Por: Felipe Zuleta Lleras

¿Por encima de la ley?

Una de las características fundamentales del Estado de derecho es el de la igualdad de todos frente a la ley, que a su vez nos impone obligaciones y nos otorga derechos.

Para garantizar los unos y los otros es que el Estado instituye a sus autoridades. Éstas se organizan en tres ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Jurisdiccional. Todas tienen unos controles extraordinarios, ejercidos por la Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Absoluciones. Es decir, no puede haber ningún ciudadano por encima de la ley.

Últimamente hemos visto casos que de alguna manera pretenden justificar varias decisiones personales en razón de sus creencias políticas, oficio, raza o género para insinuar que podrían estar allende la ley.

El más relevante es el del excomisionado doctor Luis Carlos Restrepo, quien, invocando persecución política, se fugó para no responder ante sus jueces naturales. Preguntaba con razón Patricia Lara: ¿Con qué seguridad jurídica se van a someter a la justicia los guerrilleros o los paramilitares, si el otrora encargado de disuadirlos para que lo hicieran sale huyendo esgrimiendo falta de garantías?

Si bien los funcionarios no tienen ni más ni menos obligaciones que los demás, lo cierto es que deben dar el ejemplo. Mucho más si se excedieron en el ejercicio de su cargo violando el principio según el cual los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza. Por eso resulta una locura que quienes en el pasado estaban encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes sean ahora los que llaman a fracturar la legalidad.

Otro caso que me llamó la atención es el de mi amiga María Isabel Rueda, quien envió una carta a la fiscal general preguntándole si en virtud de sus opiniones sería perseguida por la Fiscalía, porque ella había hecho unas denuncias. A la postre se vino a saber que la citaban por un caso relacionado con el almirante Arango Bacci, como consecuencia de una columna que de manera valerosa ella había escrito. Los periodistas tampoco podemos estar por encima de la ley, pues debemos responder y acudir, como cualquier otro de nuestros conciudadanos, a los llamados de la justicia, como bien lo dijera la periodista. El episodio nos debe servir de lección a los colegas.

Y traigo a cuento otro caso del pasado viernes, que se relaciona con la excelente exalcaldesa de Chapinero Blanca Durán, a quien la Procuraduría investiga por un concepto que dio en el controvertido caso del muchacho Colmenares. Ella como yo pertenecemos a la comunidad LGTBI, y eso no nos pone por encima de los demás ciudadanos. Lo digo porque algunos miembros de la comunidad sostienen que a ella la está persiguiendo el procurador Ordóñez. ¿Acaso sus preferencias sexuales le dan patente de corzo? Pues no, porque claramente ella está respondiendo como exfuncionaria y no como lesbiana. ¡Y así debe ser!

¡Con todo, el debate resulta interesante y sano!

Twitter @fzuletalleras

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2012-02-26T01:00:00-05:00

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