Por: Andreas Forer

Mampuján: en peligro que no se cumpla a las víctimas

Recordemos. El 10 de marzo del año 2000, un grupo de aproximadamente 150 hombres pertenecientes al bloque Montes de María, de las AUC, ingresaron de manera violenta a la población de Mampuján, zona de Maríalabaja (en el departamento de Bolívar), anunciando a sus habitantes que debían salir de allí antes de la madrugada del día siguiente… Al final, entre otros crímenes, se cometió el asesinato de 11 pobladores.

Por esos hechos, sumados a los delitos cometidos en Isla Múcura y San Cayetano, fueron condenados en junio de 2010, alias “Juancho Dique” y alias “Diego Vecino” a ocho años de prisión como pena alternativa concedida en el proceso de Justicia y Paz.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal de Bogotá impone una serie de obligaciones –a título de reparación colectiva–, a instituciones del Estado y entes municipales y departamentales, como por ejemplo, la construcción y dotación de un centro educativo con bachillerato completo, la construcción y dotación de un puesto de Salud, la instalación de alumbrado público en el municipio, la terminación del acueducto y recuperación de las acometidas domiciliarias, entre otras.

Éstas medidas, fueron modificadas por la Corte Suprema de Justicia en segunda Instancia, aclarando que no constituían órdenes sino exhortaciones dirigidas a las autoridades, para su cumplimiento, de manera que si bien, varió la fuerza vinculante que el Tribunal les atribuyó, no perdieron su importancia dado el compromiso que tiene el Estado, con las víctimas del conflicto armado.

La semana pasada, se llevó a cabo la segunda Audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia proferida en el caso Mampuján (aunque fue la primera llevada a cabo en el municipio afectado y no desde Bogotá), figura poco usual en el ámbito judicial, pero, bastante afortunada para casos complejos como ya lo ha demostrado la Corte Constitucional, en temas como el desplazamiento forzado.

En la Audiencia se dieron cita más de 600 personas, en su mayoría víctimas, funcionarios de las entidades gubernamentales, representantes de la ONG, la cooperación internacional, y por supuesto, los condenados, entre otros, quienes, según su relación con la sentencia, presentaron sus informes, explicaciones, planes y, no faltaron los discursos.

En síntesis, debe celebrarse el compromiso de instituciones como la Fiscalía y la Fuerza Pública que cumplieron las exhortaciones de la sentencia: la constitución de una Sub Unidad especializada en la persecución de bienes, y el mejoramiento de la seguridad en la zona, respectivamente.

Sin embargo, se deplora la displicencia y negligencia de otras instituciones que, con un alto nivel de responsabilidad en el resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas, no han movido un dedo en su favor.

A pesar de la seriedad de los magistrados del Tribunal, quienes hicieron exigieron a las instituciones resultados concretos y palpables, y no permitieron intervenciones evasivas o difusas, la respuesta no fue la más satisfactoria. Por ejemplo, la Gobernación de Bolívar, y la Alcaldía de Maríalabaja, comprometidas en la construcción del centro educativo, apenas se encuentran haciendo los diseños, y gestionando la construcción de un lote. Con ese panorama ¿habrá esperanza de tener una obra terminada?

No es necesario aludir al Centro de salud, las obras de alcantarillado, electricidad y el monumento (ese sí ordenado expresamente) a los postulados, pues todo está, aparentemente, en fase de preparación, planeación, coordinación y todos los demás adjetivos que implican no ejecución y por tanto, nueva deuda con las víctimas…

Ahora, el reto de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales está en mantener la buena iniciativa de adelantar Audiencias de Seguimiento de sus fallos, pues si bien, es un acto de responsabilidad y una garantía para el cumplimiento de sus decisiones, es bastante difícil esperar que los cientos de sentencias que se esperan en el proceso de Justicia y Paz corran la misma suerte.

En Twitter: @andreasforer

 

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