Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La parábola de Gilma

La senadora Gilma Jiménez ha conseguido notoriedad gracias a su populismo punitivo, porque se ha autoerigido en vocera de los niños víctimas de violaciones sexuales, y casi que dueña de ellos.

Por cuenta de eso llegó al Senado, y desde allí lleva meses impulsando el referendo para definir si sus compatriotas estamos o no de acuerdo con imponer cadena perpetua a los violadores de menores de edad.

La propuesta de sancionar con cárcel irredimible a los violadores es taquillera, sobre todo cuando se suelta en el ambiente enrarecido de cada agresión a un menor, pero no es científica, eficaz o inteligente. Las familias en cuanto oyen de un violador, sin fórmula de juicio, reclaman infierno perpetuo para el agresor, lo cual es comprensible. Igual ocurre cuando se tiene noticia de que un violador está próximo a salir de prisión después de purgar muchos años de detención, pues ante esa eventualidad no falta quién inflame las emociones, alarmando a la sociedad y pidiéndoles a jueces y funcionarios que incurran en toda clase de arbitrariedades, con tal de que el “monstruo” siga detenido de por vida.

En el Congreso no ha sido recibida bien la convocatoria de este referendo, y ojalá termine de naufragar esa aventura que tantos dividendos políticos y mediáticos le ha representado a la senadora Gilma. De prosperar tal convocatoria, los afectados con otros delitos, a los que obviamente siempre les parecerá que aquel del que fueron víctimas es más grave que todos los demás crímenes, también van a querer que a sus victimarios se les sancione de igual manera. Y bajo el argumento de la sola emotividad, también tendrían derecho de exigir que si los violadores son condenados a cadena perpetua, tal pena deba aplicarse para sancionar cualquier delito.

La senadora Gilma ha hecho de esta causa de la prisión perpetua para violadores un jugoso motivo para hacer política en su exclusivo beneficio y por ello se le ve enceguecida y hasta exaltada, al extremo de que con sus declaraciones desafortunadas un día descalifica a un grupo de abogados expertos que en el Congreso se pronunciaron en contra de su iniciativa, y al siguiente se viene lanza en ristre contra sus colegas del Senado que discrepan de su posición.

En efecto, al término de una de las deliberaciones en el Congreso, donde se adelanta el debate para definir si se convoca el referendo, la senadora Jiménez descalificó injustamente a los profesionales del derecho que con bases científicas refutaron sus argumentos, sugiriendo —al mejor estilo furibista— que estaban fletados por oscuros intereses, sin ser ello cierto. Además, cuando su colega Ángela María Robledo sustentó su preocupación de que este referendo podría ser inconstitucional —como lo creemos muchos otros colombianos— la fustigó con soberbia, sindicándola de que ella “está más interesada en la rehabilitación de los agresores que en los niños violados que son las víctimas”.

La política criminal no puede definirse en las urnas, mucho menos bajo la presión de emotivas reacciones contra los delincuentes. Eso es lo que en últimas pretende el malhadado referendo convocado para que el pueblo decida condenar a cadena perpetua a los violadores. El temido grupo de los extraditables en su época también pretendió convocar una consulta popular para que se definiera la vigencia de la extradición, que seguramente habrían ganado en las urnas. Las sanciones y los destinos de los criminales se definen con criterios serios y científicos, jamás en las plazas públicas, ni por mayorías, porque en ese tema los gobiernos tienen que asumir el riesgo de la impopularidad.

A la senadora Jiménez le convendría serenarse. Quienes no estamos de acuerdo con su referendo, ni somos violadores, ni defensores de los victimarios, ni detestamos a los niños.

Adenda. Es obvio que a Alejandro Ordóñez no le puede gustar que se  reforme el sistema de la elección del procurador, porque se le descuadra la camarilla que ya tiene orquestada para su tramposa reelección.

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