Por: María Elvira Samper

Burlar las leyes sin violarlas

Colombia tiene una de las constituciones más largas del mundo (380 artículos) y leyes para dar y convidar.

De ahí el apelativo de “país de leyes”, aunque el término “leguleyo” parecería más ajustado a la realidad. Porque abundan las leyes, pero no la legalidad; porque impera la cultura del avivato, de “hecha la ley, hecha la trampa”; porque hacen carrera los habilidosos, los expertos en hacerle fintas a la ley. Bien dice García Márquez que “somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo” (Al filo de la oportunidad, 1995).

Ejemplo irrefutable, el Consejo Superior de la Judicatura, nido de leguleyos, donde sólo unos pocos se salvan. Por varias y legítimas razones, los gobiernos de Pastrana, Uribe y ahora el de Santos han querido sacarlo del menú judicial: por ineficiente, porque no ha mejorado la gestión de la rama y se ha quedado corto en las sanciones a jueces y abogados, por politizado...

En 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, señaló a la Sala Disciplinaria como “un organismo terriblemente descompuesto donde se están tomando decisiones cuestionables”. Hacía referencia a que a punta de fallos de tutela, algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas vinculados a la parapolítica. El tiempo le dio la razón.

Ahora, con la apertura de juicios fiscales a 21 magistrados y exmagistrados de ese tribunal, la Contraloría confirma las denuncias que El Espectador y Semana hicieron en 2010 sobre el carrusel de las pensiones: en dos años y medio, varios magistrados —abusando de su posición privilegiada y usando en forma perversa una vieja norma—, habían beneficiado con “palomitas” en cargos de magistrados auxiliares a 70 personas de su rosca para que pudieran jubilarse con pensiones millonarias.

El caso ilustra el imperio de la leguleyada, de la interpretación amañada de las normas con criterio político o de amiguismo —no en función del mejor servicio—, y constituye el más abominable y aberrante porque involucra a quienes supuestamente deberían ser ejemplo de equidad y ética. Indigna que en un país donde jubilarse es un viacrucis (más difícil que en 78 países, según estudio de la OIT); donde sólo el 22% de los mayores de 60 años tiene pensión y el 85% de los cerca de 850.000 jubilados del Seguro Social recibe, en promedio, entre dos y cuatro salarios mínimos al mes, mientras 2.600 personas reciben más de 17 millones (congresistas y exmagistrados entre ellas), los encargados de investigar y sancionar a abogados y jueces por malas prácticas acudan a leguleyadas para privilegiar a unos pocos. En la Francia de Robespierre les habría costado la cabeza.

La pregunta es si en las designaciones sólo mediaron criterios políticos y de amiguismo o también sobornos, porque ese tipo de comentarios circula en los corrillos judiciales y el ministro del Interior, Germán Vargas, lo reconoce y considera que ameritaría ser investigado. El problema es que si no hay denuncia formal, la Comisión de Acusaciones, juez natural de los magistrados, no lo hará de oficio. Por lo pronto, sólo queda la esperanza de que la Contraloría logre castigarles el bolsillo a quienes quisieron pasarse de vivos.

Velas blancas, muchas velas blancas para la valiente contralora Sandra Morelli, decidida a defender los recursos públicos y a meter en cintura a quienes entran a saco en las arcas del Estado. Y más velas blancas para que el Gobierno insista en su posición original de eliminar por completo el CSJ, y logre convencer al Congreso, donde tiene las mayorías, para que así como suprimió la Sala Administrativa en la legislatura pasada, haga lo propio con la Disciplinaria en la que se avecina.

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2012-02-12T01:00:00-05:00

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2013-11-04T10:11:43-05:00

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Burlar las leyes sin violarlas

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