Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La prueba reina

Ha pasado casi inadvertida la sentencia que, si bien condenó a cinco años y medio al abogado Sergio González por el delito de calumnia, del que fueron víctimas los magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, históricamente es una condena a Álvaro Uribe Vélez, su régimen y su peligroso entorno.

Para septiembre de 2007, los nervios de los inquilinos de la “Casa de Nari” estaban de punta, con las averiguaciones que por la parapolítica estaba adelantando la Corte, conducidas por los magistrados auxiliares Velásquez y Camargo. A ese asunto fue vinculado el primer primo del entonces mandatario, el otrora senador Mario Uribe, lo que hasta ese momento nada de extraordinario tenía, salvo el ruido natural por su parentesco y proximidad con el círculo presidencial. De repente, el presidente llamó telefónicamente a Velásquez a preguntarle sobre si era cierto que un paramilitar estaba declarando en su contra, comprometiéndolo en un crimen, y de allí en adelante empezaron a suceder una serie de hechos que hoy se ven clarísimos. El magistrado atendió extrañado la llamada, sin saber lo que venía cocinándose.

En efecto, un buen día apareció en la “Casa de Nari” —sin que se enteraran los muchísimos soldados, policías y escoltas que la custodian—, una carta enviada desde una cárcel en Antioquia por un delincuente apodado alias Tasmania, en la que se informaba al presidente que los coordinadores de las investigaciones por la parapolítica le estaban montando un complot para involucrarlo en un supuesto atentado contra un paramilitar entonces detenido en la misma prisión. Acusación tan grave ponía en entredicho no sólo las investigaciones por parapolítica, sino sobre todo la transparencia y autonomía de la propia Corte Suprema de Justicia.

Pero el destino tenía señalado otro rumbo a la infamia de pretender comprometer a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en un supuesto montaje judicial contra el presidente. En efecto, voluntariamente el delincuente Tasmania se arrepintió y decidió contar la verdad de lo que había pasado. Y lo que sucedió fue al revés. El abogado Sergio González, hoy condenado por calumniador, fue quien preparó la carta incriminatoria contra los magistrados auxiliares de la Corte, y él conjuntamente con Mario y Santiago Uribe hicieron llegar la misiva al presidente, por lo que difícilmente podrá decir que nunca fue enterado de la maniobra delictuosa. El libreto les funcionó, pero el crimen no fue perfecto.

Le queda bastante arriesgado a Uribe Vélez decir que todo fue a sus espaldas, cuando se ha sabido que la tal carta de alias Tasmania fue entregada en el aeropuerto de Rionegro por Sergio González a una funcionaria del DAS, expresamente enviada por la hoy fugitiva exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, quien la hizo llegar a su destinatario siguiendo instrucciones de Bernardo Moreno, quien difícilmente podrá afirmar que lo que hizo no lo supo su patrón. Y todo esto realizado con recursos públicos.

Que el abogado Sergio González dijo mentiras acerca de la supuesta participación de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en una conjura contra el presidente, eso no está en duda; empero, que lo que hizo sea apenas una calumnia y que él sea el único responsable, es una trampa. Aunque es posible que por lo pronto la justicia crea que semejante afrenta es apenas un delito contra el honor, otra cosa registrará la historia. No es posible que algo tan delicado termine reducido a esta condena liviana, cuando lo que hubo detrás de todo fue una empresa criminal para aniquilar a funcionarios probos como Velásquez y Camargo, y a una Corte que entonces no pudieron arrodillar.

Adenda. Carlos Caicedo y Marcelo Torres, alcaldes de Santa Marta y Magangué, merecen y necesitan el respaldo nacional, ante la brutal y criminal emboscada de los ‘Los Urabeños’, esos bandidos que no se resignan a perder el poder que usufructuaron a sangre y fuego durante el régimen de la seguridad democrática.

[email protected].

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