Por: Eduardo Sarmiento

Teoría y política de drogas

En los últimos meses, el presidente Santos ha reiterado la propuesta de despenalizar el narcotráfico.

Al igual que en la recomendación de los expresidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, la argumentación no va mas allá de señalar que la política actual no ha logrado los propósitos de reducir el consumo, pero no se ha avanzado en una teoría sobre los efectos del narcotráfico y las políticas para enfrentarlo.

El error conceptual estuvo en suponer que una política de limitación de la oferta eliminaría el consumo de un producto con demanda inelástica y oferta elástica. Es precisamente lo que se observa en la experiencia de los últimos 25 años. En general, los resultados son inconclusos; unas cifras muestran que el consumo mundial de drogas disminuyó y otras que no varió significativamente. Así, en el caso de la cocaína es claro que el consumo se redujo, pero no se puede asegurar que no se haya compensado con otras sustancias alucinógenas. Por el lado de la oferta, es cierto que la represión redujo la producción en el país a cambio de trasladarla a otros lugares. Así las cosas, la evidencia empírica no dice mucho más que el análisis teórico que realizamos hace 25 años en el libro El narcotráfico en Colombia: la represión de la oferta reduce marginalmente el consumo de drogas, pero no lo hace de forma masiva y de ninguna manera lo extingue.

Lo grave es que frente a este diagnóstico no se ha encontrado otra política que logre mejor el objetivo. No hay un estudio en el cual se muestre que la despenalización o la reorientación de los recursos actuales de la erradicación a la prevención reduciría en una magnitud igual o mayor el consumo.

La principal falla de la represión de la droga está en que genera un monumental excedente que se destina a destruir las instituciones que sustentan la prohibición. Se genera un estímulo al crimen, la violencia y el soborno que lesionan a toda la sociedad. No es difícil imaginar que los costos sociales superan los beneficios. Si ellos se presentaron en el mismo país, de seguro se presentarían fuertes presiones para modificar la política. No ocurre así porque las ganancias de los países consumidores pesan en el debate mundial más que las pérdidas de los productores.

El error estuvo más en la teoría que en la política. Si se cambia la política y se mantiene la teoría, lo más probable es que se repitan los desaciertos. Así, las propuestas de despenalización y reorientación de los recursos de los expresidentes no son viables porque están montadas sobre la misma teoría. Su aplicación está condicionada a la aceptación de los países consumidores y, como se ha visto, ello no va a suceder. En las encuestas de opinión adelantadas en Estados Unidos se encuentra que ocho de cada diez entrevistados están en favor de la prohibición.

Ante todo habría que identificar deficiencias de la teoría y avanzar en una visión más realista. Es indispensable entender que la represión de la oferta no logra efectos masivos sobre el consumo y constituye un estímulo a la violencia, el crimen y el soborno en los países productores. En este contexto, se plantea la necesidad de una política que, en primer lugar, elimine los estímulos perversos sobre los países productores y, en segundo lugar, no agrave el consumo para que sea aceptable en los países consumidores.

La tarea se puede realizar dentro de un marco institucional similar al que existió en el pasado con el convenio internacional del café. Los países productores adquirirían el producto a un precio acordado por conducto del Gobierno y lo entregarían a los consumidores para que lo distribuyan en los hospitales con criterios médicos o en los lugares autorizados. El tráfico de droga y su efecto corruptor se anularían por extinción de materia y el Estado pasaría de represor a regulador.

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