Comunidad de Bojayá le da el último adiós a las víctimas de la masacre de 2002

hace 2 horas
Por: Pascual Gaviria

Combos pasajeros

En los últimos dos años han sido asesinados 14 buseros en Medellín.

Esas muertes que caen al azar hacen parte de una advertencia, un escarmiento por desobedecer el “peaje” que se convirtió en regla. Al inicio del año algunas voces se quejaron del reajuste de 10 o 20 mil pesos en los “aportes” semanales que cobran los “muchachos” desde la escala o en los parqueaderos. Fue más un reclamo resignado por el alza excesiva que una denuncia por extorsión. Esa palabreja no existe en las planillas del transporte en la ciudad. Es mejor usar cuota. Y se expone menos.

El nuevo secretario de Gobierno de Medellín ha hablado de infiltrar policías en los buses, instalar cámaras, institucionalizar el pago con tarjetas y tiquetes para que los choferes no manejen efectivo. Y cada tanto los comandantes de Policía le piden al gremio y a los ciudadanos denunciar a los combos que hacen el cobro. Esas ideas y peticiones nos hacen imaginar que la trama de extorsión que deja muertos y buses quemados cada mes es sencilla: un grupo de pillos se paran en las rutas y en las zonas de despacho para desangrar a los transportadores. Cuando no se paga lo debido, desangran a los buseros. Tenemos entonces las víctimas en el sector transporte y los victimarios en las curvas, las oficinas y las terrazas. Y un Estado incapaz de proteger a los propietarios.

Pero desde hace unos meses el asunto ha comenzado a complicarse. La trama se enreda y por momentos dueños y victimarios se confunden. Hace poco algunos conductores hicieron un paro por los cobros excesivos, una especie de multas, que se imponían desde las empresas por retrasos y otras faltas. Lo que en la jerga de buseros se llama “caídas”. En algunos casos los mismos pillos que cobran las extorsiones se encargaban de hacer efectivas las multas y de apretar las clavijas de los conductores. Empresas como Transportes Medellín tienen, según algunos accionistas minoritarios, una combinación de todas las formas de lucha con un departamento de seguridad legal y una banda que sirve para hacer vueltas de la mano de fierro de los combos.

En las elecciones pasadas el alcalde mencionó al señor Gabriel Posada, uno de los accionistas mayoritarios de Transportes Medellín y Castilla, como un hombre que ha consolidado su poder en el sector de la mano de las bandas de las comunas 5 y 6. Algunos socios minoritarios apoyaron esa versión e incluso se insinuó un paro de transporte que respaldaba los cuestionamientos a Posada. Al final todo se silenció por obra de Ferney, uno de los fuertes en la extorsión en el centro de la ciudad.

El problema de la extorsión al transporte en Medellín tiene que ver con el poder de una mafia. Las vacunas han servido para quebrar pequeños propietarios e imponerles la venta de sus cupos. El tránsito ha sido inmanejable a pesar de la voluntad del alcalde. Algo se avanzó desde que Jorge Enrique Vélez viajaba con Gabriel Posada a Brasil siendo secretario de Tránsito, pero todavía es imposible tomar decisiones sin que los dueños del negocio tranquen los propósitos oficiales. Las cifras respaldan el poder de quienes se confunden entre víctimas y victimarios. Transportes Medellín tiene cerca de 520 buses que pagan cada semana $148.000. La multiplicación llega a los $76’000.000. Una registradora que entrega el poder para adueñarse de las registradoras legales y los encargados de vigilarlas.

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