Por: Manuel Iturralde

Mano firme, guante de seda

La detención de las personas más cercanas a Álvaro Uribe, su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y su exsecretario general Bernardo Moreno, ha generado gran revuelo en el país no sólo porque el cerco de la justicia se estrecha sobre el expresidente, sino porque parece que la impunidad por fin deja de sonreír a los más poderosos. Como se leía en una portada de la revista Semana: '¡Se acabó el recreo!'

Sin embargo, parece que el recreo va a continuar en el Cantón Norte y la Escuela de Carabineros, donde fueron recluidos Arias y Moreno. A pesar de que pueda existir alguna ley, decreto, resolución o circular que autorice la detención de civiles en establecimientos de la Fuerza Pública, éstos no son sitios adecuados para cumplir los fines de la detención preventiva: que la persona privada de la libertad no represente una amenaza para la sociedad, no se fugue, no manipule las pruebas en su contra o entorpezca la marcha del proceso. Si por algunas de estas razones fueron detenidos los exfuncionarios de Uribe, sus lugares de reclusión no ofrecen mayores garantías.

De una parte, el Cantón Norte y la Escuela de Carabineros no fueron diseñados para ser centros de reclusión de civiles que cumplan con las reglas del Código Penitenciario y Carcelario. De otra parte, el ya olvidado escándalo de los militares presos en la base de Tolemaida evidenció las carencias de este tipo de establecimientos de reclusión que, unidas a la complicidad de las autoridades militares, permitieron que uniformados detenidos por delitos graves entraran y salieran a sus anchas, fueran visitados en cómodos horarios, vivieran con sus familias o tuvieran acceso ilimitado a teléfonos, celulares e internet. Si esto sucedía con sujetos que no tenían la influencia política de Arias y Moreno, qué cabe esperar frente a ellos, abiertamente respaldados por Uribe, que a su vez es amigo y huésped de la Fuerza Pública encargada de vigilarlos.

Sus abogados y el Inpec alegan que fueron recluidos en estos sitios ‘por razones de seguridad’. Pero, ¿no se supone que las prisiones, en las que el gobierno Uribe invirtió cerca de un billón de pesos, justamente existen para garantizar la seguridad de los reclusos y de la sociedad frente a éstos? ¿No se puede garantizar la seguridad de dos personas pero sí la de las otras 115 mil que se encuentran privadas de la libertad? Los nuevos y costosos pabellones de La Picota, que siguen el modelo de máxima seguridad estadounidense y que están prácticamente vacíos, ¿no ofrecen suficientes garantías?

Si nos ceñimos al sentido común, la explicación de la reclusión de Arias y Moreno en tan particulares establecimientos no se encuentra en vagos motivos de seguridad, sino en un rasgo de la sociedad colombiana: su profunda inequidad. Puede que el largo brazo de la ley por fin esté alcanzando a los poderosos, pero, tratándose de ellos, su puño de hierro está envuelto en un guante de seda.

*Profesor y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

291657

2011-08-14T01:00:00-05:00

column

2013-07-24T17:08:14-05:00

ee-admin

none

Mano firme, guante de seda

26

3163

3189

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Manuel Iturralde