en el Convenio es bien diferente.

Tampoco era pertinente enviarlo al Senado, pues la función que a éste le atribuye el artículo 173-4 Superior, es, de nuevo, “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

¿Qué era, entonces, lo que el Gobierno debía hacer? Cualquier cosa menos escudarse en el argumento inadmisible y simplista de que él es competente para celebrar este tipo de “convenios simplificados” que son mero desarrollo de tratados anteriores, esos sí celebrados con todas las de la ley, y que esa circunstancia la valora él, unilateral y soberanamente.

Uno se pregunta: ¿en la cabeza de qué mortal, en uso de sus más simples facultades mentales puede caber la idea de que la evidente cesión de la soberanía a un ejército extranjero asentado en el territorio del país, es asunto tan trivial que puede decidirlo un gobierno —dentro de un Estado de derecho— sin debate parlamentario ni control de constitucionalidad alguno?

Pero el asunto es aún más de fondo: ¿qué norma superior habilita al Gobierno para celebrar convenios de esa índole? Y la respuesta contundente tiene que ser: ninguna.

Y si alguien dotado de sentido común pero carente de conocimientos jurídicos, arguyera en forma de interrogación: ¿y qué o quién le impide al Gobierno suscribir ese tipo de acuerdos? La respuesta tendría que explicarle que, mientras los simples ciudadanos pueden hacer legítimamente todo lo que la ley no les prohíbe, los organismos del Estado y los funcionarios públicos sólo pueden hacer válidamente aquello para lo que se encuentran expresamente facultados.

Por último: cuánta ironía aleccionadora encierra el hecho de que en la misma ceremonia de suscripción del Convenio por parte del Canciller colombiano, en presencia del Embajador de los Estados Unidos, éste manifestara que su gobierno no podía aún firmarlo, pues previamente debía someterse a consideración del Senado de su país.

 

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