Por: Cecilia Orozco Tascón

Ras con ras con Uribe

No del anterior pero sí del actual presidente, se suponía que como jefe supremo de las Fuerzas Militares les daría a éstas ejemplo de respeto por la vida y enviaría señales de repudio de la barbarie.

Sucedió lo contrario con ocasión de la sentencia de condena, en segunda instancia, del coronel Alfonso Plazas Vega por lo que ocurrió durante la operación de retoma del Palacio de Justicia en 1985, en la que él participó y en medio de la cual salieron vivas personas de la edificación y después de ser trasladadas a instalaciones castrenses, desaparecieron. Santos, secundado por la ultraderecha que cada vez lo cerca más, desafió el fallo sin haber siquiera hojeado sus más de 900 páginas. El tenebroso mensaje recibido por las tropas de su líder fue el de “no importa lo que ustedes hagan, siempre las respaldaremos”. Tanto más grave por cuanto en esta materia, Colombia no ha recorrido un milímetro a pesar de que han transcurrido 26 años de unos hechos cuyo examen judicial ya debería haber concluido para bien del país, de las víctimas del M-19, de las de la retoma militar e incluso, de los victimarios de ambos lados que, cumplidas sus penas, habrían merecido ahí sí el perdón.

Las manifestaciones de rechazo a los jueces del Tribunal Superior son idénticas a las que se produjeron hace 21 años cuando la Procuraduría, dirigida por Alfonso Gómez Méndez, sancionó con destitución al general Jesús Armando Arias Cabrales —superior de Plazas Vega— “por no haber tomado medidas (para) proteger la vida de los rehenes (y por haber) supeditado su seguridad física (a) la del sometimiento del grupo guerrillero”. De inmediato el Senado le organizó un debate en que lo tacharon de “enemigo de las Fuerzas Armadas”. El oscuro congresista de la época Pablo Victoria, íntimo amigo del reeleccionista procurador Ordóñez y cuya esposa trabaja con éste, propuso condecorar al general “ofendido”. Otros senadores, entre ellos Enrique Gómez y Álvaro Uribe, solicitaron “restituirle (a Arias) el honor militar”. El presidente César Gaviria y su ministro de Defensa cumplieron la orden de destitución, pero advirtieron la “inconformidad y desconcierto del Ejecutivo ante esa decisión”. Altos oficiales en retiro calificaron la medida como “política”. El Tiempo editorializó asegurando que Gómez Méndez “no estuvo bien” porque se había “parcializado”.

Entonces como hoy, nadie se tomó el trabajo de revisar los documentos judiciales para conocer las pruebas que soportan los fallos. Se generan respaldos incondicionales tanto para los militares rectos —que se los merecen— como para los que cometen crímenes. El general Arias Cabrales fue condenado por el delito de desaparición forzada de personas por un juez distinto al de Plazas, en abril de 2011. Tardío reconocimiento a la actuación jurídica de Gómez Méndez, en la que nadie reparó. Por lo menos en materia de aplicación del Derecho Humanitario, el ascenso de Juan Manuel Santos a la Presidencia no ha significado ningún avance. Continuamos estacionados en la defensa de las peores prácticas oficiales del siglo pasado. La retoma del Palacio de Justicia no es un orgullo para el Ejército de Colombia. No continuemos con esa mentira. Según las crónicas de los 90, ese operativo fue tomado por la escuela militar de Londres como ejemplo de lo que NO se debe hacer, por sus desastrosos resultados en pérdida de vidas y bienes físicos; y porque empleó a 2.600 hombres para someter a 36. Se entiende que el presidente se sienta débil ante sus Fuerzas Armadas por el terror informático que el uribismo le está generando. Pero más le habría convenido callarse. En los escenarios de Derecho Internacional Humanitario, Santos perdió lo que había ganado frente a Álvaro Uribe. Ras con ras, quedó igual a él.

 

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2012-02-07T23:00:00-05:00

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Ras con ras con Uribe

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