Por: Gustavo Gallón

La eterna vacilación frente al paramilitarismo

“El Ejército no puede actuar contra las ‘bacrim’ porque no han sido declaradas terroristas y entonces esa labor corresponde a la Policía”, declaró por TV algún comandante militar con motivo del paro armado en Urabá. Días antes, un expresidente había urgido a que las bombardearan, “sin la excusa de que no son parte del conflicto”.

Por su parte, el presidente Santos ha anunciado que estos grupos van a desaparecer, y ha ofrecido para ello recompensas y fortalecimiento del trabajo con la Fiscalía.

Cuatro años y medio antes, el Ministerio de Defensa había rechazado un editorial de El Tiempo, según el cual “el cincuenta por ciento del país está copado de nuevo por grupos criminales ligados al paramilitarismo”. Replicó que, además de la Policía, el Ejército estaba desplegando importantes actividades ofensivas. Un Mecanismo de Verificación Conjunto contra las Bandas Criminales —MEVEC—, integrado por las Fuerzas Militares, cuatro agencias de la Policía, el DAS y la UIAF del Ministerio de Hacienda, evaluaría cotidianamente la información sobre estas bandas y orientaría las acciones en su contra.

En julio de 2010 hubo que crear una Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, integrada por los ministros del Interior y de Justicia, y de Defensa, los directores de la Policía y del DAS, el fiscal, el procurador, el defensor del pueblo y el presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura (decreto 2374).

Ello no impidió que seis meses después, el 10 de enero de 2011, fueran asesinados por ‘Los Urabeños’, en San Bernardo del Viento, dos estudiantes de la Universidad de los Andes. El Ministerio de Defensa anunció entonces el lanzamiento de la ‘Operación Troya’, como “un plan de operaciones conjuntas y coordinadas sin precedentes, del Ejército Nacional, de la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS, en el propósito de acopiar inteligencia con el objeto de asfixiar las finanzas del narcotráfico, la minería ilegal y proteger a la población de la criminalidad”.

Poco después, en febrero de 2011, el presidente anunció un plan de seis líneas de acción contra estos grupos, llamado ‘D-6’: desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. En sus palabras, “las bacrim es un tema que requiere una acción integral y efectiva de todo el Estado colombiano (…). El país estaba en mora de ponerlo en marcha”. Según El Tiempo, “entre las medidas esta[ría] quitarle a la Policía la primacía en el tema de la persecución de las bandas, para pasar a una responsabilidad compartida con las Fuerzas Militares, el DAS y la Fiscalía”.

¿Qué será lo que impide que funcionen los múltiples planes que el gobierno colombiano anuncia para enfrentar el paramilitarismo? En 1989 el presidente Barco ordenó la creación de una comisión asesora para coordinar la lucha contra los “grupos de autodefensa”, constituida por tres ministros, el comandante general de las Fuerzas Militares y el director de la Policía (decreto 813), y la integración de una fuerza especial de hasta mil hombres bajo el mando del director de la Policía para combatir a esos mismos grupos (decreto 814). Tampoco funcionó. ¿Qué será?

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

 

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