Por: Gustavo Gallón

"Justicia y paz", otro falso positivo

"El paramilitarismo está vivo (…) Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas y políticos no han roto lazos con organizaciones ilegales”, ha dicho el exjefe paramilitar alias Ernesto Báez (El Espectador, ag. 7/11).

Así, y con más de diez mil paramilitares en actividad (que las autoridades no reconocen), es evidente que el proceso realizado por el gobierno anterior con estos grupos no ha producido la paz, pese a la desmovilización de un número discutible de combatientes. De otra parte, sin desconocer algunos logros, como el descubrimiento de casi cuatro mil cadáveres o la confesión de más de 57 mil delitos, no hay duda de que la meta de verdad, justicia y reparación se encuentra muy lejana, si hay apenas tres paramilitares con sentencia en aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”. Muchas voces calificadas coinciden entonces en proponer su reforma porque la consideran fracasada en sus objetivos, luego de seis años de vigencia.

Un primer problema con esta propuesta es que una ley de reducción de penas para crímenes de lesa humanidad —que en eso consiste la mencionada ley— sólo se justifica jurídicamente en aras de la paz, y así lo dijo la Corte Constitucional al revisarla. En ausencia de paz, lo lógico sería no conceder la reducción de penas. Sólo sería admisible una reforma basada en el propósito de rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación (y no simplemente en el de descongestionar el proceso), teniendo en cuenta los esfuerzos de todo orden invertidos en esta materia.

Un segundo problema es a quién se aplicaría dicha reforma. La Fiscalía dice que hay 4.500 postulados a la llamada ley de “justicia y paz”, es decir, paramilitares que aceptaron acogerse a los beneficios ofrecidos por esa ley por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, más de 3.000 de ellos no han comparecido a la Fiscalía y son prófugos de la justicia, sin que a nadie le haya preocupado. No bastaría reformar la ley, sino también capturar a estos más de 3.000 prófugos y aplicarles justicia.

Resuelto lo anterior, sí cabría estudiar fórmulas para agilizar los procesos, con miras a favorecer ante todo los derechos de las víctimas, más que los de los victimarios. Para ello, convendría tener en cuenta al menos cuatro consideraciones. En primer lugar, garantizar efectivamente la participación plena de las víctimas desde el inicio de las actuaciones. Ello implica la posibilidad de apelar la formulación de cargos, de tal forma que puedan incluirse delitos no considerados por la Fiscalía.

En segundo lugar, que se dé amplia publicidad a las audiencias (con la debida reserva cuando corresponda), para que la sociedad colombiana, como víctima de estos crímenes de lesa humanidad, tenga la oportunidad de conocerlos y superarlos. En tercer lugar, que se recupere la participación de los extraditados, lo cual requiere un empeño audaz de parte del gobierno. Y en cuarto lugar, que haya una actitud más inquisitiva de la Fiscalía en relación con los procesados para que revelen la verdad. Bueno, y por supuesto, que se enfrente el paramilitarismo para que deje de estar vivo y se justifique esta ganga.

* Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

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