Por: María Elvira Samper

De torcidos y manos negras

El oscuro panorama de amenazas de violencia y fraude que ponen en riesgo la legitimidad y la transparencia de las elecciones de octubre en la mitad de los municipios del país, se ensombrece aún más con el nubarrón que pesa sobre la Registraduría por el escándalo en Cali.

El caso, ya en manos de la Fiscalía, es más que un campanazo de alerta. Es resultado de la implosión de la corrupción que han traído consigo las mafias, la politiquería y el clientelismo en el Valle. Curiosa y coincidencialmente, Holman Ibáñez, el funcionario que firmó el documento que invalidó las candidaturas de Susana Correa y Rodrigo Guerrero, y quien tras el escándalo fue removido de la dirección del Censo Electoral, tiene una estrecha relación con la secretaria de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca, protegida del exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por nexos con los ‘paras’ y quien desde la cárcel sigue manipulando los hilos de la política en ese departamento y, según la Corporación Arcoíris, vendió avales del MIO y del PIN en Putumayo y Arauca.

Ese oscuro personaje que fue el poder detrás del trono de la Gobernación del destituido Juan Carlos Abadía, desde la cárcel ayudó a armar el cuestionado PIN a partir de los escombros de partidos uribistas, y más recientemente fraguó el Movimiento de Integración y Oportunidades, MIO, su nuevo mascarón de proa. Es el mismo que con certificados falsos hace pocos días logró un permiso para salir de la cárcel de Barranquilla y viajó a Cali y visitó municipios vecinos para repartir billete y hacer proselitismo por los candidatos de su cuerda, pues tiene la mira puesta en la Gobernación y en las 32 alcaldías que en 2007 fueron conquistadas bajo el paraguas del PIN, hoy en proceso de desintegración.

Pero Cali y Valle aparte, resulta muy sospechoso que aspirantes a alcaldías y gobernaciones que fueron rechazados por los partidos e inscribieron sus candidaturas con firmas recogidas en tiempo récord, hayan pasado sin problema por el cedazo de la Registraduría por el que no pasaron Guerrero y Correa. Si a éstos les pidieron plata para resolverles el problema del registro, no sería extraño que los ‘candidatos-flechaveloz’ también hayan recibido —y aceptado— propuestas similares. Y si por el escándalo en Cali la Registraduría va a revisar una a una las firmas de los candidatos descabezados, debería hacer lo mismo con las que respaldan las aspiraciones de candidatos a quienes los partidos les negaron el aval y entre los cuales figuran, según investigación de El Tiempo, unas joyitas. Por ejemplo, Luis Pérez, rechazado por ño Raimundo y todo el mundo —conservadores, liberales y Cambio Radical—, que inscribió su candidatura a la Alcaldía de Medellín con 127.000 firmas; Richard Aguilar, delfín del exgobernador Hugo Aguilar —preso por ‘parapolítica’—, aquí en La U le hicieron el feo y se inscribió a la Gobernación de Santander con 70.000 mil firmas; Édgar Díaz, que no recibió la bendición de los azules y sustentó su aspiración a la Gobernación de Norte de Santander con más de 170.000 firmas; Luis Miguel Cotes, ‘el Mello’, forzado a renunciar al aval del Partido Liberal motivo padrinazgo del exgobernador Trino Luna —también condenado por ‘parapolítica’—, que se inscribió para la Gobernación del Magdalena con 160.000 firmas; Susanie Davis Bryan, investigada por irregularidades cuando fue gobernadora de San Andrés, que recogió 20.000 firmas porque quiere repetir en el cargo.

Son botones de muestra sobre los cuales los organismos de control deberían poner los ojos. Porque el sistema de recolección de firmas fue concebido para abrir espacios a candidaturas independientes, y no como tabla de salvación para personajes de dudosa ortografía y oscuros patrocinios.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de María Elvira Samper

Más violencia no destraba el proceso de paz

¿Quién le teme a Vargas Lleras?

Un abismo entre obispos

Fiscal desbocado