Colombia clasificó a cuartos de final de la Copa América

hace 7 horas
Por: Felipe Zuleta Lleras

La llave maestra

Hoy se habla del cerrojo que se colocó a la puerta giratoria con el recientemente expedido Estatuto Anticorrupción, pero este cerrojo ya existía, en efecto, el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 indicaba desde antes de la expedición de dicho estatuto que “A todo servidor público le está prohibido: (…) Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra”. Esto en pocas palabras quiere decir que incluso antes de la expedición del Estatuto ya existía una prohibición que impedía que los miembros del gobierno Uribe salieran directo a trabajar con quienes regulaban, controlaban, vigilaban o se veían de una u otra forma beneficiados por las decisiones de política que ayudaban a construir desde sus cargos. Estos casos incluyen al exministro de Minas Hernán Martínez, que salió a trabajar directamente como miembro de junta de una importante empresa minera, a la exalta consejera presidencial Claudia Jiménez, que saltó a dirigir un gremio minero, o al exsuperintendente Gustavo Valbuena, que estaría asesorando a los operadores de cable cuyas fusiones aprobó, por nombrar sólo unos pocos casos.

Así que por supuesto hay que aplaudir que con la Ley 1464 de 2011 se haya extendido ya no a uno si no a dos años las citadas prohibiciones, pero para que estas leyes no queden en letra muerta y saludos a la bandera y haya una verdadera lucha frontal contra la corrupción, se requiere que las autoridades las hagan cumplir, no sólo las actuales sino las anteriores. Por tanto, el señor procurador Ordóñez está en mora de investigar a los funcionarios del gobierno Uribe que no hayan atendido las prohibiciones que el régimen anterior les imponía respecto de trabajar con empresas relacionadas con sus funciones por el término de un año, y por supuesto a todos aquellos que a partir de ahora incumplan con el nuevo régimen. Lo contrario sería reconocer que los ungidos por el presidente Uribe en altos cargos contaban con una llave maestra que les permitía eludir estas prohibiciones y responsabilidades.

La norma recientemente creada y la existente que no se ha aplicado tienen como finalidad precisamente que los exempleados públicos se abstengan de asesorar a quienes los dos años inmediatamente anteriores tuvieron que controlar o supervisar. ¿Será esta otra ley para no cumplir? Averígüelo Vargas.

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Notículas:

Apenas el país empieza a ver decisiones judiciales frente a los casos de corrupción recientes; entonces salen los cancerberos a agredir a la fiscal general y a los jueces y a sostener que los altos exfuncionarios no estaban obstruyendo a la justicia. Y pregunto: ¿acaso no es obstrucción a la justicia ayudar a una persona imputada por gravísimos delitos a asilarse en otro país?

Por ausentarme del país esta columna volverá a aparecer el primer domingo de septiembre.

 

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