Por: Lisandro Duque Naranjo

Mapiripán

Hoy en día, sobre la masacre de Mapiripán, abunda la vigilancia no apenas local sino internacional, lo que por fortuna impide que ese episodio se trate de minimizar con el pretexto de "lavar los trapos sucios en casa".

Existe, además, una confesión escrita por Carlos Castaño que informa de una cantidad de 49 asesinados, y un documento de la Fiscalía, de abril de 2011, que eleva esa cifra a 77, 28 más de los aceptados por Castaño, quien por haber confesado su “hazaña” en caliente quizá no tenía un estimativo confiable sobre lo hecho por sus psicópatas en ese recorrido dantesco que duró entre el 15 y el 20 de julio de 1997, y por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2005, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización.

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Fiscalía le disminuyó 64 víctimas a esas 77 que reconoció un semestre antes, dejando en 13 la cantidad de masacrados en Mapiripán. Pero esta semana, quizá por promoción navideña, la Fiscalía siguió de para abajo hasta dejar en 6 los muertos, encimándoles tres desaparecidos y dos secuestrados. De seguir esa tendencia, el próximo informe dirá que lo ocurrido en Mapiripán no fue más que una reyerta a botellazos. Los 120 paramilitares llegados en dos aviones a ese municipio, como que se dedicaron fue a mirar paisaje y a matar a uno que otro ciudadano que se les atravesó. Como dicen en Antioquia, no sacaron lo del viaje.

Basado en ese rigor forense, esta semana el Gobierno mandó a su canciller y al ministro de Justicia a pedirle a la CIDH revisar la sentencia en vista de que los asesinatos, si mucho, no pasaron de 13, y de que además se estaban colando falsas víctimas para defraudar las arcas públicas. La intención de esas estadísticas minimalistas no es otra que la de borrar de la memoria pública la verdadera dimensión de aquella salvajada contra todo un pueblo que hace 14 años nos estremeció a los colombianos y al mundo. Y, por supuesto, mermarle gravedad al papel desempeñado por altos oficiales que les colaboraron a los autores de ese holocausto. No en vano está en plena discusión un fuero militar con el que el estamento armado pretende inmunizarse frente a la justicia ordinaria y sacar a algunos de sus “héroes” de la cárcel.

Capítulo aparte merece la pretensión del Gobierno de desacreditar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cejar), artífice de la demanda en representación de varios familiares de asesinados en Mapiripán. Como una de las poderdantes, Mariela Contreras, mintiera respecto a la supuesta pérdida de su marido y dos hijos, quienes reaparecieron vivos varios años después, al Cejar le cayeron encima con las peores estigmatizaciones los medios de comunicación y los funcionarios del Gobierno, empezando por el propio presidente, quien tildó a sus miembros de “avivatos y corruptos”.

Ese engaño lo conocía el Gobierno desde 2008, y apenas lo sacó a colación ahora, para golpear la reputación del Cejar, que es un alfiler en la camisa para los violadores de derechos humanos. En realidad, el Colectivo de Abogados no es el causante de esa irregularidad. Lo son, sí, los organismos de justicia y la Fiscalía, a los que le corresponde recaudar pruebas para después proveérselas a los demandantes, quienes no tienen por qué reiniciar una investigación que les compete a los jueces. Así de sencillo. De modo que déjese alguna gente de opinar sandeces sobre tan honorable grupo de juristas, al que en este momento le llegan de todo el mundo mensajes solidarios de las organizaciones más prestantes.

Quien sí está en un gran aprieto es el presidente Santos. Porque él sabe el significado que tiene la justicia en un mundo globalizado y sus subalternos del Ejército siguen aferrados a un concepto demasiado doméstico, que nada que ver con estos tiempos. Y eso se paga.

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