Por: Cecilia Orozco Tascón

Las vueltas de la vida

A un mes de instalada la administración Uribe, en septiembre de 2002, el Instituto Penitenciario (Inpec) y las Fuerzas Armadas activaron un cinematográfico operativo con caravanas de helicópteros para concentrar a 80 criminales, provenientes de las prisiones de todo el país, en la de máxima seguridad de Cómbita.

Según se supo, el masivo movimiento obedecía a una estrategia de seguridad y de reorganización de los centros penitenciarios. Entonces como ahora, había casas fiscales anexas a las cárceles para recluir a políticos y exfuncionarios. Ese día el Inpec anunció también el traslado de los internos de estos sitios especiales a “celdas normales” por decisión del ministro Fernando Londoño, quien había dado una de sus primeras órdenes: “se acaban los privilegios para los delincuentes de cuello blanco”.

Recordé esa época por los lugares en donde hoy pasan sus días de detención preventiva el copartidario y amigo de Londoño, Andrés Felipe Arias, y Bernardo Moreno, el secretario general de su exjefe Álvaro Uribe. Arias fue recluido en el Cantón Norte, un complejo precioso con amplias zonas verdes y espacios al aire libre en donde se practica la equitación. Moreno fue llevado a la Escuela de Carabineros de la Policía, que cuenta con un estándar de vida similar a la del Cantón.

En cambio los excompañeros de estos dos ilustres detenidos, o sea viceministros y asesores del Ministerio de Agricultura de un lado, y directores y subdirectores de departamentos adscritos a la Presidencia de la República, del otro, permanecen privados de la libertad en las casas fiscales que nunca se cerraron, pese a Londoño, y cuyo número, lejos de disminuir, aumentó considerablemente desde 2002.

Si se simplificara la situación nacional de los presos, uno podría sostener que los de clase baja están en las “celdas normales”. Los de clase media, no sólo exfuncionarios sino también particulares de “cuello blanco” como los Nule, en las residencias fiscales. Y los de clase alta, en los clubes para uniformados. Curioso que la demostración de que jamás se cumplió la norma de Londoño sean sus propios amigos y compañeros de gobierno. Hay otros detalles que me llaman la atención. Por ejemplo, no había un miembro de gabinete ministerial recluido en el Cantón Norte desde hace 14 años, cuando debido al escándalo del proceso 8000 fue detenido allí Fernando Botero, ministro de Defensa del momento. El doctor Londoño debe acordarse bien de aquel episodio, pues era el defensor de Botero y lo iba a ver a diario. A Bernardo Moreno se le aseguró residencia en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), que lo convertirá en vecino de su líder, el expresidente Uribe. Como se sabe, éste se fue a vivir a ese lugar cuando desocupó la Casa de Nariño.

No deja de ser paradójico que la Fiscalía argumente que el aislamiento de Arias y Moreno es necesario para que no obstruyan sus indagaciones y que los detengan, pero que en vez de evitarles las compañías se les garantice su acceso a personajes presuntamente involucrados con los mismos hechos por los cuales están siendo investigados, entre otros el doctor Uribe. A propósito, ¿en qué estaría pensando el presidente Santos —aparte de calmar la ira de unos cuantos— cuando permitió que Arias viviera en instalaciones militares y Moreno en policiales? ¿No tendrá memoria de lo que planeaban los visitantes de Botero y sus anfitriones?

 

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