Crisis en Bolivia: ¿Qué sigue tras la renuncia de Evo Morales?

hace 44 mins
Por: Eduardo Sarmiento

Salario mínimo

Replicando el rito de años anteriores, la discusión del salario mínimo arrancó con una propuesta de los empresarios de ajuste de 4,75% y una aspiración de los trabajadores de 8%. El gran interrogante es si en esta oportunidad las dos partes arribarán a un consenso.

La propuesta oficial gira alrededor de un estimativo de inflación causada de 3,75% y de productividad de 1%. Como de costumbre, la productividad se mide en términos de una ponderación del capital y el trabajo, que subestima la contribución del trabajo al producto nacional. Si el cálculo se hace en términos de la productividad del trabajo, el ajuste por este concepto sería de 2% y el total de cerca de 5%.

Pero ahí no para el ejercicio. En los últimos años el salario mínimo, por procedimientos de cálculo o por la determinación unilateral del Gobierno, ha resultado en incrementos por debajo de la productividad. En consecuencia, la participación del trabajo en el PIB ha disminuido sistemáticamente y la brecha salarial se ha ampliado, acentuando los pésimos índices de desigualdad. En este contexto, adquiere sentido la propuesta de los trabajadores de un ajuste de 8% y probablemente no inferior a 7%.

Esta propuesta se vio dificultada en el pasado por las condiciones cambiarias. Un ajuste de esa magnitud colocaba en desventaja a las empresas exportadoras y de sustitución de importaciones expuestas a la revaluación, y podía agravar la informalidad. Hoy en día, su aplicación está condicionada a compensaciones en materia cambiaria o tributaria.

Infortunadamente, la propuesta de los empresarios se mantiene dentro de la actitud de los últimos diez años que concibió el salario como un obstáculo al progreso y su represión como la solución. Un aumento de 1% real en una economía que crece 5% es un exabrupto. En cierta manera, se presume que la mayor parte del crecimiento se debe entregar al capital.

La discrepancia de las dos partes reside en la concepción del salario. Dentro de la visión neoliberal, el Gobierno y los empresarios consideran que la economía evoluciona satisfactoriamente cuando genera altos rendimientos del capital que estimulan el mercado, la inversión y la producción. En cambio, las organizaciones sociales perciben el salario como un mecanismo para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, los mayores lastres de la economía colombiana.

No será fácil avanzar con respecto a experiencias anteriores mientras el diálogo gire alrededor de cifras que no hablan. El dilema se reduce a una pregunta: ¿El salario debe ser un medio para asegurar altas ganancias o un medio para reducir la pobreza y la desigualdad? Si la balanza se inclina en favor de la última opción, no será difícil llegar a un ajuste del salario entre 7 y 8%.

No sobra advertir que este ajuste requiere el acomodamiento de la política macroeconómica. De hecho, implica modificar la política tradicional, en la cual el Banco de la República establece la meta de inflación y la mesa de concertación la toma como la principal referencia para el manejo salarial. Por el contrario, la meta de inflación debe tener la adecuada flexibilidad para evitar las secuelas sobre la producción y el empleo. Asimismo, se plantea una mayor intervención en el mercado cambiario para evitar que el alza de salarios afecte negativamente las actividades transables y propicie la sustitución de mano de obra por importaciones de materias primas y bienes de capital.

El ajuste salarial entre 3 y 4% por encima de la inflación marcaría un avance importante. El salario mínimo dejaría de ser un formalismo, para convertirse en un mecanismo poderoso para reducir la pobreza y las desigualdades.

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