Por: Eduardo Sarmiento

Balance 2011

El producto nacional avanzó más de 5% en los últimos tres trimestres, se debilitó en el cuarto y en 2012 crecerá 4,5%. El desempleo descendió un punto porcentual, pero no está representado en ocupaciones de calidad. Los proyectos sociales presentados al Congreso no rindieron los frutos previstos.

No es un resultado extraño. El desempeño de la economía es liderado por la minería, que se caracteriza por la reducida contribución al empleo y la baja participación de los ingresos laborales en el valor agregado, e induce la expansión de los servicios, cuya ocupación se encuentra en su mayor parte en la informalidad. En contraste, y como consecuencia, la industria y la agricultura no han logrado superar el letargo de veinte años; ambos sectores crecen por debajo del promedio. La infraestructura física, la locomotora que recibió mayor publicidad, se ha visto seriamente obstaculizada por las deficiencias estructurales del sector. Los desembolsos apenas crecieron 1,5% en los tres primeros trimestres y explican la repetición de los estragos invernales. Lo más preocupante es que el crecimiento está apoyado en un déficit en cuenta corriente de 5% del PIB, que le introduce una gran vulnerabilidad a la economía frente a una crisis mundial donde los países buscan superávits.

La política macroeconómica ha sido totalmente absorbida por la burbuja de la inversión extranjera. La entrada de capitales inducida por la enorme rentabilidad de la minería ha generado fuertes presiones de revaluación que se contrarrestan con compras de divisas que dan lugar a grandes expansiones de crédito y elevación de los precios de vivienda. En lugar de actuar sobre la raíz del mal que está en el ingreso de capitales, el Banco de la República ha procedido a contrarrestar las manifestaciones mediante la elevación de la tasa de interés, que se autoderrota. La economía queda entre la revaluación y la explosión del crédito, y ninguna es sostenible.

La principal falla de la administración se encuentra en materia social. El Gobierno presentó una ambiciosa agenda de proyectos para la solución de la crisis de la salud, la reforma de la educación superior y la formalización laboral. Los resultados están a la vista. El POS divulgado recientemente apenas amplía los servicios del sistema anterior. Buena parte de los recursos para la salud especializada tendrán que obtenerse por tutelas y el Gobierno se verá obligado a financiarlas con Fosyga, con sus consecuentes erogaciones. No se logró la universalización ordenada por la Constitución ni la racionalización financiera.

La reforma a la educación, que pretendía darle vía libre a instituciones con lucro individual y la entrada de recursos privados, fue rechazada por la comunidad universitaria y retirada por el Gobierno. Lo grave es que no se vislumbra una voluntad política y presupuestal para cumplir el derecho a la educación superior.

Para completar, los decretos de formalización de la mano de obra que representaron la idea más novedosa no han dado los resultados propuestos. De acuerdo con la información del observatorio de la Universidad Externado, hasta agosto sólo 1.500 empresas con 11.500 trabajadores han accedido a la exención de los aportes parafiscales. La cifra marca años luz de la oferta gubernamental de crear por este conducto alrededor de 100.000 empleos formales por año.

Los anuncios del Gobierno en materia económica y social no tuvieron la contraparte en acciones efectivas que aseguraran su realización. La única locomotora que está en operación es la minería y la inversión extranjera, que viene de tiempo atrás. Los proyectos sociales presentados al Congreso resultaron inocuos o inefectivos. En lo esencial, se mantuvo la misma estructura productiva de los últimos veinte años y no se avanzó en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por eso, la economía no puede sostener tasas de crecimiento de 6%, reducir la informalidad y mejorar la distribución del ingreso.

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