Por: Ramiro Bejarano Guzmán

¿Quién la quiere tumbar?

No albergo duda alguna de que a la cabeza de los interesados en tumbar a la fiscal Viviane Morales, está Álvaro Uribe Vélez, así no tenga razones justificadas para liderar tan visceral campaña, por lo demás indigna en quien fue jefe de Estado.

Las decisiones judiciales que le incomodan al exmandatario —las de ahora y las del futuro— en cualquier caso las habría tenido que adoptar la Fiscalía cualquiera fuese su titular, ante la avalancha de evidencias que comprometen a varios de sus cercanos y aliados.

Como la represalia del uribismo es de tinte político, me resisto a creer que el Consejo de Estado pueda acoger la aventurada demanda que pretende invalidar la elección de la fiscal. No sólo desde el punto de vista jurídico, sino también político, las consecuencias de aniquilar la fiscal serían tan infundadas como nefastas.

Los uribistas que están a la expectativa de que ruede la cabeza de la fiscal, han dejado deslizar en los medios las supuestas ilegalidades de su nombramiento, como lo hizo un editorial sectario de El Colombiano, invocando argumentos francamente livianos.

En primer término, le enrostran al presidente Santos el haber cambiado la terna sin que hubiese mediado renuncia de quienes estaban postulados, para sustituirla por los tres abogados finalmente candidatizados, entre los cuales estaba Viviane Morales. Tal postura está pegada con babas. No faltaba más que el presidente de la República no pudiera ejercer libremente la facultad constitucional de integrar o desbaratar la terna, según las necesidades o su propio parecer, y que para modificarla estuviese atado a que renunciaran los aspirantes.

La facultad presidencial de designar una terna es tan amplia, que inclusive la ejerce el mandatario sin el concurso ni la firma de ninguno de sus ministros. Así como se incluye en esa terna un nombre, del mismo modo se puede retirar, porque el aspirante es apenas eso, un candidato, no alguien que ejerza funciones públicas, porque éstas sólo se adquieren cuando alguien es nombrado, no mientras aspira al cargo. No faltaba más que un aspirante al cargo de fiscal consiguiese arrodillar el Estado de derecho, para ponerlo al servicio de sus aspiraciones personales.

El otro pilar de la acusación contra el nombramiento de la fiscal, consiste en que la Corte Suprema de Justicia no reformó legalmente su propio reglamento, el cual preveía que el nombramiento de fiscal debía ser aprobado por 16 votos, porque terminó nombrándola con los mismos 14 votos que antes había obtenido otro candidato que sin embargo no fue escogido. Aunque bastaría decir que este argumento no puede prosperar porque la demanda no controvirtió el cambio del reglamento de la Corte, sino solamente el nombramiento de la fiscal, hay más razones para sepultar las pretensiones políticas de provocar un terremoto en la Fiscalía y el país.

Lo que ocurrió cuando la Corte cambió la terna para Fiscal ante la imposibilidad de que alguno de los tres candidatos obtuviese 16 votos, fue un acto de sensatez y responsabilidad. En efecto, si de los 23 magistrados de la Corte no hubo 16 que se pusieran de acuerdo en un nombre, muchos menos iban a lograrlo cuando la Corporación quedó reducida a 18 miembros, bien porque habían renunciado unos o porque otros estaban de viaje. De haberse mantenido la regla de que se requerían 16 votos para nombrar a Morales, habría sido necesaria la casi unanimidad de los que por azar quedaron integrando la Corporación. Es decir, un imposible.

Lo que el país no habría entendido jamás, es que después de que la Corte tardó un año sin poder elegir fiscal de las ternas que propuso Uribe, siguiera dándole más vueltas al asunto con el trío que conformó Santos. Ello habría sido lo más parecido a un prevaricato. Menos entendería que hoy la Fiscalía quedara acéfala por cuenta de una demanda facturada con partitura politizada.

Adenda. La fórmula para multiplicar la corrupción, es reelegir alcaldes y gobernadores.

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2012-02-26T01:00:00-05:00

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