Por: Cristina de la Torre

Con droga, paz imposible

YA NO PUEDE NEGARSE. EL GOBIERNO de Santos protagoniza un viraje que nadie esperaba y enardece a la ultraderecha de este país.

Disponer la devolución de tierras malhabidas y reconocer el conflicto son cargas de profundidad que dinamitan el pedestal de Álvaro Uribe. Porque acotan el tránsito de la guerra de aniquilamiento —gloria del expresidente— a un escenario de presión militar que se abriría, sin embargo, a la negociación política con las guerrillas. Así lo expresa el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, en entrevista concedida a El Nuevo Siglo el 27 de marzo. Al cambio de estrategia militar se sumarían audacias agrarias que el presidente avanza “para saldar la deuda insoluta con las víctimas”.

Se apropia así, de paso, de la bandera histórica de las Farc. Verdad archisabida es que la tierra estuvo siempre en el corazón del conflicto. Al punto que Cano, el jefe de ese grupo armado, asoció esta ley de Tierras a la solución negociada de la guerra. Y el propio Santos rubricó la aprobación de la ley de Víctimas con estas palabras: “se me acusa de querer la paz; me declaro culpable”. Pero olvida la nuez: mientras haya narcotráfico, será esquiva la paz. Una quimera, mientras sigan fluyendo chorros de narcodólares a los morrales de las Farc.

Viuda quedará la voluntad del Gobierno si no se despenaliza la droga, única manera de extinguir el negocio que alimenta a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Y aboca a los colombianos a una guerra sin fin. Prueba al canto, la malograda negociación de paz con las autodefensas en el gobierno anterior. Tras la propaganda y las fanfarrias de desmovilizaciones reales y ficticias se diluyó el hecho decisivo: nunca se reconocieron sus vínculos con el narcotráfico. Hoy el negocio sigue intacto y sus estructuras militares recicladas en bacrim. Por lo que hace a las Farc, todos los estudios demuestran que éstas andan en el narcotráfico desde 1995. “Securempire” afirma que 40 de sus 66 frentes actuaban en zonas de cultivo y producción de cocaína. Otros frentes se aplicaban al control y producción del látex de amapola en amplias zonas del país. Más de la mitad de sus finanzas provenían en 2002 del narcotráfico: la friolera de 4,3 billones de pesos cada año. Sólo en los bloques Oriental y Sur, ellas tendrían nexos con 56 organizaciones de narcotraficantes. Noticias de prensa dan cuenta ahora de sus oscuras alianzas, aun con las tenebrosas bacrim.

De allí que resulte providencial el resonante llamado de la Comisión Global de Políticas de Drogas a legalizar y regular el consumo de estupefacientes. Y la extensión del debate hacia los foros internacionales, sin cuyas decisiones Colombia poco puede. A negocio global, debate global. Deben de andar retrecheros los más feroces enemigos de la despenalización: los paraísos fiscales, el Banco Mundial, el FMI, los productores de armas e insumos químicos para procesar la droga, los ejércitos; las legiones de agentes de la DEA, de economistas, ingenieros y abogados, galaxia multicolor que vive espléndidamente de la guerra contra la droga, que en Estados Unidos funge como política de seguridad nacional.

Mientras persista el narcotráfico en Colombia, alimentado por la criminalización, difícil pactar la paz con las Farc. O con cualquier grupo armado enganchado en el negocio. Las drogas ilícitas seguirán siendo la locomotora más poderosa de nuestra economía. Salvo que el gobierno dé en esta materia un timonazo semejante al de su ley de Tierras. Tal como lo sugiere la canciller Holguín, para quien la guerra contra la droga “no ha funcionado”. Será hora de comprender que la paz corre pareja con el desmonte de ese mercado negro. Que la batalla habrá de darse a la vez, en Colombia y en los foros internacionales, contra los profetas de todas las guerras.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cristina de la Torre